VALLADOLID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -
El día 23 de octubre de 2018 la Audiencia vallisoletana vivió el denominado 'macrojuicio de las multiestafas', el más voluminoso de su historia en cuanto a número de investigados, con un total de sesenta y cinco, lo que obligó a trasladar el juicio a la Feria de Valladolid por falta material de espacio, si bien ese día se produjo una conformidad de todos los encausados que permitió reducir la vista a una mera comparecencia.
Pues bien, este nuevo procedimiento del Juzgado de Instrucción número 1 abierto contra 63 personas ha obligado a la Sección Segunda de lo Penal a dictar un auto, al que ha tenido acceso Europa Press en fuentes jurídicas, en el que fija el inicio del juicio el día 16 de octubre y su desarrollo a lo largo de 17 jornadas, hasta su conclusión, en principio, el día 8 de noviembre.
LA FERIA, POSIBLE ESCENARIO
A su vez, se ha oficiado traslado del mismo auto a la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia en Valladolid "a fin de que haga las gestiones oportunas para preparar una sala de vistas que permita la celebración del juicio atendiendo al número de acusados (63), de testigos (aproximadamente 40) y de profesionales que van a participar en el mismo, con la dotación precisa de sistemas de grabación, megafonía y mobiliario para el correcto desarrollo de las sesiones".
Por ello, salvo que hasta esa fecha las acusaciones pública y particulares (Caixabank, Banco Santander, BBVA y Servicios Financieros Carrefour) y las defensas pacten buena parte de las condenas, todo apunta a que el juicio volverá a tener por escenario la Feria de Valladolid.
En su escrito de calificación provisional, el fiscal del caso solicita para los 63 encausados un conjunto de penas que suman 477 años de cárcel. Las peticiones oscilan entre un año de prisión y los 18 a los que se exponen siete de los presuntos implicados. Para otros 23 procesados la acusación pública pide 11 años de privación de libertad, mientras que otros 26 encausados se enfrenta a penas de cinco años.
En concepto de responsabilidad civil, se solicitan indemnizaciones que en su conjunto superan los 780.000 euros en beneficio de las entidades perjudicadas.
Los hechos objeto de la presente causa, en los que se investiga un delito continuado de estafa en concurso medial con un delito continuado de falsedad documental, otro de pertenencia a grupo criminal, un delito de blanqueo de capitales y un cuarto delito de falsedad documental, fueron destapados a raíz de una denuncia inicial en octubre de 2015 y llevaron a centrar las pesquisas en una organización dedicada a obtener dinero de entidades bancarias, que no se devolvía, con la elaboración de documentos que imitaban a otros verdaderos.
Con distribución de tareas, se realizaban estudios previos en diversas entidades crediticias--Santander, Caja Rural de Zamora, ING Bank, Caja Laboral, Bankia y Caixa Bank--, de modo que averiguados los requisitos que exigían, se confeccionaban los documentos falsos, se seleccionaba a las personas que luego convenían en colaborar de modo activo y se solicitaban los préstamos para la compra de automóviles.
Otras personas se dedicaban a realizar ingresos que simularan ser procedentes de nóminas de los trabajos inexistentes, para engañar a los empleados bancarios. Este grupo habría llegado a defraudar cerca de 800.000 euros.
SOCIEDADES 'OFFSHORE'
En el transcurso de las investigaciones, la policía efectuó un registro en un despacho del Pasaje Gutiérrez, donde, entre la distinta documentación obtenida, aparecieron diversos papeles que poseen información genérica para la constitución de sociedades 'Offshore' en Reino Unido.
Entre los documentos se localizaron justificantes en papel de mensajes de correo electrónico cruzados entre la cuenta de uno de los investigados y la empleada de una sociedad británica cuyo objeto indiciariamente era la constitución de una sociedad dedicada al comercio de materiales de construcción en Reino Unido y de la que, precisamente, uno de los directores/accionistas era uno de los principales presuntos responsables del grupo investigado.
El hallazgo de esta documentación en el registro del local, sede de los presuntos cabecillas, así como el referido cruce de correos constituyen materia indiciaria respecto al hecho de que el grupo criminal investigado pudiera valerse de una sociedad radicada en el extranjero para canalizar el producto de la actividad delictiva desarrollada.
Se da la circunstancia de los correos reseñados datan del 28 de abril de 2016, fecha en torno a la cual se pudo observar en diversas vigilancias policiales que los supuestos miembros del grupo criminal establecieron el despacho en el Pasaje Gutiérrez.
"Aparece por tanto indiciariamente el grupo criminal investigado con una actividad tendente a la estafa bancaria, con la utilización de testaferros y toda la infraestructura necesaria para la obtención fraudulenta de préstamos con documentación falsa y, en el momento de la intervención policial, se encontraba comenzando a desplegar un importante esfuerzo destinado a ocultar, colocar y enmascarar los bienes patrimoniales producto de la actividad ilícita investigada", concluía el auto de Instrucción 1.
