MADRID, 7 (EUROPA PRESS)
De esta forma, el magistrado Leopoldo Puente ha accedido a la petición de medidas cautelares realizada por la Fiscalía Anticorrupción para los dos, a la que se han adherido las acusaciones populares.
Se trata de las mismas medidas cautelares que impuso el viernes pasado a otro empresario investigado en el TS por esta presunta trama, José Ruz, vinculado a la constructora LIC. En cambio, para los hermanos Antonio y Daniel Fernández Menéndez, de OPR, solo acordó comparecencias periódicas.
En lo relativo a Alonso, el instructor cuestiona las explicaciones que ha dado este lunes sobre dos aspectos clave: el contrato privado de compraventa por el que Cerdán compró en 2016 el 45% de Servinabar, empresa que según la Guardia Civil consiguió más de 75 millones de obra pública del Gobierno navarro; y una donación de 4.500 euros de esta misma empresa a Fiadelso, fundación vinculada al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos.
Sobre dicho documento, Alonso le ha restado validez ofreciendo una versión similar a la de Cerdán. Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, el empresario ha apuntado que ese contrato fue una suerte de borrador que se elaboró en 2015, cuando Cerdán se planteó dejar la política por los malos resultados cosechados por el PSOE en Navarra. Ambos elaboraron el documento pero no se llegó a formalizar, ha sostenido.
Alonso ha declarado que, cuando Cerdán descartó dejar la política, rompió su copia pero que él guardó la suya como hace con otros documentos de más de 20 años de antigüedad.
EL DOCUMENTO DE SU "BUEN AMIGO" CERDÁN
El instructor, sin embargo, no se explica "fácilmente el motivo por el cual Alonso, buen amigo de Santos según se proclama, conservaba el documento privado, tantos años después, en su propio domicilio".
El magistrado tampoco se explica que, "muy posteriormente a la fecha en que se firmó el contrato, ya en el mes de julio del año 2018, interviniera Cerdán en una donación efectuada por Servinabar, por importe de 4.500 euros, precisamente a una fundación, Fiadelso, estrechamente vinculada a otro de los investigados en este procedimiento, José Luis Ábalos, y a su familia".
"Donación en la que habría intervenido activamente Cerdán, y que, por el contexto de los mensajes a los que se refiere y describe el informe policial, aunque el aquí investigado lo niega, podría haber tenido un carácter repetido o periódico", afirma Puente en la resolución.
En su declaración de este lunes, según las fuentes consultadas, Alonso habría reconocido que Servinabar realizó una donación a Fiadelso, apuntado que se realizó por motivos fiscales, para desgravar, como otras donaciones que ha mencionado a equipos de fútbol y rugby y a Save The Children.
Todo ello, según el juez, "determina la existencia de indicios bastantes para poder considerar que Alonso podría haberse beneficiado, a cambio de un precio, en colaboración, al menos, con los investigados Cerdán, García y Ábalos, de la adjudicación de obras en beneficio de los intereses que promovía".
"Hechos que, siempre con el carácter provisional que resultan propios del momento procesal en el que nos encontramos, pudieran considerarse como constitutivos de sendos delitos de integración en organización criminal y de cohecho activo", apostilla.
INSISTE EN QUE MERINO MEDIÓ PARA ACCIONA Y OPR
Sobre Merino, el magistrado razona que le impone las mismas cautelares porque "persisten los indicios de criminalidad" que condujeron a su imputación, aclarando que tampoco han quedado "desvirtuados como resultado de la declaración prestada" este lunes.
Así, Puente recuerda que, conforme al informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que destapó la presunta trama de obras, Merino mantenía "una antigua relación" con Koldo García, ex asesor de Ábalos en el Ministerio de Transportes (MITMA), "habiendo resultado adjudicatario, a través de la empresa que territorialmente dirigía (Acciona) y en UTE con otra vinculada al referido investigado (Servinabar) de sendas obras públicas".
De la misma forma, ve "indicios bastantes de que, con posterioridad a la llegada al MITMA de Koldo", éste "podría haber enviado" a Merino "cierta información referida a la autorización para licitar unas determinadas obras (concretamente, de la Ronda Sur de Logroño en el tramo Arrúbal-Navarrete), que, finalmente, habrían resultado adjudicadas" a Acciona, "indiciariamente, a cambio del pago de un precio"; "además de otras obras distintas" también a cambio de "comisiones".
El instructor también cree "indiciariamente justificado" que Merino también habría intentado favorecer a través de Koldo a OPR, empresa constructora de sus cuñados, Antonio y Daniel Fernández Menéndez, que a cambio de las presuntas adjudicaciones ilegales también "habría satisfecho ciertos premios económicos" al entonces asesor ministerial.
De todo ello, Puente concluye ratificando que Merino "podría haberse beneficiado, a cambio de un precio, en colaboración, al menos, con Koldo García y José Luis Ábalos, de la adjudicación de obras en beneficio de los intereses que promovía, hechos que (...) pudieran considerarse como constitutivos de sendos delitos de integración en organización criminal y de cohecho activo", por los que le imputó.
No obstante, tras el registro efectuado en la casa de Merino y la información requerida a Acciona, así como a distintos bancos, el instructor cree que no hay "un riesgo cierto y nítido de que el investigado, con arraigo bastante en España, pudiera sustraerse a la acción de la justicia", si bien como asume que "nunca" es "del todo descartable", acuerda dichas cautelares.
