MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -
Según ha indicado este martes el CERMI, esta figura es "clave" en el apoyo y asistencia de las personas con discapacidad, así como en el ejercicio de su derecho de acceso a la Administración de Justicia.
Asimismo, ha recordado que esta figura tuvo su primer "reflejo normativo" en la Ley que reformó el Derecho Civil español para adaptarlo a los mandatos del artículo 12 sobre igual capacidad jurídica de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Si bien, ha destacado que "es necesario aprobar una disposición de rango reglamentario de ámbito estatal -real decreto de desarrollo- que precise y detalle todos los aspectos de la misma".
En este sentido, el CERMI elaboró en 2023 una propuesta de regulación reglamentaria sobre el facilitador judicial que hizo llegar a los ministerios de Justicia y de Derechos Sociales como posición del sector social de la discapacidad en la materia, "a fin de proporcionar materiales inspiradores que ayudaran a su configuración normativa".
A juicio del CERMI, "no debe demorarse más la aprobación de este real decreto, sin el cual el facilitador procesal no podrá consolidarse y expandirse en el sistema judicial español, quedando debilitado gravemente el derecho de acceso a la Justicia que deben tener garantizado todas las personas con discapacidad".
