EL PAÍS DEL ENCHUFE Y DE LAS CLOACAS
Cuando me propuse escribir estas reflexiones todavía no habíamos presenciado la comparecencia de la ya ex militante y ex alto cargo socialista Leire Díez explicando que ella lo que hacía no era intentar comprar voluntades a favor del PSOE en varias instituciones del Estado cruciales en la lucha contra la corrupción para torpedear causas judiciales complicadas para el partido, sino que lo que hacía era, sencillamente, llevar a cabo una investigación por su cuenta y riesgo.
No sabía bien entonces cómo titular una tribuna que habla de corrupción estructural, del negocio del conflicto de intereses, del nepotismo a costa del contribuyente, del clientelismo y de los bajos fondos de los partidos políticos o, como prefiere decir la prensa, de las cloacas. Un concepto muy ilustrativo cuando hablamos de fontaneros a sueldo de los partidos, por cierto.
El espectáculo proporcionado por tres personajes como Leire Díez, el comisionista Victor de Aldama y el empresario investigado Javier Pérez Dolset, con gritos y zarandeos incluidos, me ha llevado a decidirme por el título del enchufe y las cloacas. Porque las dos cosas tienen mucho que ver, aunque a primera vista no lo parezca. Y nuestros protagonistas están presentes en algunos de los últimos episodios que así lo ponen de manifiesto.
Para empezar, podemos detenernos en el caso de Air Europa. Sostuve desde el primer momento que, con o sin tráfico de influencias, una figura de nuestro Código Penal muy poco usada (quizás porque el tráfico de influencias es casi la forma socialmente aceptada que utilizan muchas personas físicas y jurídicas privadas a la hora de intentar conseguir contratos y/o subvenciones), la aerolínea habría sido rescatada en tiempos de la pandemia. Lo fueron todas, a través del denominado Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales).
El problema es que quizá no todas las aerolíneas fueron rescatadas con la misma celeridad ni por el mismo importe ni con las mismas condiciones -después del reparto de un dividendo importante-. Tampoco todas dieron lugar a una serie de whatsapps entre el entonces ministro José Luis Ábalos, personaje que encarna perfectamente el funcionamiento de la corrupción institucional; la entonces ministra de Economía, Nadia Calviño, y la entonces y ahora ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Porque si algo demuestran esas conversaciones es que el enchufe, como se reconoce en su contenido, sí es relevante. Así, Javier Hidalgo, CEO de Globalia, principal accionista de Air Europa, y un “empresario hecho a sí mismo”, no tuvo que cortarse las venas.
Efectivamente, no se puede considerar una casualidad que un personaje como Javier Hidalgo cultivase buenos contactos con el Poder Ejecutivo (sin mencionar el posible pago de comisiones), incluyendo su cercanía con la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, lo que le permitiría pedir su intercesión en caso de apuro. Estos empresarios hechos a sí mismos, pero que necesitan urgentemente subvenciones o contratos públicos para subsistir son una especie muy española. Pérez Dolset, detenido por un presunto fraude de subvenciones en el ámbito de las nuevas tecnologías, encaja en este modelo. Conocen las reglas. Las no escritas, quiero decir.
Pero, más allá de la existencia o no de delitos de tráfico de influencias, es fácil llegar a la conclusión de que el enchufe en España funciona estupendamente; y que algunos, no todos, cobran por esos enchufes. De ahí la importancia de la figura del comisionista, el Víctor de Aldama de turno, que engrasa esos contactos y paga los favores a quien se lo solicita. Las caras cambian; el oficio, no.
La novedad no es tanto la forma de hacer negocios, sino quizá la escalada y la desfachatez del argumentario para justificarlo: cada vez se accede a gente más importante -aunque no tenga cargo oficial alguno- y con más desenvoltura. Si hace falta se contrata a la mujer del presidente del Gobierno para que desarrolle una cátedra en una universidad pública, o lo que haga falta, porque tiene derecho a tener una profesión, faltaría más. Lo que no está tan claro es que ese derecho no se obtenga a cambio de deber el favor a algún empresario o personaje ambicioso, que en algún momento pedirá el móvil privado o un mail personal por si necesita que se lo devuelvan.
Es un juego muy peligroso, como estamos viendo, porque se puede investigar e incluso judicializar, y entonces es preciso tener contactos o amigos, ya sea en la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en la Fiscalía Anticorrupción o incluso en la Abogacía del Estado.
En este contexto entran en escena personajes como Leire Díez, fontanera de pro. Si algo dejan claro sus audios -aparte del lenguaje mafioso que ya hemos oído en otras ocasiones- es que considera que todo el mundo está en venta o que todo el mundo es chantajeable, o ambas cosas. La idea de que actuaba por cuenta propia es ciertamente poco creíble, pero la cuestión aquí es que una vez que los enchufes y los conflictos de interés se enredan judicialmente y suponen, por tanto, una amenaza para el poder político, empiezan las maniobras en la oscuridad. O a plena luz.
No solo eso: Leire Díez ha ostentado cargos directivos en empresas del sector público. Hemos enchufado a Koldo García en una empresa pública como Renfe Mercancías, cuando sus credenciales son su trabajo como portero de discotecas. Pero es que Leire Díez resulta que ha sido directora de Filatelia y Relaciones Institucionales de Correos, además de directora de Productos y Servicios. Normal si se tiene en cuenta quién era entonces el presidente de la empresa pública: un señor que venía directamente del PSOE sin experiencia ninguna de gestión ni en el sector. No es que la gestión esté politizada: es que no existe una gestión digna de tal nombre.
No nos engañemos: el enchufe es práctica común en el acceso a cargos públicos bien remunerados y con una estabilidad importante (sobre todo comparados con los cargos similares a los que estos personajes pueden aspirar en el sector privado). Funciona no solo para cargos directivos, sino también para puestos en general, en particular en ayuntamientos o diputaciones. En el fondo, es la aspiración de cualquier españolito de a pie que tenga cercanía suficiente con un partido político o con algún cargo con mando en plaza. Que se lo digan al hermano del presidente cuando pregunta a la jueza de instrucción por la forma de entrada en el sector público. Unos, por oposición; otros, a dedo.
El principio de mérito y capacidad, exigido por la Constitución para acceder al empleo público, consiste demasiadas veces en conocer a la persona adecuada. Como ya hemos visto, el currículum y la entrevista, e incluso el acudir o no al puesto de trabajo, no suponen trabas importantes para trabajar en grandes empresas públicas como Tragsatec o Ineco si eres una amiga especial del ministro de turno y los directivos elegidos por él se pliegan sin problemas a las directrices que reciben desde arriba. El problema, claro, es que te pueden imputar. Y, de nuevo, la judicialización puede poner en apuros políticamente al Gobierno, así que surgen oportunidades para los fontaneros con conocimientos en cloacas, aunque sean freelance.
En fin, lo peor desde mi punto de vista es la desfachatez con la que se normaliza una situación de degradación que, no por venir de lejos, es más soportable. Ya no se guardan mínimamente las formas ni en el conflicto de intereses ni en el tráfico de influencias ni en el nepotismo ni en la corrupción institucional; ni siquiera en las cloacas. Sin duda, es el signo de los tiempos. Estos protagonistas no se avergüenzan: sacan pecho.
