MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -
Así consta en el repositorio de datos sobre procedimientos de corrupción del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) una vez que se ha añadido la información correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de 2023.
Según el desglose, Andalucía acumuló el mayor número de procedimientos: 5, que derivaron en 29 personas físicas acusadas y 12 personas jurídicas. Le sigue Aragón, Castilla y León y Galicia, con un procedimiento cada uno y una persona acusada en cada caso.
Entre los datos facilitados por el órgano de gobierno de los jueces también se incluye el número de sentencias dictadas entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, que en esta ocasión alcanzó las siete: seis fueron condenatorias y una absolutoria, lo que supone que el fallo fue condenatorio en el 85,7% de los casos.
PREVARICACIÓN, COHECHO Y MALVERSACIÓN
Desde el CGPJ explican que la información que ofrece el repositorio corresponde a la denominada corrupción pública, entendiendo que es ésta la que más altos índices de preocupación causa en la ciudadanía. De este modo, los procedimientos judiciales cuyos datos se reflejan en el repositorio tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política.
Según precisa el órgano de gobierno de los jueces, estos fenómenos se recogen en el Código Penal como delitos de prevaricación urbanística, prevaricación de funcionarios públicos, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función y receptación y blanqueo de capitales.
El repositorio, que fue presentado el 12 de enero de 2017, es de acceso público en la web www.poderjudicial.es y permite a la ciudadanía conocer la acción de la Justicia en el marco global de la lucha contra la corrupción a través de sus principales indicadores -personas acusadas y/o procesadas, procedimientos, sentencias dictadas, etcétera-, que se actualizan de forma trimestral.
