MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -
El PSOE y el PP habían registrado sendas proposiciones no de ley sobre esta cuestión y han llegado a un acuerdo que ha sido aprobado por unanimidad.
Según explicaba el PP en su iniciativa, recogida por Europa Press, ahora la mayoría de progenitores delegan la inscripción en los hospitales, que registran a los menores en la localidad en la que se encuentran los centros hospitalarios con independencia de que las familias residan en otros municipios, lo que perjudica a los pueblos pequeños ya más afectados por la despoblación.
La Ley del Registro Civil de 2011 estableció el modelo de registro personal, electrónico y único para toda España --en sustitución del sistema tradicional basado en libros--, y ya prevé que la inscripción de los recién nacidos se pueda hacer en cualquiera de las Oficinas Generales del Registro Civil, con independencia del lugar en el que se produzcan el alumbramiento.
En 2015 la ley se reformó para simplificar trámites y contemplando la posibilidad de inscribir a las criaturas desde los hospitales públicos y privados habilitados para ello. Pero los centros sanitarios las inscriben en el registro de su localidad, no siendo posible hacerlo después en otro diferente.
SE TIENEN QUE OCUPAR DEL PAPELEO
Si los padres y madres quieren que el recién nacido quede inscrito en su municipio de residencia en lugar del de nacimiento, deben ocuparse ellos de la gestión y, según el PP, los trámites se complican por el papeleo que se les pide.
Esto lleva a los progenitores a inscribir a los menores en el registro del lugar de nacimiento, lo que perjudica los pequeños municipios y "su lucha contra la despoblación", pues, aunque la población de un municipio se calcula en función del padrón municipal, el lugar de nacimiento suele influir en estadísticas y proyecciones oficiales.
De esta forma, si los nacidos en pequeños pueblos son inscritos en ciudades más grandes y no figuran en el padrón municipal desde el principio, se contribuye a que sus lugares de residencia reciban menos recursos del Estado y de las comunidades autónomas para servicios públicos e infraestructuras.
Los 'populares' apuestan por aprovechar el Reglamento de esta ley, que lleva 14 años pendiente de aprobación para "dar solución a este problema".
El PSOE, por su parte, admite que existe una "demanda social" en este sentido y también reconoce que durante el periodo transitorio para la entrada en vigor de todos los artículos de la ley de 2011 --que se extendió hasta octubre de 2021-- se produjeron ciertas disfunciones.
En este contexto, la Comisión de Justicia ha instado al Ejecutivo a aprobar cuanto antes el Reglamento del Registro Civil para poder desarrollar un modelo único de registro electrónico, público y gratuito, a estudiar la necesidad la reformar la Ley del Registro Civil para "evitar disfuncionalidades o criterios diferentes", según la localidad o el territorio, y a mantener la formación continua del personal de todas las oficinas registrales.
