MURCIA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -
Los mensajes, publicados entre noviembre de 2018 y septiembre de 2019, incluían "contenido ofensivo contra los ciudadanos extranjeros en general y, en especial, a los pertenecientes al colectivo musulmán, con la finalidad de humillarles y faltarles al respeto, atacando su religión y su forma de vida".
El Ministerio Fiscal estimó que los hechos eran constitutivos de un delito de odio, que castiga la incitación a la discriminación, la violencia y el odio contra grupos o personas por razones de raza, etnia, religión, orientación sexual, discapacidad, entre otros, tipificado en el artículo 510 del Código Penal. En concreto, en las modalidades del apartado 1 a) y 3 por hacerlo públicamente y distribuyendo la información a través de redes sociales.
Además, la acusación pública, entendía que concurría en este caso la circunstancia modificativa muy cualificada de dilaciones indebidas.
Según el relato contenido en el escrito de acusación, en sus comentarios a noticias en blog o webs de medios de comunicación, el acusado, desde su perfil público de una red social, accesible sin restricciones, con su nombre y apellidos, incitaba explícitamente al odio y a la violencia, promoviendo agresiones físicas y actos de exterminio contra estas comunidades.
Entre los mensajes publicados destacan expresiones como "ya han pasado de robar y violar a matar a ellos cuando les toca"; "Esto otro que merece inyección letal los otros 14 moros sarnosos"; "Hijos de puta es la hora de salir y matarlos" o "Hay que juntarse 500 personas y asaltar el cuartel donde estén y matarlos".
El acusado reconoció haber publicado estos comentarios y mostró expresamente su conformidad con la calificación jurídica y penas solicitadas por el Ministerio Fiscal, por lo que, la resolución judicial, de conformidad entre las partes, impone al acusado una pena de dos años de prisión, una multa de cuatro meses con una cuota diaria de 5 euros y la inhabilitación especial para profesiones en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre durante cinco años.
La pena privativa de libertad ha sido suspendida por un período de tres años con la condición de no reincidir en actos delictivos.
Asimismo, la sentencia dispone la destrucción, borrado e inutilización de todos los archivos y documentos encontrados en relación con los mensajes publicados por el condenado. La sentencia fue declarada firme al finalizar el acto del juicio, mostrando las partes la voluntad de no recurrirla.
