MADRID, 22 (EUROPA PRESS)
En un comunicado, y precisamente tras el anuncio del Ayuntamiento de Barcelona, que prevé eliminar todos los pisos turísticos en noviembre de 2028, la asociación judicial ha defendido este marco normativo de ámbito nacional para que sea aplicado por los consistorios de forma semejante, que evite "que un negocio como el alquiler de viviendas turísticas genere la expulsión vecinal, problemas de convivencia y la modificación de la sociología" de las ciudades españolas.
Según JJpD, la aparición de plataformas dedicadas al alquiler turístico ofrecen alternativas más económicas y ventajosas que los hoteles para viajar y, además, ayuda a los propietarios a rentabilizar sus propiedades.
Sin embargo, la asociación ha denunciado que la proliferación de los apartamentos turísticos gestionados por diversas plataformas ha supuesto que el destino de viviendas para fines turísticos en España haya experimentado un gran incremento, y que represente "un porcentaje del 1,33% del total de viviendas en territorio español".
Por ello, han lamentado que lo que surgió como una forma de economía colaborativa se haya convertido en una causa de la subida del precio de la vivienda y en la "expulsión de la población local del centro de las ciudades, generalmente personas ancianas" además de la masificación y sobreexplotación turística.
