BILBAO, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -
En el encuentro, que se celebrará en el Auditorio de la Fundación BBK de la capital vizcaína, analizará el reto que supone para el Derecho del Consumo la cada vez más amplia utilización de sistemas de IA en las relaciones de empresarios y corporaciones con sus clientes, y la nueva organización de los Tribunales de Instancia, que será una realidad a finales de 2025, como consecuencia del desarrollo e implementación de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
Las jornadas cuentan con el patrocinio del Kontsumobide, y los Departamentos de Turismo y Consumo, y Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, con la colaboración de la Fundación BBK y el Colegio Notarial Vasco.
El acto inaugural del encuentro se celebrará el día 3, a partir a las 9.30 horas, y en él participarán el consejero de Turismo y Consumo, Javier Hurtado; la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José; el decano del Colegio Notarial del País Vasco, Ángel Anclares Valle, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Iñaki Subijana.
Este evento pretende abordar la protección de las personas consumidoras a partir de la entrada en vigor de la reforma legal que generaliza los Tribunales de Instancia.
Tal como asegura JJpD, dentro de su sección civil será necesario atribuir a algunos equipos de trabajo la labor de conocer pretensiones y demandas de las personas consumidoras, particularmente en el caso de la contratación bancaria derivada de contratos de préstamo con garantía hipotecaria, que hasta ahora se gestionaban por juzgados especializados que acogen un elevadísimo número de reclamaciones de particulares.
Por ello, señala que la reorganización del trabajo judicial debe perseguir que en las secciones especializadas en consumo de los tribunales de instancia se dé "respuesta judicial eficaz, rápida y de calidad, evitando los enormes retrasos que hasta la fecha padecen las reclamaciones de este tipo, particularmente cuando se encauzan a través de los actuales juzgados especializados".
De esta forma, se pretenden estudiar fórmulas organizativas como acumulación de autos de oficio, pleitos testigo y extensión de efectos, que permiten extender la respuesta judicial a un numeroso grupo de asuntos de naturaleza homogénea, evitando que las reclamaciones individuales colapsen los limitados recursos de la administración de justicia.
Además, se analizará el proyecto de Directiva (UE) 2020/1828 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2020 relativa a las acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores, y por la que se deroga la Directiva 2009/22/CE, que debiera haberse incorporado al ordenamiento jurídico español en el año 2022.
UTILIZACIÓN DE LA IA
Otra cuestión que será objeto de estudio en las jornadas es el amplísimo uso de sistema de IA que emplean despachos y compañías que acuden a los tribunales en defensa de los consumidores o en reclamación de cantidades frente a estos cuando se les han cedido créditos insatisfechos.
Esta herramienta multiplica el número de demandas, de naturaleza reiterativa, que son difícilmente asumibles por una organización judicial de muy limitado tamaño y capacidad de respuesta. "En los tribunales deben comenzar a emplearse para dar respuesta a este fenómeno de litigiosidad masiva, de modo que la reiteración de litigios tenga también una tramitación estandarizada, y la función judicial pueda auxiliarse de sistemas de IA que no sean privadas, sino potenciadas por las administraciones públicas, para evitar sesgos y la cesión de datos personales", ha indicado la asociación judicial.
Juezas y Jueces para la Democracia cree que será preciso analizar también "la necesaria supervisión y control humano del empleo de estas herramientas, que pese a su eficacia no pueden operar sin tal control judicial".
