MADRID, 6 (EUROPA PRESS)
El Pleno, previsto a las 9.30 horas del 6 de junio, tiene como objetivo emitir el informe preceptivo con la opinión del Consejo Fiscal. La ponencia del informe ha recaído sobre el vocal de la Asociación de Fiscales (AF) Roberto Valverde, si bien cabe recordar que el borrador siempre se elabora desde la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado (FGE), por lo que se prevé que el texto sufra modificaciones sustanciales.
De hecho, la AF ha elaborado un informe propio donde advierte de que el anteproyecto de ley "supone un gravísimo retroceso en la autonomía del Ministerio Fiscal". "Se impone, por tanto, la necesidad de proceder a una reforma integral del EOMF. No cabe un parche más", sostiene este documento alternativo.
Entre los cambios propuestos por Moncloa destaca la extensión del mandato del fiscal general del Estado hasta los 5 años para desligarlo de la duración del Gobierno. Además, para impedir "ceses discrecionales", la reforma determina que solo podrá ser cesado por "incumplimiento grave o reiterado de sus funciones", previo informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
También estará expresamente prohibido que el Gobierno central o los autonómicos pidan a la Fiscalía cualquier actuación en un procedimiento penal concreto. En la misma línea, las comunicaciones entre el fiscal general y el Ejecutivo serán por escrito y públicas.
Contempla asimismo que el Gobierno pierda sus competencias en materia de ascensos y promociones y de régimen sancionador, para que sean exclusivas del jefe del Ministerio Público.
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, también puso el acento en que "se refuerza" el papel de la Junta de Fiscales de Sala porque podrá imponer su criterio al fiscal general por mayoría de 3/5.
"UNA INSACIABLE VORACIDAD" SIN "CONTRAPESOS" SUFICIENTES
Sin embargo, esta reforma del EOMF no ha gustado a la AF --la asociación mayoritaria en la carrera fiscal-- ni a la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que juntas conforman la mayoría del Consejo Fiscal, con seis y un vocal, respectivamente, de un total de 12 miembros.
En una carta enviada al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, la presidenta de la AF, Cristina Dexeus, advirtió de que la reforma propuesta "supone un gravísimo retroceso en la autonomía institucional del Ministerio Fiscal". Es una "operación de maquillaje", remachó en declaraciones a Europa Press.
A su juicio, "el anteproyecto refleja, sobre todo, una insaciable voracidad de control de la institución por parte del fiscal general del Estado" sin prever "contrapesos" suficientes.
Para la AF, "se le atribuyen nuevas y numerosas facultades en materias como los nombramientos, la apreciación de las causas de incompatibilidad o el régimen disciplinario" en detrimento de "las limitadas funciones hasta ahora asignadas al único órgano de representación democrática de la carrera, como es el Consejo Fiscal, cuya composición también pretende alterarse de forma indisimulada mediante la modificación del sistema electoral".
"Con ello, el contrapeso del Consejo Fiscal, en vez de ser reforzado, es reducido hasta el extremo de convertirlo en un mero convidado de piedra en las decisiones del fiscal general del Estado", denunció.
En lo tocante a "la eventual sustitución del rol del Consejo Fiscal por la actual composición de la Junta de Fiscales de Sala", la AF avisó de que "solo puede calificarse como un fraude, ante el constatado seguidismo que la inmensa mayoría de sus integrantes han expresado en los últimos tiempos a las decisiones de los dos últimos fiscales generales del Estado, que han nombrado a una parte significativa de los miembros de ese órgano".
En la misma línea, el presidente de la APIF, Miguel Pallarés, señaló en declaraciones a Europa Press que la reforma anunciada "blinda" a García Ortiz al no modificarse el EOMF para incluir como causa de cese "inmediato" que sea investigado por el Tribunal Supremo. "El Gobierno pretende, con la reforma, dejar en su cargo a su actual fiscal general, para el caso de que pierda unas posibles elecciones generales", afirmó.
Sobre esto, Bolaños sostuvo en rueda de prensa que la reforma propuesta entraría en vigor en enero de 2028, por lo que no afectará a García Ortiz sino al fiscal general que nombre el Gobierno que salga elegido en las urnas en 2027.
MALESTAR TAMBIÉN EN LA CÚPULA FISCAL
Así las cosas, AF y APIF se desmarcaron de la reunión convocada el pasado 20 de mayo por García Ortiz con las asociaciones de fiscales para abordar dicha reforma, por lo que solo acudió la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que perteneció el jefe del Ministerio Público.
En un comunicado, la UPF valoró lo que considera una "profundización de la autonomía del fiscal general respecto del Poder Ejecutivo", así como que se emprenda una reforma ampliamente demandada para adaptar el Ministerio Público al cambio del proceso penal. Sobre esto, la UPF apeló a "la responsabilidad de todos los partidos políticos" para que esta transformación venga acompañada de los "medios materiales" necesarios.
La Fiscalía General del Estado también se dirigió a los fiscales de sala para conocer su opinión sobre la reforma del EOMF. Fuentes fiscales apuntan que entre la cúpula fiscal también ha recabado críticas. Algunos lo ven como "otra vuelta de tuerca" que no supone avanzar en la "autonomía real" --la presupuestaria y de gestión-- del Ministerio Público, lanzando los mismos reproches que AF y APIF al texto anunciado.
GRINDA PIDE AMPARO TRAS EL AUDIO
Por otro lado, aunque no estaba previsto, en el Pleno de este viernes el Consejo Fiscal también abordará la petición de amparo formulada por el fiscal anticorrupción José Grinda, tras conocerse los audios en los que la ex concejal socialista Leire Díez, conocida ya como 'la fontanera', y el empresario investigado Javier Pérez Dolset se interesan por información sobre este fiscal, según ha adelantado 'El Periódico' y han confirmado fuentes fiscales a Europa Press.
Grinda, fiscal especializado en investigaciones a organizaciones criminales que en el pasado ya ha sido objetivo de campañas similares, es el encargado del 'caso Zed', donde Pérez Dolset consta como investigado en la Audiencia Nacional (AN), pero también de otros procedimientos destacados como el 'caso 3%' y sus derivadas o el que se dirigió contra el ex presidente del Barça Sandro Rosell.
Precisamente, en el marco de la polémica desatada por dicho audio, se ha sabido que Grinda denunció ante su jefe, Alejandro Luzón, que un periodista le ofreció un destino a cambio de obtener información sensible sobre varias causas, como el 'caso 3%' y la relativa a Rosell. Sin embargo, las pesquisas iniciadas en el seno de la Fiscalía acabaron archivándose al no poder localizar al informador.
