BILBAO, 5 May. (EUROPA PRESS) -
Subijana ha presidido el acto de toma de posesión en el cargo de la recién reelegida presidenta de la Audiencia Provincial de Bizkaia, Reyes Goenaga, en el Palacio de Justicia de Bilbao, al que han asistido el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, y la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, entre otras autoridades.
En su intervención, el máximo representante del TSJPV ha considerado necesario el incremento de jueces y juezas para decidir "en el tiempo y forma exigidos" por el Estado de Derecho; la configuración de la Secciones de Violencia sobre la Mujer; y el diseño de las Secciones de Violencia sobre la Infancia y la Adolescencia.
Tras insistir en el "reto insoslayable" de perseguir una justicia "que sea ágil en la protección de los derechos e intereses legítimos de las personas", ha destacado que, por ello, tratan de obtener "el máximo rendimiento posible" de la Ley Orgánica 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que introduce un cambio radical en la organización de los actuales Juzgados y Tribunales".
Iñaki Subijana ha recordado que una de las razones perfiladas en esta Ley "para introducir los Tribunales de Instancia y generalizar, como imperativo, el servicio común de tramitación y, como facultativos, el resto de servicios comunes, es la menor exigencia inversora precisa para la creación de plazas judiciales", ya que se baraja que solo haga falta "la cuarta parte del dinero que ahora precisa la creación de un órgano judicial".
"Es, sin duda, un argumento de peso en el terreno de las finanzas públicas tradicionalmente magras en el campo de la Justicia", ha añadido, para subrayar que, siendo conscientes de que "el déficit estructural del sistema de justicia es el reducido número de juezas y jueces", en el pleno de 4 de abril, la Sala de Gobierno del TSJPV propuso "la creación inmediata de 28 plazas judiciales".
El magistrado ha explicado que, dejando al margen las cuatro plazas propuestas para las Secciones de Violencia sobre la Mujer, esta petición tiene "un fundamento empírico incuestionable" que es el de tratar de paliar la situación "de aquellos órganos judiciales que en los últimos tres años han excedido del 130% de la carga de trabajo que tienen asignada" por el acuerdo suscrito el año 2018 entre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Ministerio de Justicia.
Subijana ha recordado que, para llegar a los parámetros de la Unión Europea, de 17 jueces por cada 100.000 habitantes, "harían falta otros tantos" más.
Esta necesidad de plazas judiciales, se circunscribe, tal como ha precisado el presidente del TSJPV, "fundamentalmente, a las futuras Secciones Civiles de los Tribunales de Instancia (14 plazas) y a la Sección Social de Bilbao (4 plazas)", aunque también abarca, en menor medida, a las Secciones Penales y a las Audiencias Provinciales.
Iñaki Subijana considera que la gestión del cambio "precisa conocimiento y persuasión", y por ello, han puesto en marcha, en colaboración con el Departamento de Justicia y Derechos Humanos y la Secretaría de Gobierno, una labor informativa en cada uno de los 14 partidos judiciales de Euskadi sobre la configuración, en cada uno de ellos, del Tribunal de Instancia, el diseño de la oficina judicial y la organización del personal de la Administración de Justicia. Las sesiones informativas comenzarán este próximo jueves en Azpeitia y Tolosa (Gipuzkoa) para finalizar el 2 de julio en Bilbao.
VIOLENCIA DE GÉNERO
En el ámbito del tratamiento jurisdiccional de la violencia de género, ha remarcado que la Sala de Gobierno ha diseñado las propuestas que creen "más plausibles para lograr la mejor atención, acompañamiento y protección de las víctimas" en el marco de un proceso garantista.
Estas medidas han sido compartidas con el Departamento de Justicia y Derechos Humanos en el informe que se ha trasladado al borrador de Decreto elaborado en esta materia por el Ministerio de Justicia para justificar que "deben mantenerse el número de plazas judiciales existentes en las Secciones de Instrucción de Barakaldo y Vitoria-Gasteiz, sin que sea factible la reducción de una de ellas en cada uno de esos partidos judiciales".
De igual forma, defienden que se incrementen las plazas previstas para las Secciones de Violencia sobre la Mujer de Barakaldo (pasando de una a dos), Bilbao (pasando de dos a tres), Donostia-San Sebastián (pasando de una a dos) y Vitoria-Gasteiz (pasando de una a dos).
También analizarán "rigurosamente la posible comarcalización de las Secciones de Violencia sobre la Mujer como mejor opción para la atención y protección integral de las víctimas de violencia de género".
Para ello, el presidente del TSJPV ha explicado que atenderán cuatro parámetros. El primero de ellos es la perspectiva de Comunidad Autónoma para garantizar la igualdad de todas las mujeres víctimas de violencia machista, cualquiera que sea el término municipal en el que residan; y el segundo, el conocimiento del número de plazas judiciales que integrarán las Secciones de Violencia sobre la Mujer "para evitar que la comarcalización sea el refugio de la neutralización de las necesidades de planta judicial en esta materia".
Los otros dos parámetros serán el análisis del mapa de recursos de asistencia y atención existentes tanto en la organización judicial (unidades de valoración forense integral, servicios de atención a las víctimas) como extrajudicial (centros de crisis de 24 horas, estructuras asistenciales en el ámbito sanitario y de los servicios sociales); y el régimen jurídico de las guardias de estas Secciones que se perfile por el CGPJ en las modificaciones reglamentarias que tiene proyectadas.
SECCIONES DE VIOLENCIA SOBRE LA INFANCIA
Finalmente, ha asegurado que trabajarán, "de forma más pausada pero constante", en la viabilidad de configurar Secciones de Violencia sobre la Infancia y la Adolescencia "que permitan la mejor tutela del interés superior de las niñas, niños y adolescentes".
También seguirán impulsando, de la mano del proyecto conjunto de la UE y el Consejo de Europa para una justicia adaptada a la infancia para su desarrollo estatal y autonómico antes de 2026, la implantación del modelo Barnahus para la habilitación de espacios de atención especializada e integral para las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual "que, entre otros fines, permitan asegurar la máxima calidad de su testimonio como prueba preconstituida".
