MADRID, 8 (EUROPA PRESS)
El jefe del Ministerio Público ha contestado así a la Cámara Alta en una misiva firmada este mismo lunes, a la que ha tenido acceso Europa Press, después de que el pasado 27 de marzo la Mesa del Senado --con mayoría del PP-- volviera a pedir al Consejo Fiscal un informe sobre la norma que pretende amnistiar una década del proceso independentista catalán.
Para García Ortiz, el acuerdo en el que se reitera la solicitud adolece de "fundamentación alguna, pese a los argumentos esgrimidos en la carta" que envió el 25 de enero. En este sentido, ha vuelto a alegar la "inviabilidad de que el Consejo Fiscal emita informe en relación con la referida proposición de ley orgánica en atención a los motivos ya expuestos en mi anterior comunicación".
En la respuesta dada en enero, el fiscal general explicaba que había un "obstáculo legal" para informar al Senado --en referencia a la falta de competencia del Consejo Fiscal--, pero admitía que, aunque la Fiscalía sí podría redactarlo, tampoco lo haría para no "alterar" el funcionamiento del Ministerio Público de cara a futuros litigios.
INSISTE EN NO ALTERAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA FISCALÍA
García Ortiz argumentaba que el artículo 14.4.j del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) "únicamente prevé la intervención del Consejo Fiscal para informar de proyectos de ley o normas reglamentarias que afecten a la estructura, organización y funciones del Ministerio Público".
"No está legalmente prevista, por el contrario, su labor informante o consultiva en proposiciones de ley en tramitación ante el Parlamento", sostenía en aquella carta, a la que también tuvo acceso Europa Press.
El fiscal general aclaró entonces que en este caso no era posible cooperar con el Senado por "el objeto y la trascendencia jurídica de la iniciativa legislativa", ya que cuando la amnistía entre en vigor "conllevará la fijación de criterios unitarios de actuación" de la Fiscalía en los tribunales.
García Ortiz incidió en que un informe sobre la proposición de ley orgánica de amnistía emitido por el fiscal general del Estado supondría "alterar el normal funcionamiento de la institución, invadir espacios y competencias propias de la estructura organizativa de la Fiscalía española en su toma de decisiones".
