UNA POLÍTICA ELÉCTRICA CONDICIONADA POR OBJETIVOS NO ENERGÉTICOS
El suministro de energía eléctrica es un servicio complejo, que no solo requiere la disponibilidad de fuentes de energía primarias, sino que funciona como un sistema, en el que sus distintas fases (producción, transporte, distribución y suministro) deben estar coordinadas. No puede, pues, extrañar que la garantía del suministro haya sido siempre el objetivo primario de la regulación. La cuestión es si este objetivo puede verse amenazado por una política eléctrica crecientemente condicionada por objetivos no energéticos.
En particular, la política ambiental impone una transformación radical del sector, hasta hace poco mayoritariamente alimentado por fuentes fósiles (petróleo, gas) y nucleares. Las energías renovables tienen indudables ventajas. La sustitución de las energías fósiles puede contribuir a la descarbonización, favorecer la independencia energética y acabar reduciendo el precio de la electricidad. No obstante, a día de hoy, las renovables no garantizan el suministro de electricidad, tienen efectos disruptivos en el mercado mayorista, generan externalidades ambientales negativas y, paradójicamente, también nuevas dependencias estratégicas.
El suministro eléctrico no puede confiarse enteramente a las renovables, que son inestables, ya que dependen de las fuerzas de la naturaleza, siempre imprevisibles. Los avances en el desarrollo de una tecnología que permita el almacenamiento de la energía eléctrica, en un futuro más o menos próximo, podrían contribuir a solucionar este problema. Sin embargo, hoy por hoy, no hay alternativa al mantenimiento de un mix eléctrico diversificado, que cuente con suficientes energías de respaldo (carbón, gas o nucleares).
Gran volatilidad
El mercado mayorista arroja también una gran volatilidad del precio de la electricidad, debido a la inestabilidad de las energías renovables, a la incidencia de factores económicos y geopolíticos en la disponibilidad y precio de algunas energías primarias y al sistema de precios marginalista. Como paliativo, la normativa europea facilita ahora que las renovables puedan vender en el mercado intradiario, al tiempo que favorece la utilización de instrumentos de mercado a largo plazo, como los contratos bilaterales. No obstante, no parece que estas medidas vayan a acabar con la volatilidad de precios. Es muy probable que las energías fósiles sigan determinando el precio de la electricidad en lo que queda de década.
El rápido crecimiento de la capacidad de producción de energías renovables no se corresponde tampoco con la inversión en redes de transporte, que habrán de racionalizarse y multiplicarse en los próximos años.
No hay que olvidar tampoco que las energías renovables tienen externalidades negativas. La producción y transporte de generadores eólicos y placas solares daña el medio ambiente y origina residuos. En particular, la energía eólica experimenta una creciente oposición de las áreas rurales, debido a su negativa incidencia en el paisaje. Las renovables pueden provocar también reorientaciones empresariales, también dañinas para el medio ambiente (la industria del petróleo prevé intensificar la producción de plástico, empleado en los coches eléctricos). No es tampoco seguro que la sustitución de las centrales nucleares, ahora consideradas como energía “limpia”, sea la opción menos nociva para el medio ambiente.
Los comercializadores añaden dinamismo al mercado, ya que multiplican las opciones disponibles, que pueden adaptarse mejor a las preferencias de los consumidores (precios fijos o variables, ofertas combinadas de gas y electricidad o solo de renovables, etc.). No obstante, la regulación -y la CNMC- deben exigir mucha mayor transparencia y garantías en la suscripción de los contratos (típicamente, telefónicos), que impidan prácticas engañosas. En otro caso, la multiplicación de ofertas puede acabar dificultando que el consumidor comprenda la complejidad del mercado, con todas sus variables, y no sea capaz de proteger sus intereses.
A ello hay que añadir que el funcionamiento del mercado interior europeo sigue sin ser efectivo. La UE establece las bases del sistema y orienta decisivamente la política energética, pero los Estados miembros tienen un amplio margen para configurar sus sistemas eléctricos,
Los países de la UE tienen un amplio margen para configurar sus sistemas eléctricos conforme a la política e intereses nacionales. Después de décadas, las interconexiones internacionales siguen siendo muy limitadas, lo que no permite intercambios significativos de energía. La normativa europea reconoce la necesidad de una mayor integración de las redes, pero sigue fijándose muy modestos objetivos al respecto. No va a ser fácil que los Estados miembros dejen de lado sus intereses nacionales (más económicos que ambientales). Esta valoración podría también extenderse a otros grandes sectores económicos, cuya integración a nivel europeo está más en textos legales que en la realidad.
Libre competencia
Es también preciso proteger la libre y leal competencia en el sector, condicionada por las diferencias de costes que van ligadas a las distintas tecnologías, así como por las ventajas que la regulación confiere a algunas de ellas. La normativa europea llama también la atención acerca de la necesidad de velar por la correcta formación de precios en los mercados mayoristas, evitando la utilización de información privilegiada y la realización de prácticas abusivas y de manipulación del mercado. No hay que olvidar que los grupos energéticos participan en las actividades de producción, distribución y comercialización, solo sujetos a la exigencia de separación jurídica (no patrimonial).
Las empresas públicas siguen estando presentes en algunos Estados miembros. En algunos casos, son los principales operadores de sus respectivos países. Estas empresas están formalmente sujetas al principio de paridad de trato (también deben estarlo materialmente), pero lo cierto es que su presencia hace más difícil la entrada de terceros operadores en el mercado.
El autoconsumo y la generación distribuida representan también una nueva amenaza de disrupción para el suministro de energía eléctrica, que sigue funcionando como un sistema centralizado. Una vez más, estamos ante avances técnicos que llevan consigo ventajas que aprovechar. La cuestión es que su generalización pondría en cuestión la viabilidad del sistema. Es, pues, preciso encontrar el punto de equilibrio entre la libertad del productor-consumidor y la sostenibilidad del sistema.
Por último, no debe dejar de valorarse la incidencia que tiene la política energética en la capacidad adquisitiva de los ciudadanos y en la competitividad de la industria. Los precios que paga la industria europea por la electricidad son el doble o el triple de los precios que pagan nuestros competidores en Estados Unidos. Es sorprendente que los órganos europeos, de manera sistemática, sigan olvidando tomar en cuenta la incidencia de sus políticas públicas en la competitividad de la industria europea.
No hay duda de que la introducción de competencia en el sector es conforme a las libertades económicas, al tiempo que permite una mayor capacidad de elección del consumidor, que puede escoger distribuidor, modalidad de contrato, o incluso, tipo de energía. Sin embargo, la política energética de la UE, de momento, no está siendo capaz de armonizar los objetivos ambientales y las exigencias de la industria. Los consumidores residenciales tampoco terminan de apreciar las ventajas de un mercado opaco y complejo, que no está exento de riesgos y que no se traduce en una reducción de los precios de la electricidad. Es por eso que, a día de hoy, no puede ocultarse una cierta decepción por los modestos resultados alcanzados.
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