PREPARAR LA BATALLA CONTRA LA CIBERGUERRA
Cuando uno vive en un país donde nadie más joven que sus abuelos ha tenido que luchar en el frente, cuesta explicar la sensación que supone poder vivir en paz. Pero hace unas semanas, Josep Borrell, en una entrevista que Manuel Campo Vidal le hizo en su condición de Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, lo expresó de una manera que -a mi juicio- representa muy certeramente esa falsa sensación de los europeos que nos lleva a creer que vivimos en un mundo pacífico: “A ningún joven español se le pasa por la imaginación que le puedan dar una bayoneta para ir a matar a su compañero de Erasmus del verano pasado. Eso está fuera del horizonte imaginario de los jóvenes europeos”. Esto es extraordinario, único en nuestra historia y un punto singular en el mundo, añadía el también vicepresidente de la Comisión Europea.
Tan solo unas semanas más tarde, la ministra de Defensa española, Margarita Robles, al ser preguntada acerca del llamamiento de varios líderes europeos al rearme de la Unión Europea no dudó en afirmar que “la amenaza es total y absoluta. [] Europa tiene que ser consciente de que el peligro está muy cerca; no es una pura hipótesis, es real”.
Pocos días después, la prensa española alertaba de que la Unión Europea pedía a la ciudadanía prepararse para afrontar “todos los peligros” ante una cercana amenaza militar que podía incluir aspectos vinculados a lo que se conoce como ciberguerra. Lo que incluye “ciberataques que paralicen los servicios, agresiones a infraestructuras civiles -como instalaciones energéticas o cables de telecomunicaciones- y campañas masivas de desinformación”.
Sin duda, poner el foco en la necesidad de preparación militar de la sociedad civil a la vista de la creciente amenaza del Este marca un cambio de patrón en el tono de las comunicaciones de la Unión Europea, que afecta a la concienciación de Europa en general, y de España en particular, sobre la urgencia de prepararse para afrontar estas nuevas y complejas amenazas cibernéticas.
Efectivamente, desde la óptica europea, en noviembre de 2022 ya se anunciaba una iniciativa regulatoria para crear un “ciberescudo europeo”. Entre los objetivos marcados por esta nueva propuesta normativa, titulada Reglamento de cibersolidaridad o Cybersolidarity Act, destaca la creación de una reserva de ciberseguridad. Según afirma la propia Comisión Europea, consistirá en regular la respuesta a posibles incidentes en este ámbito a través de proveedores confiables de servicios privados de seguridad. Estos equipos podrán desplegarse a petición de los Estados miembros, o de las instituciones de la Unión, para ayudarlos a abordar incidentes de ciberseguridad significativos o a gran escala.
Sin perjuicio de la previsible tramitación favorable de esta iniciativa europea, España también lleva algún tiempo estudiando la viabilidad de diseñar una ciberreserva propia, partiendo de la experiencia acumulada por iniciativas similares ya implantadas con éxito en otros Estados, como es el caso de Francia, Estados Unidos, Israel, Estonia o Reino Unido.
En esta línea, el 25 de marzo de 2020, el Partido Popular presentó una propuesta no de ley que (bajo el título de Proposición no de Ley relativa a la creación y regulación de la Reserva Estratégica de talento en ciberseguridad dependiente del Ministerio de Defensa para evitar los ciberataques a las instituciones en situaciones de crisis) tenía como objetivo la constitución de una reserva especializada en la lucha contra este tipo de amenazas y su gestión desde una visión multidisciplinar.
Un año después, la Comisión parlamentaria de Defensa acordó aprobar la citada proposición, instando al Gobierno a “estudiar la creación de una reserva estratégica de talento en ciberseguridad, con componente civil y militar, que permita reforzar las capacidades del Ministerio de Defensa en apoyo de sus necesidades dentro del ámbito específico de la ciberdefensa, gracias a la selección de personas que por su experiencia y conocimientos técnicos o de otra índole mejoren las capacidades existentes”.
Esta propuesta tuvo el apoyo inicial, con ciertos matices, del resto de formaciones políticas (en particular de Vox, Ciudadanos y Unidas Podemos), mientras que el PSOE parecía posicionarse a favor de confiar en los agentes públicos ya existentes en esta materia y reclamaba un análisis más detenido de la cuestión.
Recientemente, el 8 de marzo de 2024, el Partido Popular volvió a presentar ante la Comisión de Defensa del Congreso una nueva proposición no de ley (“relativa a la creación y regulación de la Reserva Estratégica de Talento en Ciberseguridad dependiente del Ministerio de Defensa para evitar los ciberataques a las instituciones en situaciones de crisis”). Lo justificó afirmando que en este momento existe una necesidad urgente de contar con una reserva estratégica en materia de ciberdefensa para combatir las amenazas exteriores a nuestro país y a cualquier miembro de la Unión Europea. Aunque conviene resaltar que, más allá de las iniciativas partidistas, nos encontramos ante una iniciativa ciudadana.
La ciberreserva puede definirse como una fuerza complementaria, compuesta por profesionales voluntarios del ámbito civil, académico o del sector público, con capacidades acreditables, para colaborar con los organismos competentes en la protección contra las amenazas cibernéticas en situaciones de crisis o emergencia en que puedan requerirse sus conocimientos o habilidades.
En este caso, la propuesta de ciberreserva planteada por España es un concepto que recuerda al de las reservas militares tradicionales, aunque no está centrada en conflictos armados, sino en la defensa contra ciberataques que, por su gravedad e impacto, alcanzan un nivel lo suficientemente grave como para considerarse una amenaza directa para la seguridad nacional.
No cabe duda de que la constitución de un cuerpo de esta naturaleza puede aportar una serie de beneficios significativos en el ámbito de la ciberseguridad nacional. Por ejemplo, en caso de que se detecte un ataque cibernético de gran magnitud, la ciberreserva podría suponer un respaldo eficaz a los recursos públicos existentes, ayudando a mitigar los efectos de un incidente (también desde otros puntos de vista, como el jurídico o el de la comunicación) y, en su caso, a asegurar la continuidad de los servicios críticos o estratégicos que puedan haberse visto afectados.
Ahora bien, una propuesta de esta naturaleza también plantea retos, en particular presupuestarios, que incluyen tanto los gastos de su creación como los de la retribución a las personas que componen la reserva cibernética. Con respecto a este extremo, todos coinciden en la necesidad de recompensar a quienes voluntariamente dedican su tiempo a ayudar a defender la democracia y el Estado de derecho, pudiendo plantearse distintos modelos de retribución o recompensa, tanto material como inmaterial.
También se identifican retos operativos, ya que, al ser la rapidez en la respuesta el elemento clave en la eficaz gestión de un incidente grave, la ciberreserva deberá ser un recurso con un alto nivel de disponibilidad para actuar. Esto último plantea la necesidad de un adecuado encaje de complementariedad entre la ciberreserva y los compromisos profesionales de cada integrante.
Sea como fuere, en lo que sí hay pleno consenso es en que a través de una ciberreserva el Estado ofrece a sus ciudadanos la oportunidad de formar parte de un proyecto común al que poder aportar su talento, y de demostrar su compromiso social y con la protección del bien común, a través de una herramienta que permitiría obtener la mayor de las recompensas: la de ayudar a proteger lo más valioso que tenemos, esto es, la paz.
