LAS BATALLAS DE ESPAÑA EN EUROPA
La semana pasada la Comisión Europea presentó su propuesta de Marco Financiero Plurianual (MFP) para los años 2028 a 2034. Los gobiernos nacionales de los Estados miembros ya han empezado a posicionarse sobre lo que será el gran debate europeo para los próximos dos años, marcando las prioridades de la Unión Europea para los siguientes siete ejercicios.
En el pasado, España ha logrado grandes éxitos en esas negociaciones, tanto por parte de gobiernos socialistas (Felipe González fue el inspirador de la política de cohesión) como populares (los avances en la integración de las políticas de Justicia e Interior, que tantos frutos han dado en la lucha contra el terrorismo, se deben al impulso de José María Aznar).
En ambos momentos históricos y trascendentales para nuestro futuro, resultó fundamental el apoyo que mostró Alemania. Sin embargo, hoy, entre los dos gobiernos hay discrepancias sobre aspectos esenciales de la propuesta, tales como el tamaño del presupuesto o la inversión en Seguridad y Defensa.
En términos generales, la Comisión Europea propone mantener el esfuerzo financiero de los Estados miembros para la financiación de las políticas comunes, es decir, 1,26% de la Renta Nacional Bruta, de lo que hay que deducir el repago de los fondos de recuperación de la pandemia, Next Generation.
Resulta excesivo para los contribuyentes netos, encabezados por Alemania, al coincidir con la necesidad de reducir las deudas nacionales, mientras que España, en una batalla que parece perdida, lo considera poco ambicioso. No ha de olvidarse que las aportaciones nacionales constituyen el grueso de los ingresos de la UE, ya que los recursos propios, incluidos los que se proponen añadir, apenas cubren la deuda generada por el fondo de recuperación.
Pero además, cuando se aborda el reparto de los fondos, al proponer la Comisión quintuplicar el gasto en Seguridad y Defensa, se produce inevitablemente una reducción en las partidas dedicadas a la agricultura y a la política de cohesión. También aquí, las posiciones de España y Alemania difieren radicalmente, como se puso en evidencia en la reciente cumbre de la Alianza Atlántica que tuvo lugar en Países Bajos.
De hecho, en la distribución por países de los “paquetes nacionales” (la mecánica de reparto de fondos propuesta ahora supone centralizar las entregas en las capitales, y condicionarlas al cumplimiento de unos hitos de reforma pactados de antemano), ya se aprecia una reducción de aproximadamente un quinto de las aportaciones que recibiría España para su agricultura y el apoyo a sus regiones menos desarrolladas. Ese deterioro en nuestros ingresos se agrava por la supresión de los fondos NEXTGEN, de los que España, con Italia, ha sido el gran beneficiado.
La Comisión Europea propone además una gran inversión en investigación y desarrollo tecnológico, que algunos han considerado como la “cohesión de los ricos”, ya que las grandes compañías deben ser las principales receptoras, lo que avalaría la creación de importantes grupos empresariales nacionales, con capacidad económica, tecnológica e industrial para participar, y competir, en ese terreno.
Ante este panorama, el gobierno tiene que definir perfectamente sus prioridades, las batallas que va a plantear, ya que siendo la propuesta desfavorable para nuestros intereses, el punto de partida respecto a las alianzas posibles no es muy prometedor, y la falta de acuerdos de Estado entre los dos grandes partidos, tampoco ayuda.
A nuestro juicio, no parece ajustarse a nuestros intereses como país el plantearnos como una de esas batallas tratar de imponer a nuestros socios la ampliación de las lenguas oficiales de la Unión Europea, también en este caso, teniendo en contra a Alemania.
