MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
En un auto, al que tuvo acceso Europa Press, los magistrados confirman el auto por el que el juez de Instrucción número 39 de Madrid sobreseyó el caso al considerar que concurría una eximente completa por legítima defensa.
La víctima era un subsahariano indigente de entre 30 y 40 años con antecedentes por atentado a la autoridad. El suceso tuvo lugar el 5 de noviembre de 2021 en el barrio de Villaverde, en las inmediaciones del centro de salud San Cristóbal de los Ángeles.
El agresor abatido se encontraba amenazando a los viandantes con un cuchillo de grandes dimensiones. Cuando llegaron los agentes, este lejos de deponer su actitud, se abalanzó contra uno de los policías, al que causó lesiones en una mano y varias contusiones. Tras la agresión, los agentes tuvieron que abrir fuego y abatir a esta persona.
En la resolución, el juez esgrimía que aunque los hechos revisten caracteres de un delito de homicidio concurre la circunstancia eximente completa de legítima defensa, del artículo 20.4 del Código Penal.
En el presente caso, apuntaba el magistrado, "se estima que la acción de los agentes de Policía Nacional se encontraba justificada ante el ataque llevado a cabo por I. M. contra uno de los agentes, contra el que se abalanzó portando un cuchillo en la mano, con la intención de agredirle y existiendo un riesgo objetivo para la integridad física y la vida de éste".
El sindicato JUPOL ha mostrado su satisfacción por el archivo definitivo de la causa y ha exigido al Ministerio del Interior y a la Dirección General de la Policía, "la urgente necesidad de actualizar el Plan de Tiro Nacional, que como ya ha quedado demostrado en múltiples ocasiones, no está cumpliendo su cometido y supone un grave riesgo para la seguridad física, vital y jurídica de los agentes de la Policía Nacional".
"El Plan Nacional de Tiro de la Policía Nacional no se ha modificado en años y se encuentra totalmente obsoleto, lo mismo que ocurre con sus Principios Básicos de Actuación, que datan del año 1986, algo que resulta bastante impactante, teniendo en cuenta que tanto la sociedad como el tipo delincuencial ha evolucionado rápidamente y de manera exponencial desde ese año", denuncia.
Asimismo, lamentan que la DGP no haya sido capaz de implementar el proyecto TÁSER, "hace ya más de dos años que se aprobó y siguen sin estar distribuidas por las plantillas de España, no entendemos que frena u obstaculiza la distribución de las mismas".
