MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
Se trata de la impugnación del segundo apartado de la disposición final séptima de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
Este apartado deja en manos de País Vasco la gestión de los funcionarios de la administración local con habilitación de carácter nacional, incluidas las facultades de selección y aprobación de la oferta pública de empleo para cubrir las vacantes existentes.
El PP considera que se trata de una cesión de competencias que son exclusivas del Estado, con la que el Ejecutivo estaría provocando una "fractura o destrucción del carácter uniforme de la escala de funcionarios de la administración local con habilitación de carácter nacional".
