Iustel
Cuestionándose el importe de la indemnización, declara el Tribunal que la sentencia recurrida se ajusta a la jurisprudencia de la Sala pronunciada sobre el problema de la valoración del vehículo en caso de siniestro total, en relación con el art. 26 de la Ley de Contrato de Seguro, y que estableció que no es contrario a derecho que el resarcimiento se lleve a efecto mediante la fijación de una indemnización equivalente al precio del vehículo siniestrado, más una cantidad porcentual, el precio o valor de afección, que comprenderá el importe de los gastos administrativos, dificultades de encontrar un vehículo similar e incertidumbre sobre su funcionamiento, entre otras circunstancias.
TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Civil
Sentencia 1622/2024, de 03 de diciembre de 2024
RECURSO DE CASACIÓN Núm: 535/2020
Ponente Excmo. Sr. PEDRO JOSE VELA TORRES
En Madrid, a 3 de diciembre de 2024.
Esta Sala ha visto el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación interpuestos por la compañía Aseguradores Agrupados S.A. de Seguros, representada por la procuradora D.ª María Tamara Ucha Groba, bajo la dirección letrada de D. Antonio Sabucedo Cameselle, contra la sentencia núm. 562/2019, de 27 de noviembre, dictada por la Sección 6.ª de la Audiencia Provincial de Pontevedra, en el recurso de apelación núm. 470/2019, dimanante de las actuaciones de juicio ordinario núm. 684/2017 del Juzgado de Primera Instancia n.º 10 de Vigo. Ha sido parte recurrida D.ª Ramona, representada por el procurador D. Ignacio Aguilar Fernández y bajo la dirección letrada de D. Miguel Guillermo Rocafort Lorenzo.
Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Pedro José Vela Torres.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Tramitación en primera instancia
1.- La procuradora D.ª Marta Barreiro Carrillo, en nombre y representación de D.ª Ramona, interpuso demanda de juicio ordinario contra Aseguradores Agrupados S.A. de Seguros, en la que solicitaba se dictara sentencia:
“admitiendo la presente demanda, y se declare que se proceda por parte de la compañía de seguros ASEGRUP,S.A. a la reparación del vehículo marca Mercedes modelo E 270 CDI propiedad de Dña. Olga, y lo deje en el estado en el que se encontraba antes del siniestro o subsidiariamente, se proceda a indemnizar a Dña. Olga en la cantidad que se fije, en su caso, en ejecución de sentencia, y ello con expresa condena en costas a la entidad aseguradora demandada, solicitando para ello, especial pronunciamiento”
2.- La demanda fue presentada el 19 de septiembre de 2017 y repartida al Juzgado de Primera Instancia n.º 10 de Vigo se registró con el núm. 684/2017. Una vez admitida a trámite, se emplazó a la parte demandada.
3.- La procuradora Maria Tamara Ucha Groba, en representación de Aseguradores Agrupados, contestó a la demanda mediante escrito en el que solicitaba:
“[...] se dicte sentencia desestimando la demanda formulada contra mi representada, con expresa imposición de costas a la demandante”.
4.- Tras seguirse los trámites correspondientes, la magistrada-juez del Juzgado de Primera Instancia n.º 10 de Vigo dictó sentencia n.º 89/2019, de 5 de abril, con la siguiente parte dispositiva:
“APRECIANDO LA FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA DE D.ª Ramona, DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO a ASEGURADORES AGRUPADOS S.A. (ASEGRUP) de los pedimentos de la demanda interpuesta por D.ª Ramona en nombre y representación de D.ª Olga.
Se impone el pago de las costas a la actora.”.
SEGUNDO.- Tramitación en segunda instancia
1.- La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de D..ª Ramona
2.- La resolución de este recurso correspondió a la sección 6.ª de la Audiencia Provincial de Pontevedra, que lo tramitó con el número de rollo 470/2019 y tras seguir los correspondientes trámites, dictó sentencia en fecha 27 de noviembre de 2019, cuya parte dispositiva establece:
“Estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora doña Marta Barreiro Carrillo, en nombre y representación de doña Ramona, contra la sentencia de fecha 5 de abril de 2019 dictada por el Juzgado de Primera Instancia n.º 10 de Vigo, procede revocar la misma y estimando parcialmente la demanda planteada por la Procuradora doña Marta Barreiro Carrillo, en nombre y representación de doña Ramona, condenamos a la entidad "ASEGURADORES AGRUPADOS, S.A." -ASEGRUP- a abonar a la demandante la suma de DIEZ MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS (10.185 euros), con los intereses legales reseñados y sin que proceda hacer especial imposición de las costas causadas en ambas instancias.
Procédase a la devolución del depósito constituido para recurrir”.
TERCERO.- Interposición y tramitación del recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación
1.- La procuradora Dña. Tamara Ucha Groba, en representación de Aseguradores Agrupados S.A., interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación.
Los motivos del recurso extraordinario por infracción procesal fueron:
“Único.- Al amparo del artículo 469.1.2.º de la LEC, por infracción de las normas procesales reguladoras de la sentencia, invocándose concretamente la infracción del artículo 218 apartado 1 de la LEC, por no reunir la sentencia el requisito de congruencia con la pretensión formulada en la demanda y en el recurso de apelación, al conceder indemnización a favor de una persona distinta a la persona para la cual se reclamaba la indemnización en el presente procedimiento”.
Los motivos del recurso de casación fueron:
“Primero.- Al amparo del artículo 477.2.3.º de la LEC, por infracción del artículo 28 de la Ley 50/80, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, que se considera cometida por la sentencia recurrida al no atender al valor del interés asegurado fijado en la póliza de seguro para el cálculo de la indemnización, estableciendo la suma indemnizatoria al margen de la regla valorativa fijada en la póliza de seguro para el cálculo de la indemnización.
Interés casacional: sentencia recurrida se opone a doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo respecto a la aplicación del artículo 28 LCS, contenida en sentencias de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo: sentencia núm. 953/2006 de 09-10-2006, sentencia núm. 376/2019 de 01-07-2019, sentencia núm. 401/2010 de 01-07-2010.
“Segundo.- Al amparo del artículo 477.2.3.º de la LEC, por infracción del artículo 26 de la Ley 50/80, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, que se considera cometida por la sentencia recurrida al condenar a la aseguradora demandada a satisfacer indemnización en cuantía superior al valor del interés asegurado (vehículo asegurado) en el momento inmediatamente anterior a la realización del siniestro, obviando el principio indemnizatorio, recogido en el artículo 26 LCS, conforme al cual el seguro no puede ser objeto de enriquecimiento injusto para el asegurado, y la regla contenida en el artículo 26 LCS, para la determinación del daño se atenderá al valor del interés asegurado en el momento inmediatamente anterior a la realización del siniestro.
Interés casacional: sentencia recurrida se opone a doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo en la aplicación del artículo 26 LCS, contenida en sentencias de la sala de lo civil del tribunal supremo.
“Tercero.- Al amparo del artículo 477.2.3.º de la LEC, por infracción del artículo 26 de la Ley 50/80, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, que se considera cometida por la sentencia recurrida al condenar a la aseguradora demandada a satisfacer indemnización en cuantía superior al valor del interés asegurado (vehículo asegurado) en el momento inmediatamente anterior a la realización del siniestro, obviando el principio indemnizatorio, recogido en el artículo 26 LCS, conforme al cual el seguro no puede ser objeto de enriquecimiento injusto para el asegurado, y la regla contenida en el artículo 26 LCS, para la determinación del daño se atenderá al valor del interés asegurado en el momento inmediatamente anterior a la realización del siniestro.
Interés casacional: por existir jurisprudencia contradictoria de las audiencias provinciales sobre la cuestión resuelta por la sentencia recurrida, respecto a si la suma indemnizable en caso de siniestro total, en el marco de un seguro voluntario de vehículo a motor, que incluye la cobertura de daños propios, debe ceñirse al valor del vehículo en el momento del siniestro o si debe incluir también un porcentaje de incremento en concepto de valor de afección.
“Cuarto.- Al amparo del artículo 477.2.3.º de la LEC, por infracción del artículo 1 de la Ley 50/80, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, que se considera cometida por la sentencia recurrida, al condenar a la aseguradora demandada a satisfacer indemnización en cuantía superior a la cobertura y limites pactados en el contrato. la sentencia recurrida condena a la aseguradora demandada a abonar la cantidad de 10.185 euros por el vehículo asegurado declarado siniestro total, si bien en el contrato de seguro se estableció que el capital asegurado indemnizable, en caso de siniestro total del vehículo asegurado, a partir del sexto año desde su matriculación, sería el valor venal del vehículo, cifrado en informe pericial que obra en las actuaciones -no rebatido- en la suma de 6.790 euros.
Interés casacional: la sentencia recurrida se opone a doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo en la interpretación y aplicación del artículo 1 LCS, contenida en sentencias de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.
“Quinto.- Al amparo del artículo 477.2.3.º de la LEC, por infracción, por inaplicación, del artículo 1.255 del Código Civil, en relación con el artículo 1.091 del Código Civil, que se considera cometida por la sentencia recurrida al fijar la suma indemnizable impuesta a la aseguradora demandada, al no ajustarse al tenor del contrato de seguro en virtud del cual se acciona.
Interés casacional: la sentencia recurrida se opone a doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo en la interpretación y aplicación del artículo 1.255, 1.096 del Código Civil, contenida en sentencias de la sala de lo civil del tribunal supremo.
2.- Las actuaciones fueron remitidas por la Audiencia Provincial a esta Sala, y las partes fueron emplazadas para comparecer ante ella. Una vez recibidas las actuaciones en la Sala y personadas las partes por medio de los procuradores mencionados en el encabezamiento, se dictó auto de fecha 15 de marzo de 2022, cuya parte dispositiva es como sigue:
“Admitir los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal interpuestos por la representación procesal de Aseguradores Agrupados S.A. (Asegrup) contra la sentencia dictada en segunda instancia el 27 de noviembre de 2019, por la Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 6.ª, sede en Vigo, en el rollo de apelación n.º 470/2019, dimanante del juicio ordinario n.º 684/2017, seguido ante Juzgado de Primera Instancia n.º 10 de Vigo”.
3.- Se dio traslado a la parte recurrida para que formalizara su oposición, lo que hizo mediante la presentación del correspondiente escrito.
4.- Al no solicitarse por las partes la celebración de vista pública se señaló para votación y fallo el 27 de noviembre de 2024, en que tuvo lugar.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Resumen de antecedentes
1.- El 16 de octubre de 2015, el vehículo matrícula NUM000, propiedad de Dña. Olga, resultó con daños materiales valorados en 32.585,06 €, producidos en un accidente de tráfico.
2.- En esa fecha, el mencionado vehículo estaba asegurado de daños propios (a todo riesgo) mediante una póliza suscrita por Dña. Ramona (madre de la propietaria) como tomadora y la compañía de seguros Aseguradores Agrupados S.A. de seguros (ASEGRUP).
3.- La tomadora del seguro interpuso una demanda contra la aseguradora en la que reclamó la cantidad a que ascendían los daños materiales del vehículo y los intereses del art. 20 de la Ley de Contrato de Seguro (LCS).
4.- La sentencia de primera instancia desestimó íntegramente la demanda, al considerar que como la demandante no era la propietaria del vehículo siniestrado carecía de legitimación activa para efectuar la reclamación de los daños.
5.- Recurrida la sentencia de primera instancia por la demandante, la Audiencia Provincial estimó el recurso de apelación. En lo que ahora importa, consideró que: (i) aunque la tomadora del seguro no fuera la propietaria del vehículo, estaba legitimada para reclamar, en cuanto que era parte en el contrato de seguro; (ii) la reparación del vehículo sería antieconómica, por su excesiva cuantía, por lo que la indemnización debe contraerse al valor venal más un 50%. Como consecuencia de ello, revocó la sentencia de primera instancia, estimó en parte la demanda y condenó a la aseguradora demandada a indemnizar a la demandante en la suma de 10.185 €, más los intereses del art. 20 LCS.
6.- ASEGRUP ha interpuesto un recurso extraordinario por infracción procesal y un recurso de casación.
Recurso extraordinario por infracción procesal
SEGUNDO.- Único motivo de infracción procesal. Congruencia. Legitimación activa del tomador del seguro
Planteamiento:
1.- El único motivo de infracción procesal, formulado al amparo del art. 469.12.º LEC, denuncia la infracción del art. 218.1 LEC, por incongruencia, al haber concedido la indemnización a una persona distinta de la que se indica en la demanda.
2.- En el desarrollo del motivo, la parte recurrente alega, resumidamente, que en la demanda se solicitó la indemnización para la propietaria del vehículo, mientras que la sentencia recurrida la concede a favor de la tomadora del seguro y demandante.
Decisión de la Sala:
1.- Como hemos declarado en múltiples resoluciones (por todas, sentencia 580/2016, de 30 de julio), la congruencia exige una correlación entre los pedimentos de las partes, oportunamente deducidos, y el fallo de la sentencia, teniendo en cuenta la petición y la causa de pedir. Adquiere relevancia constitucional, con infracción no sólo de los preceptos procesales ( art. 218.1 LEC), sino también del art. 24 CE, cuando afecta al principio de contradicción, si se modifican sustancialmente los términos del debate procesal, ya que de ello se deriva una indefensión a las partes, que al no tener conciencia del alcance de la controversia no pueden actuar adecuadamente en defensa de sus intereses.
2.- La Audiencia Provincial es consciente de la defectuosa redacción de la demanda, que puede inducir a confusión y así lo explica en su resolución, pero dentro de las facultades de integración de la pretensión que corresponde a los tribunales de instancia ( art. 424.2 LEC), a fin de evitar la falta de pronunciamiento por el planteamiento de pretensiones formalmente defectuosas, aprecia que la legitimación activa corresponde realmente a la tomadora del seguro, como se desprende de la propia demanda, aunque esta resulte poco clara al argumentar que la pretensión se ejercita en nombre de la tomadora del seguro pero en interés [económico] de la propietaria del vehículo accidentado.
3.- La decisión de la Audiencia Provincial es plenamente coherente con la regulación del contrato de seguro, habida cuenta que el art. 7 LCS establece que el tomador del seguro puede contratar el seguro por cuenta propia o ajena. Como explicó la sentencia 13/2022, de 12 de enero, en el seguro por cuenta ajena una persona (el contrayente o tomador ) contrata con un asegurador un seguro, actuando en nombre propio y asumiendo personalmente las obligaciones que emanan del contrato, pero haciéndolo por cuenta de un tercero (asegurado o beneficiario ), que es el titular del interés asegurado y el destinatario o beneficiario de la prestación del asegurador.
Por esta razón, que la tomadora del seguro no fuera la propietaria del vehículo no excluye ni su legitimación activa para reclamar, en cuanto que parte en el contrato de seguro, ni la cobertura del siniestro, puesto que lo relevante es que el vehículo accidentado estaba asegurado de daños propios con un seguro en vigor.
4.- En consecuencia, el recurso extraordinario por infracción procesal debe ser desestimado.
Recurso de casación
TERCERO.- Motivos del recurso casación. Planteamiento. Resolución conjunta
1.- El recurso de casación se funda en cinco motivos que, bajo distintos prismas, abordan una única cuestión litigiosa, la determinación de la indemnización sobre la base de lo pactado en la póliza y el problema del valor venal de un vehículo cuya reparación excede ampliamente de su valor de mercado, dada su antigüedad.
2.- El primer motivo de casación denuncia la infracción del art. 28 LCS, por no atender al valor asegurado fijado en la póliza.
En el desarrollo del motivo, la recurrente aduce, resumidamente, que la sentencia fija una suma indemnizatoria sin tener en cuenta la regla valorativa contenida en la póliza de seguro para el caso de siniestro total, por lo que únicamente debería haberse concedido el valor venal del vehículo, sin incremento porcentual alguno.
3.- El segundo motivo de casación denuncia la infracción del art. 26 LCS, al concederse una indemnización superior al interés asegurado.
Al desarrollar el motivo, la parte recurrente alega, sintéticamente, que la sentencia recurrida obvia el principio indemnizatorio y genera un enriquecimiento injusto para el asegurado. Además del incremento no pactado, la sentencia recurrida tampoco deduce el valor de los restos, valorados en 1.000 €. Por lo que la indemnización procedente hubiera sido de 5.670 € (6.670 € de valor venal menos los 1.000 € de valor de los restos).
4.- El tercer motivo de casación denuncia la infracción del art. 26 LCS, por incluir en la indemnización un concepto no asegurado, como es el denominado valor de afección.
5.- El cuarto motivo de casación denuncia la infracción del art. 1 LCS, porque la condena a la aseguradora excede la cobertura y los límites pactados en el contrato de seguro.
En el desarrollo del motivo, se insiste en que la indemnización debía haberse contraído al valor venal del vehículo.
6.- El quinto motivo de casación denuncia la infracción de los arts. 1255 y 1091 CC, por cuanto no se respeta lo pactado en el contrato.
7.- Como quiera que todos los motivos de casación se refieren a un único problema jurídico, se resolverán conjuntamente, para evitar inútiles reiteraciones.
CUARTO.- El interés asegurado y el valor venal de los vehículos a motor en casos de siniestro total
1.- En la póliza de seguro en la que se basa la pretensión ejercitada en la demanda se pactó que en caso de siniestro total del vehículo a partir del sexto año desde la primera matriculación el importe de la indemnización se correspondería con el valor venal. Y el valor de mercado del vehículo siniestrado ha sido fijado en la instancia en la suma de 6.670 €, habida cuenta de que cuando se produjo el accidente el vehículo tenía ya trece años.
2.- La sentencia de pleno 420/2020, de 14 de julio, que se pronunció sobre el problema de la valoración del vehículo en caso de siniestro total, en relación con el art. 26 LCS, partió de dos premisas: (i) el resarcimiento del daño tiene por finalidad devolver el patrimonio del perjudicado -en este caso, asegurado- a la situación en que se encontraría de no haber mediado el acto productor del daño, sin que pueda suponer un beneficio injustificado; y (ii) en los daños materiales de vehículos a motor, el resarcimiento se obtiene generalmente por medio de la efectiva reparación de los desperfectos en un taller especializado, pero no puede imponerse unilateralmente la reparación en los supuestos de siniestro total cuando su coste sea manifiestamente desproporcionado con respecto al valor del vehículo al tiempo del siniestro.
3.- Junto a tales premisas, la misma sentencia de pleno estableció que en estos casos no es contrario a derecho que el resarcimiento se lleve a efecto mediante la fijación de una indemnización equivalente al precio del vehículo siniestrado, más un cantidad porcentual, el precio o valor de afección, que comprenderá el importe de los gastos administrativos, dificultades de encontrar un vehículo similar e incertidumbre sobre su funcionamiento, entre otras circunstancias, apreciables por los órganos de instancia en su función valorativa del daño. Y ello, porque los vehículos de motor son bienes perecederos, que se deterioran y agotan con su uso y, por lo tanto, se devalúan con el tiempo, por lo que es habitual que sus dueños se vean obligados a sustituirlos por otros, dándolos de baja o vendiéndolos a terceros, cuando todavía conservan un valor de uso susceptible de transmisión onerosa. Pero, al tiempo, también deben valorarse las dificultades antes señaladas para encontrar otro vehículo en un estado de conservación y uso similar, o la asunción de gastos administrativos y de transacción (valor de afección).
4.- La sentencia recurrida se ajusta a tales parámetros, pues sin apartarse de lo pactado en la póliza, interpreta correctamente que el término valor venal no se refiere solamente al estricto valor de venta del vehículo siniestrado en un mercado de segunda mano en función de su antigüedad y características, sino que también incluye el llamado valor de afección, que en este caso, y en uso de sus facultades valorativas, cifra en un 50%. Y precisamente por ello, no hace disminución alguna por el valor de los restos, porque esa aminoración no estaba prevista en la póliza.
5.- Lo expuesto debe conducir a la desestimación del recurso de casación.
QUINTO.- Costas y depósitos
1.- La desestimación del recurso extraordinario por infracción procesal y del recurso de casación conlleva que se impongan las costas causadas por ellos a la parte recurrente, según ordena el art. 398.1 LEC.
2.- Asimismo, debe ordenarse la pérdida de los depósitos constituidos para la formulación de tales recursos extraordinarios, de conformidad con la disposición adicional 15.ª, apartado 9, LOPJ.
F A L L O
Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido:
1.º- Desestimar el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación interpuestos por Aseguradores Agrupados S.A. (ASEGRUP) contra la sentencia núm. 562/2019, de 27 de noviembre, dictada por la Audiencia Provincial de Pontevedra (Sección 6.ª, sede Vigo), en el recurso de apelación núm. 470/2019.
2.º- Imponer a la recurrente las costas causadas por tales recursos y ordenar la pérdida de los depósitos constituidos para su formulación.
Líbrese al mencionado tribunal la certificación correspondiente, con devolución de los autos y del rollo de Sala.
Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.
Así se acuerda y firma.
