MADRID, 28 (EUROPA PRESS)
Los magistrados han declarado la inadmisibilidad de los recursos por falta de legitimación, una decisión que han adoptado después de que ya en septiembre y octubre de 2023 fijaran que dichos indultos no podían ser recurridos ni por partidos políticos ni por diputados. Ahora, cierran la puerta también al exdelegado del Gobierno en Cataluña.
La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha recordado la jurisprudencia del tribunal, por la que se ha determinado que solo gozan de legitimación aquellos que sean víctimas, perjudicados u ofendidos por los delitos que se han indultado.
En este sentido, el Supremo ha considerado que este no es el caso y que, por tanto, Enric Millo no puede recurrir los Reales Decretos por los que se indultó a los condenados del 'procés'.
EL PERIPLO JUDICIAL
La Sección Quinta ya resolvió inicialmente, en enero de 2022, que ni Millo ni ninguno de los recurrentes --partidos, diputados, asociaciones y particulares-- estaban facultados para impugnar los indultos al considerar que carecían de un interés legítimo para ello.
Sin embargo, en mayo de ese mismo año, y tras un cambio de composición de la Sección Quinta, los magistrados rectificaron y estimaron los recursos de las formaciones políticas, los diputados y un particular, anticipando que se pronunciarían sobre la legitimación al dictar sentencia.
Al apreciar esta falta de capacidad de Vox y los tres exdiputados de Ciudadanos para recurrir los indultos del expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez y del expresidente de Òmnium Cultural Jordi Cuixart, finalmente los magistrados ni siquiera entraron a estudiar el fondo del asunto, por lo que el Supremo no se pronunció sobre la legalidad de la medida de gracia otorgada por Moncloa.
Cabe recordar que tanto Vox, como PP, ex diputados 'populares' y de Ciudadanos, y el exdelegado del Gobierno en Cataluña Enric Millo presentaron recursos contra los indultos de los nueve condenados del 'procés'.
El Supremo ya archivó en mayo de 2023 los recursos interpuestos contra los indultos a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y los exconsejeros Joaquim Forn y Josep Rull, sentenciados a penas de entre 10 y 11 años y medio de cárcel por el 'procés', al considerar que habían perdido su objeto por la derogación del delito de sedición al que fueron condenados.
