MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -
Concretamente se ha dado este jueves en Pleno luz verde a la Ley de Adaptación Normativa de la Comunidad a la nueva terminología para referirse a las personas con discapacidad, que entrará en vigor tras su próxima publicación en el Boletín Oficial regional (BOCM).
PP, Más Madrid y Vox han votado a favor, mientras que el PSOE se ha abstenido. Desde los partidos de la oposición has mostrado su conformidad con el cambio pero han pedido al Gobierno regional ir más allá y modificar también los términos del Estatuto de Autonomía.
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha defendido que ha sido una "iniciativa necesaria" en la que han trabajado "en plena colaboración" con Cermi Madrid y también "con el resto de entidades representativas del sector de la discapacidad".
"Desde el Gobierno regional queremos contribuir al bienestar de las personas, de todas las personas, también las personas que presentan algún tipo de discapacidad, mejorar su calidad de vida, mejorar su autonomía y su mayor independencia. Nuestra región lleva décadas siendo referente en su plena inclusión y lo estamos logrando con medidas pioneras y beneficiosas", ha subrayado.
La ley revisa 11 disposiciones legislativas para adecuar su terminología y se han modificado una veintena de expresiones. Además, el mes pasado se aprobó en Consejo de Gobierno también un decreto que tiene la misma finalidad que esta Ley. En este caso, se han analizado 19 disposiciones reglamentarias y se ha cambiado más de un centenar de términos.
Tanto con la Ley como con el Decreto se sustituyen las referencias peyorativas para las personas con discapacidad en todo el cuerpo normativo de la Administración regional como, por ejemplo, en la Ley 1/1986 de la Función Pública de la Comunidad de Madrid y la Ley 8/1993 en Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas.
El principal objetivo del Ejecutivo madrileño es "aunar esfuerzos para avanzar en el reconocimiento pleno de los derechos de las personas con discapacidad, de la mano también de las organizaciones que representan a este colectivo.
Además, en el texto se garantiza "un lenguaje apropiado y respetuoso en el ámbito de la discapacidad, tanto en las disposiciones normativas como en las resoluciones, actos, comunicaciones y manifestaciones de sus autoridades y empleados públicos".
