En la cita se ha deliberado también sobre el papel de la Inteligencia Artificial en la Justicia que, según Olmedo, puede contribuir a identificar y reportar discursos de odio y discriminación en línea.
España ha defendido la utilidad de la Inteligencia Artificial para fortalecer la eficacia y accesibilidad de los sistemas de Justicia y para garantizar el respeto de los derechos fundamentales, destacando la necesidad de que su implementación se realice desde parámetros de ética y transparencia.
Olmedo ha expuesto los avances de España en el desarrollo e implantación de tecnologías basadas en la Inteligencia Artificial para mejorar la eficiencia y accesibilidad de los servicios judiciales, en aspectos como la anonimización de documentos, la clasificación documental, el resumen automatizado de documentos judiciales, la textualización de grabaciones, la eliminación automática de antecedentes penales o el sistema de lectura fácil.
En el capítulo relacionado con la cooperación judicial, España ha reiterado la necesidad de consolidar los instrumentos legislativos adoptados en la esfera penal en años pasados, la Fiscalía Europea, y el reconocimiento mutuo de las decisiones judiciales.
