MADRID, 4 (EUROPA PRESS)
Se trata de los partidos judiciales de Alcalá de Henares, Móstoles y Torrejón de Ardoz, con la adhesión de los jueces decanos de Alcobendas, Aranjuez, Arganda, Pozuelo de Alrcón, Collado Villalba, Coslada, Fuenlabrada, Leganés, Majadahonda, Navalcarnero, Parla, Torrelaguna y Valdemoro.
Los decanos denuncian que ello supondría la pérdida de hasta 1/4 parte de los recursos personales y materiales que en la actualidad se destinan a la persecución de los delitos.
Así, los partidos judiciales de Alcalá de Henares y Móstoles, con 6 juzgados de instrucción y el partido judicial de Torrejón de Ardoz, con 4 juzgados de instrucción, pasarían a contar solo con 5 y 3 juzgados respectivamente, para atender a poblaciones de 244.466, 343.600 y 232.777 habitantes.
"INVIABLE" LA TRANSFORMACIÓN
Para el colectivo, resulta "inviable" por varias razones, entre ellas por el hecho de que los jueces de Instrucción de Guardia de la periferia de Madrid sustituyen a los Jueces de Violencia Sobre la Mujer las 24 horas del día de 180 días al año.
Así lo evidencia un sencillo cálculo de los días en que el Juez del Juzgado de Violencia Sobre la Mujer debe ser sustituido por el Juez del Juzgado de Instrucción de Guardia: 24 días vacaciones anuales 18 días de permiso anuales 52 sábados 52 domingos 12 festivos nacionales 2 festivos locales 10 días de formación (promedio).
Los Jueces de Instrucción de Guardia de la periferia de Madrid, fuera de esos 180 días, sustituyen a los Jueces de Violencia Sobre la Mujer todas las tardes y noches de cada uno de los 365 días del año.
Esto se produce al no existir un servicio de guardia de los Juzgados de Violencia Sobre la Mujer de la periferia de Madrid, todos los asuntos penales de su competencia que se susciten fuera de las horas de audiencia de dichos juzgados, son conocidos por el Juez de Instrucción de Guardia.
Para el colectivo, la transformación de los citados órganos judiciales supondría un incremento de las guardias a realizar por los Jueces de Instrucción con grave riesgo de comprometer la capacidad para resolver con acierto los asuntos que se susciten, entre ellos las medidas cautelares a proveer en materia competencia de los Juzgados de Violencia Sobre la Mujer.
La transformación supondría también un incremento del volumen de asuntos a tramitar en el juzgado de instrucción de hasta un 25% más, con un inevitable aumento de pendencia, y una más que probable ralentización en la respuesta en perjuicio de las víctimas.
