MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
Así consta en un auto, al que tuvo acceso Europa Press, en el que se admite las medidas cautelarísimas solicitadas por la Fundación Española de Abogados Cristianos que actúa en representación de la nieta de una de las apenas 200 mujeres enterradas en la Basílica del Valle.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 135.1 se concede audiencia a Patrimonio Nacional para que alegue lo que estime conveniente en el Plazo de tres días, después de lo cual se dictará auto sobre el levantamiento, mantenimiento o modificación de la medida adoptada.
Fue el pasado mes de junio cuando el Gobierno inició los trabajos para exhumar a las víctimas de la Guerra Civil en el Valle de Cuelgamuros. El 13 de marzo el Tribunal Supremo dio luz verde a las exhumaciones al rechazar el recurso presentado por la Fundación Francisco Franco, último escollo que frenaba las extracciones de los cadáveres.
El pasado septiembre, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 10 de Madrid anuló la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial para acceder a las criptas y proceder a las exhumaciones de restos mortales de víctimas del Franquismo y la Guerra Civil.
La sentencia llegaba después de que el pasado junio el Gobierno iniciara los trabajos para exhumar a las víctimas de la Guerra Civil en el Valle de Cuelgamuros para dar cumplimiento a la Ley de Memoria Democrática.
Abogados Cristianos considera que los trabajos de exhumación autorizados por el Ministerio de la Presidencia suponen "una vulneración del derecho fundamental a la libertad religiosa". La organización de juristas argumenta que, "el derecho constitucional a la libertad religiosa, ampara el derecho a una digna sepultura".
Asegura que "la mera necesidad de tener que realizar las pruebas de ADN a los cadáveres (lo que implica cierto grado de profanación), se está incurriendo en una vulneración de un ejercicio de la libertad religiosa". Denuncia que "para realizar estas pruebas no han solicitado consentimiento a los familiares".
"Esto es otro ataque del Gobierno de Pedro Sánchez al Valle de los Caídos. Lo único que busca con estos trabajos es dañar la Basílica. No descansaremos hasta que se respete nuestra libertad religiosa y la Cruz más grande del mundo", señala Castellano.
"Sólo pedimos respeto para nuestros símbolos, nuestras tradiciones, nuestra cultura y nuestros derechos fundamentales, uno de los más importantes y que está siendo atacado de forma reiterada por este gobierno es el derecho a la libertad religiosa", agrega.
Pablo Linares, presidente de la Asociación para la Defensa del Valle, ha celebrado la decisión judicial. Asegura que el derecho a descansar en paz con respeto a su dignidad, "no debe ser discriminado ni ignorado conforme al artículo 10 de la Constitución Española".
