POR LA RECUPERACIÓN DE LA NORMALIDAD DEMOCRÁTICA
España lleva demasiado tiempo instalada en modo “excepcional” y, como todo lo que se repite, la excepción amenaza con convertirse en costumbre. La excepcionalidad institucional en todos los ámbitos -del político y jurídico al judicial y económico- pone en riesgo la normalidad democrática y constitucional. La mejor vacuna contra el populismo, la polarización y la partitocracia es recordar que, sin instituciones sanas, la democracia es mero decorado, pura simulación. Hoy nuestras instituciones muestran signos inequívocos de fatiga.
En momentos de crisis ha sido tradición dirigir manifiestos a la ciudadanía que, en forma de memorial, expongan con claridad las urgencias del presente y las soluciones del futuro. Nuestro Memorial, que hoy presentamos en la Fundación Rafael del Pino, no es arqueología jurídica ni lamento nostálgico. Es el recordatorio de todo aquello que, por su esencialidad, no podemos perder. Un recordatorio imprescindible en momentos de zozobra. Cuando vemos anegarse nuestra institucionalidad de deslealtad, mala fe, ilegalidad y, en definitiva, corrupción, recordar los pilares que la sostienen es imprescindible. Nos ofrecen la seguridad de qué es lo que somos y de lo que no podemos ni queremos dejar de ser.
DERIVA INSTITUCIONAL, CUATRO SÍNTOMAS. En primer lugar, democracia colonizada. La partitocracia ha ocupado el espacio que debería corresponder a la deliberación plural. Los partidos, convertidos en maquinarias clientelares, han colonizado organismos e instituciones. El populismo, a su vez, explota la frustración ciudadana con un discurso emocional que trivializa la complejidad y desplaza la legalidad por la inmediatez, el Derecho por la desnuda decisión política. El resultado es una crisis de representación: el Parlamento ya no canaliza con solvencia la voluntad popular y el nuevo demos -hiperconectado y, sin embargo, más aislado- se desliga de las instituciones.
En segundo lugar, erosión de la ley. El Ejecutivo legisla por decreto-ley con frecuencia desmedida, y el Parlamento tramita normas en lecturas únicas mediante un procedimiento exprés. Proliferan las leyes de telediario y los cajones de sastre normativos. La calidad técnica se resiente, la seguridad jurídica se evapora y el Tribunal Constitucional llega tarde y mal. El exceso regulatorio multiplica la litigiosidad y alimenta la desconfianza.
En tercer lugar, Justicia presionada. Las interferencias partidistas en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el sistema de nombramiento de magistrados del Tribunal Constitucional y la creciente pretensión de los poderes políticos por polarizar los órganos judiciales proyectan una imagen incompatible con el respeto a la independencia de los jueces y la confianza pública en la Justicia. La vinculación del fiscal general del Estado con el Gobierno ha derivado en una completa deslegitimación del cargo, empañado seriamente por prácticas clientelares y falta de objetividad.
Y, en cuarto lugar, propiedad y empresa bajo tutela. La función social de la propiedad y la libre empresa se interpretan de forma expansiva hasta vaciar su contenido esencial. El intervencionismo creciente, la politización de los organismos de control y la inseguridad jurídica disuaden la inversión y socavan la competitividad afectando negativamente al bienestar de los ciudadanos. El Estado actúa simultáneamente como árbitro y jugador, distorsionando el papel esencial que debe desempeñar el mercado.
RECUPERAR LA NORMALIDAD DEMOCRÁTICA. La recuperación de la normalidad democrática pasa por recuperar lo que la lógica más básica nos dice qué es el Estado democrático de derecho. Para ello se requiere:
En primer lugar, recobrar los fundamentos del constitucionalismo democrático, vivificar las instituciones, fortalecer la educación cívica, asegurar la transparencia en la información, reformar el sistema de partidos y garantizar una mayor conexión entre representantes y representados. La ciudadanía debe volver a ser sujeto activo del poder, no cliente pasivo del espectáculo político.
En segundo lugar, ajustar el Ejecutivo a su papel como regulador subordinado a la ley, no como legislador principal, y el Parlamento a su condición de instancia deliberativa y legisladora por excelencia. En esta renacida condición, es preciso que el Parlamento dote a las normas de contenido real, garantice seguridad jurídica y refleje un debate público plural y transparente.
En tercer lugar, asegurar una Justicia fuerte, imparcial, eficaz y respetada. La amenaza de su deterioro no es un problema técnico: es una amenaza existencial para la democracia constitucional. La constante criminalización de los jueces, la acusación de lawfare como estrategia para desacreditar decisiones judiciales y, en definitiva, la deslegitimación sistemática del Poder Judicial quiebran la esencia del Estado de derecho, el gobernado por el Derecho, y no por la voluntad del gobernante. Sin jueces no hay Derecho, y sin Derecho no hay Estado subordinado a la ley, sino autocracia.
Y, en cuarto lugar, reconstruir un equilibrio claro y diferenciado entre lo público y lo privado, revalorizar la propiedad y la empresa como instituciones fundamentales del Estado social y democrático de derecho, y restaurar la seguridad jurídica como eje del orden económico. Configurar una economía regulada eficientemente, jurídicamente previsible y respetuosa con las garantías constitucionales, en la que la función social o el uso pervertido del interés general no se conviertan en una coartada para vaciar de contenido los derechos individuales.
CONCLUSIÓN: COMPROMISO CIUDADANO. Las instituciones son el armazón esencial del Estado democrático de derecho. Cuando su legitimidad se erosiona, la democracia se vacía y la prosperidad se resiente. Pero la Historia demuestra que la sociedad española ha sabido regenerarse cuando ha apostado por la fortaleza institucional. España ha superado crisis institucionales más graves y ha salido fortalecida cuando la sociedad ha empujado en la misma dirección. Nuestro llamamiento es claro: cada ciudadano, desde su ámbito, debe asumir que la Constitución no se defiende sola.
Un 19 de junio, hace 11 años, Felipe VI fue proclamado Rey de España ante las Cortes Generales. Aquel día simbolizó la normalidad democrática y la solidez de nuestras instituciones. Ese espíritu impregna nuestro Memorial. Es una llamada de alerta y una reivindicación: sin exageraciones ni estridencias, pero con claridad y firmeza. No permitamos que nuestras instituciones se marchiten bajo la inercia tóxica que convierte la excepción antidemocrática en norma.
Firman este artículo:
Andrés Betancor, catedrático de Derecho Administrativo, CUNEF Universidad, coordinador; Sebastián Albella Amigo, expresidente de la CNMV; M.ª Isabel Álvarez Vélez, profesora ordinaria de Derecho Constitucional, ICADE; Juan Álvarez-Sala, notario; Manuel Aragón Reyes, catedrático de Derecho Constitucional, exmagistrado del Tribunal Constitucional; Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional; María José de la Fuente, letrada del Tribunal de Cuentas, expresidenta del Tribunal de Cuentas; Pablo de Lora, catedrático de Filosofía del Derecho, Universidad Autónoma de Madrid; Eva Desdentado, catedrática de Derecho Administrativo, Universidad de Alcalá de Henares; Ignacio Díez-Picazo, catedrático de Derecho Procesal; Germán Fernández Farreres, catedrático de Derecho Administrativo; Javier García de Enterría, catedrático de Derecho Mercantil; Antonio Jiménez-Blanco, catedrático de Derecho Administrativo, Universidad Politécnica de Madrid; Ana Gemma López Martín, catedrática de Derecho Internacional Público, Universidad Complutense de Madrid; Consuelo Madrigal, fiscal, ex fiscal general del Estado; Francisco Pérez de los Cobos, catedrático de Derecho Laboral, Universidad Complutense de Madrid, ex presidente del Tribunal Constitucional; Amadeo Petitbò, catedrático de Economía; Jorge Rodríguez-Zapata, ex magistrado del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional; Ángel Rojo, catedrático de Derecho Mercantil; Carlos Vidal, catedrático de Derecho Constitucional, UNED; y José Antonio Zarzalejos, periodista y ex letrado de la Diputación Foral de Vizcaya.
