MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
En una sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press, la Sala de lo Contencioso-Administrativo estima el recurso presentado por Stampa frente a la negativa de la fiscal jefe inspectora en julio de 2023 a dejarle acceder a esas diligencias, decisión dictada "por delegación del fiscal general del Estado", Álvaro García Ortiz.
Además, los magistrados imponen a la Abogacía del Estado, que pidió al Supremo que desestimara el recurso del fiscal, el pago de costas de hasta un máximo de 3.000 euros.
Stampa había solicitado una copia íntegra y certificada de todas las diligencias que se abrieron tras la denuncia. Le comunicaron que fueron archivadas, pero no le permitieron acceder a las mismas alegando precisamente el archivo y el fin de la tramitación.
El Supremo señala que las personas con un interés legítimo tienen derecho a conocer la información y los datos relativos a ellas que aparecen en procedimientos administrativos ya concluidos.
"Ello es especialmente claro cuando de empleados públicos se trata, pues su situación de dependencia con respecto a la Administración exige que haya medios adecuados de garantía y protección", razonan los magistrados, para subrayar que el argumento dado por la Fiscalía "no es válido para denegar la solicitud" de acceso a las diligencias por parte de Stampa.
EXFISCAL DEL 'CASO VILLAREJO'
Stampa fue fiscal anticorrupción adscrito al 'caso Villarejo' hasta que fue apartado al ser cuestionado por su presunta relación con una de las abogadas del partido Podemos en la pieza 'Dina' de la macrocausa. No obstante, la Inspección Fiscal archivó la investigación interna tras descartar que revelara secretos a la formación política.
Una vez apartado, comenzó en 2020 su labor en la Fiscalía de Madrid, ya que ejercía en Anticorrupción en comisión de servicios, por lo que tuvo que volver a su puesto en la Fiscalía de Madrid, donde el Gobierno le adjudicó una plaza vacante de la segunda categoría en junio de 2023.
La decisión de la entonces fiscal general del Estado, Dolores Delgado, de no otorgarle una de las ocho plazas fijas en la Fiscalía Anticorrupción le dejó fuera de esta fiscalía especial y de todos los casos en los que estaba participando hasta el momento.
