El Mundo 09.02.24
PREGUNTA. PSOE, Junts y ERC sacaron adelante la Ley de Amnistía en la Comisión de Justicia el pasado jueves. ¿Qué valoración hace de las modificaciones introducidas?
RESPUESTA. Las enmiendas parecen realizarse para asegurar la amnistía frente a eventuales cuestiones prejudiciales que pueden plantear jueces y tribunales españoles llevando al Tribunal de Justicia de la UE consultas sobre la conformidad con el Derecho de la UE de la amnistía a delitos de terrorismo y malversación. Ninguno de los hechos que se quieren amnistiar son para mí terrorismo. En esta opinión estoy conforme con la sentencia del 14 de octubre de 2019 en la que el Tribunal Supremo (TS) condenó por sedición y malversación a los dirigentes del procés, pero en ningún momento llegó a manejar la hipótesis de aplicar el artículo 573 del Código Penal por terrorismo, vigente desde julio de 2015. La Sala Segunda del TS ha cambiado su posición en su auto del pasado 29 de febrero, admitiendo su competencia para tramitar diligencias contra Puigdemont por delito de terrorismo por los hechos de Tsunami Democràtic en el aeropuerto de El Prat. Ese cambio de interpretación no será aceptado en Europa en un delito que se quiere sea semejante en el espacio europeo de justicia, pues llevaría a que, en toda Europa, se entendiera que, por ejemplo, eran terroristas los chalecos amarillos en Francia, los tractoristas que en los últimos días asediaron las sedes de la UE en Bélgica o los que en Zaragoza se enfrentaron violentamente a las fuerzas del orden público, por no mencionar los actos de violencia y coacción en Ferraz.
P. El Gobierno ha calificado de “histórica” esta norma. ¿El texto acordado en la Comisión de Justicia incorpora todas las exigencias de Junts?
R. Las enmiendas sobre la malversación para excluir de la misma a los que se beneficiaron del dinero público para lucrarse personalmente, pero no a los que lo hicieron sin beneficio personal para apoyar el procés, pretenden que el Tribunal de Justicia de la UE no ponga objeciones a la amnistía en esas condiciones. Pero está por ver si eso se consigue. Una de las enmiendas transaccionales modifica la exclusión total de la amnistía por delito de traición que se contenía en el texto que debatió ya el Congreso en enero. Lo hace para permitir ahora la aplicación de la amnistía a delitos de traición en el supuesto de que no se haya producido “una amenaza real y efectiva” o “un efectivo uso de la fuerza en contra de la integridad territorial o la independencia política de España”. Este cambio resulta oscuro, inexplicable e inaceptable, por lo que exigirá una explicación política al máximo nivel sobre a qué se refiere, aclarando que en ningún caso se puede referir a amnistiar inadmisibles contactos con Rusia en apoyo del procés.
P. Sostiene que la amnistía es constitucional, aunque “políticamente inaceptable”. ¿Por qué?
R. La amnistía y los indultos son dos manifestaciones del derecho de gracia, tal como reconocieron los reales decretos de amnistía e indulto de marzo de 1977. Aunque sean anteriores a la Constitución de 1978, expresan la idea tradicional de que son cosas diferentes. Algunos juristas afirman que, como los indultos generales están prohibidos, con mayor motivo la amnistía. Esa forma de razonar no vale por tratarse de dos especies distintas del derecho de gracia que la Constitución autoriza. La Constitución prohíbe los indultos generales, que nada tienen que ver con la amnistía, lo que no impide ni los individuales ni los especiales, como huelgas o desórdenes de carácter social, frecuentes en nuestra historia. Por otra parte, sostener que la Constitución impide radicalmente las amnistías es atarse las manos, si en algún momento fueran necesarias. En el caso de los independentistas, no se dan las circunstancias para una amnistía, pues no solo no hay renuncia a volver a intentarlo fuera de las vías constitucionales, sino que Junts dice sentirse vinculado por el supuesto mandato del 1 de octubre, que implica la secesión unilateral.
P. ¿La amnistía quiebra el Estado de Derecho y la separación de poderes?
R. No vulnera la separación de poderes por intromisión en el Poder Judicial ni afecta a la igualdad de forma contraria a la Constitución, ya que esta misma prevé el derecho de gracia.
Por esa regla de tres, también lo quebraría conceder indultos, y esto nunca nadie lo ha dicho hasta ahora después de 45 años de Constitución.
P. El indulto borra la pena. La amnistía borra el delito. Y se va a conceder a personas que no se han sometido a la justicia.
R. La legislación sobre indultos, que está vigente desde 1870, permite los indultos antes de abrir juicio oral en caso de delitos como rebelión, sedición o desórdenes públicos. No suele hacerse, pero la ley lo permite y así se hizo en marzo de 1977. Lo que sí se exige en esos casos es que se haya abierto un procedimiento judicial, es decir, que la persona esté acusada, pero no que haya habido juicio oral o se haya dictado previa sentencia. Estas medidas están previstas porque se consideran convenientes para desbloquear determinadas situaciones.
Ahora se alude a la igualdad porque, en el fondo, lo que se defiende es que la amnistía no es conveniente políticamente y se quiere reforzar esa oposición invocando, erróneamente, la igualdad. La amnistía plantea un problema político, no jurídico, salvo la cuestión de la arbitrariedad.
P. ¿Si plantea un problema de arbitrariedad puede ser constitucional?
R. La amnistía, desde un punto de vista general, es constitucional. Esta amnistía a los independentistas no es aconsejable. Y, jurídicamente, tiene un punto débil: la Constitución prohíbe la arbitrariedad de los poderes públicos. Y eso comprende también al legislador. En este caso, por haberse hecho para que Pedro Sánchez sea investido y después de unas negociaciones que no son aceptables. El pacto entre el PSOE y Junts contiene un relato que incluye el lawfare. El TS, en el juicio del procés, actuó con total respeto a las reglas procesales y al Código Penal. Es cierto que el Tribunal Constitucional tendrá que evaluar si, además de hacerse con la finalidad de ser investido, la amnistía sirve para la convivencia, especialmente, en la sociedad catalana. Pero no lo parece porque la contestación está siendo profunda y Junts mantiene que volvería a hacer lo que unilateralmente se hizo en 2017.
P. ¿La falta de entendimiento entre los dos grandes partidos obedece a una estrategia frentista del Gobierno o a la polarización que alcanza al conjunto de la política española?
R. El frentismo arranca desde que se produjo el hecho más grave que ha ocurrido en este país durante los últimos años, que es el bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La gente quizá no lo capta muy bien porque piensa que es una cosa menor. Pero no es así. Afecta al funcionamiento de las instituciones y de los poderes del Estado, y a las reglas que nos hemos dado desde la Constitución. Es un asunto básico que desencadena la ruptura. Es un atentado contra la Constitución. En esas estamos desde 2018. Habrá que empezar a dar pasos para volver a una cierta normalidad.
P. ¿El PP está incumpliendo sus deberes constitucionales?
R. Sí, y es gravísimo. Esto marca una ruptura. Me parece un disparate ir a una mediación de la Comisión Europea. La foto de Didier Reynders, comisario de Justicia, junto a Félix Bolaños y Esteban González Pons, es humillante para nuestro país. El Gobierno ya no sabe qué hacer para conseguir que se cumpla la Constitución. Por otro lado, tiene lógica que un CGPJ con el mandato caducado no pueda efectuar nombramientos. Podría pensarse que eso permite forzar la renovación. Pero no ha servido para nada. Se fue Carlos Lesmes y ahora Vicente Guilarte [presidente, por suplencia, del CGPJ] ha amagado con irse si no se renueva el órgano.
El bloqueo del Poder Judicial es muy grave porque erosiona su independencia. Y oigo mucho eso de que “los partidos no se ponen de acuerdo”. Hay que llamar a las cosas por su nombre: no es que los partidos no se pongan de acuerdo, es que hay un partido que no quiere renovar el CGPJ. El PP ha decidido instalarse en el bloqueo. No es por la amnistía: lleva más de cinco años con distintas excusas.
P. ¿Cuál es la salida?
R. El PSOE cambió la ley del Poder Judicial en 1985, aunque en realidad fueron las Cortes las que introdujeron el cambio sobre el proyecto del Gobierno. Me parece que el modelo vigente, mantenido y corregido por el PP, responde a la esencia de lo que tiene que ser un Poder Judicial en el que se garantice el pluralismo de sensibilidades existente en la sociedad. Que la cuota judicial del CGPJ sea elegida sólo por los jueces no me parece constitucional. Ahora, también creo que el sistema actual está finiquitado por el bloqueo y el uso espurio de la mayoría de 3/5 para bloquearlo. Habrá que cambiarlo. Y si se cambia, estoy por el sistema alemán. Los nombramientos corresponden al ministro de Justicia, con un sistema previo de selección que permita que estén presentes perfiles plurales que respondan proporcionadamente a los sentimientos morales presentes en la sociedad, no en la magistratura.
P. EL MUNDO reveló el sumario del caso Koldo y luego se han sucedido informaciones que muestran la extensión de esta trama. ¿Cómo debería reaccionar el Gobierno?
R. Primero, el tráfico de influencias que rodea a este caso es una vergüenza. Es moralmente inadmisible y estéticamente intragable. Estamos ante un caso singular y no ante una avalancha de casos, aunque se trata de un solo caso con secuelas conexas en comunidades autónomas cuyos presidentes desempeñan hoy cargos en el Estado, pero sin que ellos mismos tengan nada que ver con la corrupción que está en el origen. Ello no impide que se hagan aclaraciones o investigaciones respecto de la gestión hecha de los incumplimientos contractuales, tras comprobarse que las mascarillas suministradas no eran del tipo contratado, sino de otro distinto, y de menor valor. Hay que aclarar el porqué del retraso en reclamar y si, efectivamente, la reclamación llegó a hacerse mucho antes de que saltara el escándalo por parte del Gobierno anterior de Baleares, y por qué el nuevo Gobierno habría dejado caducar o prescribir la reclamación con o sin negociaciones. Solo después de aclarar todo esto, podremos saber su trascendencia.
P. Usted ha sido dos veces ministro. ¿Habría que introducir algún tipo de mecanismo de control en la selección de los cargos de libre designación?
R. El criterio es la confianza, pero la persona tiene que adecuarse a una cierta capacidad y competencia, que no tiene por qué ser la de disponer de estudios universitarios, que tampoco se exige para ser ministro. Hay un control que corresponde al Parlamento, otro a la propia persona que lo designa y luego de quien esta tenga por encima.
P. Antes de las elecciones generales del 23 de julio se hizo público un manifiesto firmado por 40 ex ministros de Felipe González y de José Luis Rodríguez Zapatero para pedir el voto por Pedro Sánchez. Si no recuerdo mal, usted no estaba en ese manifiesto. ¿Ve viable la legislatura?
R. Firmé otro manifiesto promovido por los socialistas andaluces. Estaba a favor de la elección de Sánchez, pero la legislatura la veo muy difícil. El presidente tiene capacidad para moverse, aunque los elementos que maneja ahora para jugar son los que son. En absoluto cabe un referéndum de autodeterminación. Y, después de la amnistía, seguirá habiendo reclamaciones en materia fiscal. La situación es muy precaria.
P. Los críticos de Sánchez sostienen que ha diluido al PSOE como un partido de Estado.
R. Las primarias ayudan a que el partido sea más cesarista. Aunque puede que proporcionen una aparente mayor viveza en el seno del partido en el momento de elegir al secretario general, estoy en contra de este sistema porque divide y limita la capacidad de discrepar, que es esencial, en los partidos que deben ser democráticos en su funcionamiento. El panorama político ha cambiado radicalmente durante los últimos años. Hay una mayor disgregación del voto, a izquierda y derecha. Eso obliga a hacer concesiones para poder gobernar. Me pareció bien la abstención para que pudiera gobernar Mariano Rajoy, pero luego el PP no se abstuvo antes de que el PSOE tuviera que gobernar con Pablo Iglesias. La centralidad es imposible en este momento, aunque sea un objetivo. Después de la moción de censura, el PP planteó una legislatura a muerte, sin concesiones. Si se va a las urnas diciendo que hay que derogar el sanchismo, no se puede esperar luego que ambos partidos se abracen.
P. ¿Qué diferencias observa entre el PSOE de su época, durante el felipismo, y el de ahora?
R. Felipe González no se metía para nada en lo que hacíamos los ministros. No había ninguna directriz ni en los nombramientos ni en la dirección política. Eso no significa que fuéramos por libre, obviamente, pero sí que no había injerencias previas a que las propuestas se elevarán al Consejo de Ministros. No tengo mucho contacto con el Gobierno actual, pero todo se ha hecho más complicado por la debilidad de los grandes partidos. Esto conduce a un bloqueo malo para el país, aunque es el gran reto de las democracias liberales. Isaiah Berlin sostenía que vivimos en la contradicción y la gente no asume que, en el fondo, todo es cuestión de cómo gestionarla. Hay que buscar la centralidad para evitar los populismos. La figura de Felipe González la veo siempre con respeto, pero ha de asumirse que estamos en otro tiempo.
DNI
Nació en Madrid, ��en 1946. Catedrático emérito de Derecho Administrativo por la Universidad Carlos III. Fue ministro de Administración Territorial (1982-85) y de Justicia (1991-93).
Presidente del Consejo de Estado (1985-1991) y miembro de la comisión de expertos sobre el desarrollo del proceso autonómico (1981).
