SEVILLA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -
La herramienta con la que la Junta busca esa agilización es una orden cuyas bases reguladoras ya están en consulta pública, tal como ha consultado Europa Press. Con esta orden, la concesión de ayudas a los colegios de procuradores de Andalucía estará ya "reglada y fijada". En 2021 y 2022, cuando se estrenó este servicio, el más de medio millón de euros que se destinó se articuló mediante un convenio con el Consejo Andaluz de Colegios de Procuradores. En 2023, los 255.000 euros reservados se repartieron mediante una convocatoria excepcional. A partir de 2024, la orden que se está tramitando es la que se aplicará. Desde 2021, se hacen alrededor de 6.600 actuaciones al año.
Fuentes de la Consejería instan a los jueces andaluces a dar a conocer entre las víctimas de violencia de género la existencia de este servicio gratuito ya que con él se evita la "revictimización". Al contar con un procurador, no es necesaria la presencia de la víctima en los juzgados para los trámites judiciales que sean necesarios en su caso. "En la práctica procesal, sólo la intervención profesional de la abogacía es la que tiene que estar garantizada para las víctimas de violencia de género, y ello pese a la importante labor que en el proceso penal cumplen los profesionales de la procura", ya que facilitan la "inmediata y eficaz" comunicación del juzgado o tribunal con la parte a la que representa.
Por esta razón, la Junta considera "esencial y de interés público arbitrar un mecanismo que permita a las víctimas disponer de la representación procesal a través de procurador durante todo el proceso penal, máxime si tenemos en cuenta la importante labor dinamizadora que dicho profesional puede desempeñar" en el proceso penal, "fundamentalmente, en lo relativo a la agilización de las comunicaciones entre la víctima y el órgano jurisdiccional".
