ALEMANIA, ¿ANTE LA ILEGALIZACIÓN DE LA AFD?
Al ser la noticia relativa a la inconstitucionalidad de Alternativa para Alemania (AfD) bastante escandalosa, conviene instalarla, para no alterarnos demasiado, en su adecuado contexto. La calificación procede de la Oficina para la Protección de la Constitución, que es un órgano administrativo, no jurisdiccional, encuadrado en el Ministerio del Interior. Forma parte de un sistema de alerta sobre la observancia del orden constitucional que está atribuido a esta Oficina Federal, sita en Colonia, y a una Oficina en cada uno de los 16 länder (el equivalente, lato sensu, de nuestras comunidades autónomas). Es decir, existen 17 oficinas públicas que desarrollan funciones de observación de actividades que pueden poner en peligro el edificio constitucional. Además, se ocupan del espionaje y del terrorismo. Todas ellas recopilan información y pueden llegar a proponer la prohibición de una asociación o un partido político.
Procede añadir que el Tribunal Contencioso-Administrativo de Colonia y el Superior de Renania del Norte-Westfalia han confirmado en sentencias de marzo de 2022 y de mayo de 2024 la condición “sospechosa” de la AfD.
Ahora, a esta misma conclusión, llega la citada Oficina Federal tras la elaboración de un exhaustivo dictamen que ha contrastado la actuación de este partido, las declaraciones de sus representantes y su vinculación a otros grupos políticos de la extrema derecha con principios fundamentales del orden constitucional, como son los de dignidad de la persona, la democracia y el Estado de derecho. En concreto, se han considerado las actividades de la AfD en las últimas campañas electorales, las relaciones con su organización juvenil (Junge Alternative), así como la formación del nuevo grupo parlamentario en la actual legislatura.
Resumidamente, digamos que de todo ello se ha constatado que su concepción del pueblo, ligada a condiciones étnicas, no es compatible con el orden democrático porque supone excluir a determinados grupos poblacionales o asignarles una posición subordinada. Punto de partida este que lleva a la AfD a promover una constante agitación contra personas o grupos de personas a quienes se difama. Entre ellas se encuentran ciertas minorías de extranjeros, de inmigrantes o de musulmanes, a quienes llega a motejar como “inmigrantes de cuchillo” (Messermigranten).
La lista de declaraciones de dirigentes políticos, candidatos a las elecciones o el contenido de pancartas y de folletos informativos, que se acumulan en el dictamen, ocupan páginas y páginas corroborando sus apreciaciones generales. Sabemos que esta Oficina Federal no pasa de ser un órgano administrativo. Por ello, la dirección de la AfD ya ha anunciado que va a presentar el pertinente recurso contencioso-administrativo en Leipzig (sede del Tribunal federal de lo Contencioso-Administrativo).
La polémica surgida en torno a este documento aboca a preguntarse si estamos en el principio de la ilegalización de la AfD. Aclaremos al lector español que los únicos legitimados para desencadenar un procedimiento de esta naturaleza son las Cámaras parlamentarias y el Gobierno federal.
Decide el Tribunal Constitucional. Solo en dos ocasiones los jueces han declarado la inconstitucionalidad de un partido y ello en fechas muy lejanas. En 1949 se creó uno, continuador del nacionalsocialista, y el Gobierno de Adenauer solicitó y obtuvo su ilegalización (1952). Lo mismo ocurrió con la prohibición del Partido Comunista, más complicada porque, aunque había rechazado en la votación final la Ley Fundamental, participó en las elecciones al Bundestag. Después de muchas idas y venidas y, lo que no se suele recordar, la “influencia” que discretamente ejerció Adenauer, en 1956 se le consiguió expulsar de la vida política.
A partir de estas dos fechas ya no han existido más prohibiciones en Alemania. La refundación en 1964 de un partido nazi fue tolerada, aunque desde estas Oficinas de defensa de la Constitución se vigilaban los movimientos de sus afiliados. El intento de declararlo ilegal por parte del Gobierno socialdemócrata y verde de Gerhard Schröder fracasó en el Tribunal Constitucional (2003). Con el comunismo (el partido Die Linke) nadie se ha atrevido.
En 2017 el Tribunal Constitucional volvió a ocuparse de la cuestión en un pleito promovido por el Bundesrat, que es la representación de los länder. Los jueces rechazaron la pretensión argumentando que los partidos son piezas esenciales en el Estado de derecho, de modo que cualquier prohibición reduce el espacio democrático, y por eso ha de ser interpretada de forma restrictiva.
Oigamos sus razonamientos: el ideario del partido nacionalsocialista es racista porque defiende una “comunidad del pueblo” que pretende restringir los derechos políticos y sociales de una parte de ese pueblo, pero no existen indicios de peso para considerar que constituye un peligro para el Estado de derecho por la sencilla razón de su insuficiente eco popular, al cosechar resultados electorales muy pobres. Es decir, tales sujetos carecen de fuerza para imponer su ideología y poder alterar el orden constitucional.
Ahora bien, el Tribunal de Karlsruhe, conocido por su finura y sus sutilezas, dejó abierta una puerta por la que colar un instrumento más demoledor aún que la prohibición: cortar su financiación por medio de una reforma constitucional. Se alentaba, pues, a suprimir los recursos económicos de un partido legal que en 2015 había recibido 1,3 millones de euros públicos. Entonces, gracias al acuerdo de las fuerzas parlamentarias, se añadió al citado artículo 21 la exclusión de la financiación estatal, sobre la que también decide el Tribunal Constitucional.
El lector habrá advertido la diferencia sustancial con la situación actual: la AfD se ha convertido en el segundo partido en las últimas elecciones alemanas.
Lo que no sitúa de lleno en qué puede pasar a partir de ahora. El dictamen ha puesto los dientes largos a todos aquellos que, en los diversos partidos, abogan desde hace tiempo por una ilegalización. Pero un análisis sosegado de las declaraciones de responsables políticos no parece apuntar a que ese camino vaya a emprenderse de forma decidida. Por de pronto, el canciller en funciones, Olaf Scholz, ha invocado la prudencia recordando los gatillazos pasados ante el Tribunal Constitucional en bretes similares. Y su ministra del Interior, también socialdemócrata, ha añadido que el inicio del proceso de ilegalización no es ningún mecanismo automático.
En el panorama político solo Los Verdes parecen decididos a lanzarse por esa arriesgada pendiente, mientras que los capitidisminuidos liberales se muestran reacios a la aventura. Es cierto que entre los democristianos y los socialdemócratas hay voces para todos los gustos, pero el próximo ministro del Interior ya ha mostrado su rechazo y personajes tan relevantes (y cercanos a los democristianos) como hace meses el antiguo presidente federal Joachim Gauck, que argumentaron su posición en contra.
El acuerdo de coalición firmado entre democristianos y socialdemócratas para formar Gobierno incide con palabras contundentes en el compromiso de lucha contra todo enemigo de la democracia liberal, citando en varias ocasiones el extremismo de derechas entre las hidras más destacadas y preocupantes de un fenómeno más amplio. Pero no entra obviamente en grandes detalles.
Dos citas cercanas nos darán nuevas pistas. Una, el discurso de investidura como canciller de Friedrich Merz. Otra, la conferencia de los ministros de Interior de los länder que se celebrará en junio y, donde el tema, sobre todo en lo relativo a la financiación del partido, estará encima de la mesa.
El nuevo Gobierno tiene en sus manos dificultar la expansión de una organización tóxica, enemiga de la democracia, de los derechos fundamentales y de Europa.
