EL DERECHO DE DEFENSA, EN EL CORAZÓN DE EUROPA
Ante la incertidumbre y los acelerados cambios de nuestro tiempo necesitamos, más que nunca, de la seguridad jurídica y de las certezas que nos brinda el Derecho. Y no hay mayor salvaguarda y mejor garantía que la que nos proporciona el Derecho de Defensa, así como la encomienda que el ordenamiento jurídico otorga, respecto a su ejercicio, a los profesionales de la Abogacía.
También la independencia judicial y la separación de poderes, como elementos que, junto a la efectividad de los procedimientos y mecanismos de resolución de controversias, integran el Estado de derecho, asegurando la paz social y la convivencia en democracia.
En este sentido y en el actual contexto internacional, la defensa de nuestra profesión, así como la férrea condena de cualquier elemento perturbador o inquietante de la libertad y la independencia, como principios rectores de la Abogacía, devienen fundamentales. La amenaza, la persecución, el hostigamiento, la agresión y, en definitiva, cualquier actuación que atente contra la dignidad de quien ejerce como abogado o abogada, en cualquier rincón del mundo, simplemente resultan intolerables. La intencionalidad de estas palabras, aun siendo legítimo y lógico por mis responsabilidades, va más allá de preservar cualquier interés corporativo. Lo que pretendo es poner de manifiesto la importancia de uno de los proyectos más relevantes que se está gestando a nivel europeo: el Convenio para la Protección de la Abogacía.
Dicho convenio, que tiene por objeto reforzar la protección del profesional de la abogacía y el derecho de defensa, ha sido aprobado recientemente por el Consejo de Ministros del Consejo de Europa, gracias a los esfuerzos que en los últimos tiempos se han desplegado por el Consejo de la Abogacía Europea (CCBE) y Española, habiéndose conseguido con nuestra intercesión el voto favorable de España y, con ello, los apoyos necesarios para desbloquear y continuar con su tramitación.
La escucha y comprensión de nuestras reivindicaciones nos han acercado a la materialización de tan importante tratado que, tras su aprobación por la Asamblea Consultiva, se abrirá para su firma y ratificación por parte de los Estados miembros del Consejo de Europa.
Ello supone, además, una oportunidad para que el texto se convierta en una referencia a nivel global. Por eso y apelando a la unidad de los países a la que se hace alusión en el propio preámbulo del convenio, desde la Abogacía Española reclamamos a los Estados miembros del Consejo de Europa la conclusión de dicho Tratado Internacional como forma de apuntalar, no solo la protección de los abogados y las abogadas, sino también del Estado de derecho en toda su extensión.
Un convenio que resalta la función social de la Abogacía, la deontología para una correcta conducta de los profesionales, la formación continua, el impulso de la cooperación internacional en cuestiones de derecho o la promoción del bienestar de quienes dedican todos sus esfuerzos a la defensa de terceros, brindándoles asistencia legal y tranquilidad jurídica.
La esencialidad de los propósitos perseguidos en este convenio también se pone de manifiesto en la defensa del secreto profesional y de la libertad de expresión, precisamente en un momento en el que la polarización, la aplicación extraterritorial de medidas adoptadas bajo el pretexto de la seguridad nacional o los riesgos de un uso irresponsable de
El multilateralismo y la diplomacia deben servir para el diálogo
las nuevas tecnologías, hacen más necesarios que nunca instrumentos que reviertan en la protección de los derechos humanos y las libertades públicas. Asimismo, reforzar la Abogacía y el derecho de defensa es garantizar la protección de los colectivos más vulnerables y el impulso de la igualdad de oportunidades, como la única forma posible de seguir avanzando hacia un progreso social y un desarrollo verdaderamente sostenible.
La voz de la Abogacía Española está contando y se escucha en Europa. Tanto es así que el Consejo de la Abogacía Europea (CCBE), a propuesta nuestra, acaba de aprobar una Declaración en apoyo del Estado de derecho y en defensa de los valores europeos, de la independencia judicial y de los derechos fundamentales.
El multilateralismo y la diplomacia deben servir, nuevamente, para abrir caminos, dentro de las amplias posibilidades que ofrece el Derecho Internacional, para el diálogo y la convención sobre los principales retos globales del contexto que nos ha tocado vivir.
Desde encontrar el equilibrio entre una regulación paralizante y un ordenamiento jurídico eficaz para contener los riesgos de una desregulación sin límites, siempre bajo la guía del principio “in dubio pro Estado de derecho”, hasta las obligaciones contraídas a nivel internacional en materia de derecho de asilo, de protección del medio ambiente o de la prohibición de la tortura y los tratos inhumanos o degradantes.
Con el impulso de citado convenio, la Abogacía, una vez más, se pone del lado de la cooperación internacional en materia de justicia, respaldando la labor de la Corte Penal Internacional y de la Corte Internacional de Justicia, y de la protección de los derechos fundamentales, incluyendo, como no podría ser de otro modo, el de defensa.
Por eso, desde la Abogacía Española apelamos al Convenio para la Protección de la Abogacía como una forma imprescindible para reforzar un sistema internacional basado en el respeto a la justicia, la democracia y la libertad. Valores irrenunciables todos ellos para la paz, la convivencia social y la estabilidad global, así como para el compromiso intergeneracional al que nos debemos en la preservación del planeta y el impulso de los derechos humanos.
