PALMA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -
En detalle, el TS ha dictado sentencia en el recurso de casación que había interpuesto la Comunidad Autónoma contra el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), de fecha 31 de enero de 2022, a favor del empresario.
El fallo, con fecha 27 de febrero de 2024, rechaza el recurso de casación y confirma el auto del TSJIB que condena a la CAIB al pago de 63.533.374,48 euros, más los intereses de esta cantidad devengados desde el 18 de mayo de 2009, fecha de la primera reclamación, que ascenderían a unos 32,5 millones de euros adicionales. Es decir, más de 96 millones de euros.
El Tribunal Supremo recuerda que el procedimiento de 2010 finalizó mediante un auto de 23 de julio de 2013, aprobando un acuerdo transaccional que reconoció el carácter urbano de estos terrenos.
La posterior aprobación de la Ley 12/2017, de urbanismo de Baleares, durante la etapa del Govern de Francina Armengol, reclasificó de nuevo como suelo rústico protegido (ANEI) estos terrenos e imposibilitó que Muleta se reincorporase como suelo urbano al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Sóller, originando la actual petición indemnizatoria.
La sentencia dictada funda su razonamiento en esta imposibilidad de reincorporación de Muleta como suelo urbano al PGOU de Sóller, confirmando que era procedente el pago de la indemnización al hacer imposible el desarrollo de este suelo, que había sido antes reconocido como urbano en el auto transaccional de 23 de julio de 2013.
El Tribunal Supremo obliga ahora a pagar la indemnización en el plazo de dos meses, imponiendo además las costas del incidente a la Comunidad, importes todos ellos que deberá afrontar el actual Govern.
