MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno ha conocido este miércoles el informe de la Abogacía General que avala esta acción legal. El Ejecutivo regional presentó un requerimiento al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes el pasado 10 de abril por la falta de financiación y desarrollo de la norma.
Ha sido desestimado, por lo que ha interpuso el recurso contencioso administrativo en vía judicial el pasado 16 de mayo, ha recordado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en rueda de prensa.
El Estado está "obligado", de acuerdo con las reglas que rigen el sistema de financiación autonómica, por el principio de lealtad institucional, "a establecer mecanismos para evaluar el coste que supone la aplicación de medidas legislativas", señalan desde el Gobierno autonómico.
Esta obligación resulta "esencial" para que las comunidades afectadas puedan conocer ese impacto y plantear, a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera, las oportunas medidas para sufragar y compensar esos costes.
Se trata de una Ley que, además, se ha aprobado "sin contar con el Poder Judicial y sin las CCAA con las competencias en la materia transferidas que deben implantarla".
Solo en el caso de la Comunidad de Madrid, el coste en el primer año de la aplicación de la Ley Orgánica de Eficiencia de la Justicia supondrá "44 millones de euros para sus arcas públicas, de los cuales casi la mitad se consolidarán en los ejercicios siguientes".
