GRANADA, 13 (EUROPA PRESS)
A preguntas de los periodistas en Granada sobre el malestar judicial por la Ley de Amnistía, Lorenzo del Río ha hecho hincapié en que los jueces siempre han actuado legalmente al abordar casos en los que se ha juzgado a políticos no por su condición sino por la comisión de hechos de gravedad, muchos de ellos penales.
Así, y al margen de las opiniones que puedan tener los jueces, "que no dejan de ser ciudadanos", a su juicio el problema de este asunto reside en que ésta, como cualquier otra ley, "tiene que ser orientada al bien común" y tener "esa parte de racionalidad" que permita a la gente asumir que "beneficia a la sociedad".
Algo que quizá no está ocurriendo en este momento y genera "crispación en la propia sociedad porque a lo mejor no la entiende y no ve esa justificación", ha opinado. Lorenzo del Río ha recalcado que, además del escenario social, está el ámbito jurídico en el que la ley de amnistía debe pasar los filtros respecto a si tiene un amparo constitucional, toda vez que en 1995 se suprimió del Código Penal esa figura y ahora es necesario "volverlo a retocar" para añadirla.
"Hay que hacer un estudio constitucional en abstracto, si cabe o no, y luego en concreto si tiene una justificación de base para que no infrinja esos principios de seguridad jurídica, del principio de igualdad y de la arbitrariedad en el uso del ejercicio de las funciones legislativas (...) Son filtros que corresponderán al Tribunal Constitucional y al legislador", ha argumentado el presidente del TSJA, aludiendo a la responsabilidad de los propios legisladores de lograr "ese equilibrio" y de "tener cuidado de que siempre sean leyes orientadas al bien común".
El presidente del TSJA ha realizado estas declaraciones a los periodistas en el transcurso del tradicional encuentro navideño con los medios de comunicación, en el que ha fijado como un objetivo irrenunciable de este 2024 reforzar la credibilidad institucional con la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de modo que "de una vez por todas las fuerzas políticas, el Parlamento, las Cortes Generales y el Senado acometan ese cambio". Junto a ello ha reclamado el impulso a las reformas de eficiencia procesal, organizativa y tecnológica en el ámbito de la justicia, así como de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Lorenzo del Río también se ha referido a la eliminación de competencias en materia de violencia de género en algunos juzgados mixtos de determinadas poblaciones andaluzas cercanas a las capitales de provincia, como ha ocurrido en el Juzgado de Santa Fe (Granada), para que se encarguen los juzgados especializados de Violencia sobre la Mujer que ya existen en estas ciudades a fin de ofrecer un mejor servicio reforzando a su vez con más personal estos juzgados.
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