¿A QUIÉN LE IMPORTA?
Alaska se preguntaba “¿a quién le importa?”. Así lo hacía para retar a todos aquellos que inquirían sobre su libertad. De forma más modesta nos podemos interrogar sobre “¿a quién le importan las instituciones del Estado democrático de Derecho?”. No lo hago con el mismo tono retador y provocador, sino con sincera preocupación sobre su futuro.
Se va consolidando la opinión, al menos entre los juristas, de que la proposición de ley orgánica de amnistía es inconstitucional. Por tres razones relevantes. Por un lado, rompe con el monopolio jurisdiccional para declarar lo que es delito y, en consecuencia, deducir las consecuencias pertinentes a los responsables. El legislador priva de esta potestad incluso con efectos retroactivos, lo que entra en conflicto con la intangibilidad de la cosa juzgada. Por otro, rompe la igualdad ante la ley, privilegiando a unas personas en razón, precisamente, de la gravedad de lo que han hecho. Y, por último, en virtud de una ley singular que carece de fundamento razonable, incurriendo en la prohibición de la arbitrariedad cuando, como han reconocido, el objetivo es el de obtener la investidura como presidente del Gobierno. Si Enrique IV de Francia (1553-1610) abjuró de su fe calvinista para sentarse en el trono de Francia (“París bien vale una misa”), Sánchez abjura de su fe constitucionalista para sentarse en el trono de la Moncloa. Qué nos puede extrañar.
Al margen de la cuestión circunstancial de que se trata de amnistiar a los responsables de un hecho de tal gravedad que fue calificado por el Tribunal Supremo como subversión del orden constitucional, al impedir el normal funcionamiento de las instituciones, surge una cuestión aún más relevante: el precedente. El precedente de que el Poder Legislativo module a su antojo cuándo, cómo, dónde y a quién se le aplica el castigo en función de criterios de oportunidad política, sin límite alguno, revisando retroactivamente los castigos aplicados, para beneficiar a ciertas personas. En otros términos, se rompe el criterio de la generalidad de la pena, clave para la garantía de la igualdad ante la ley, pero, sobre todo, se establece la utilización según conveniencia política del castigo, anulando en su caso sentencias judiciales.
El que la gravedad de la subversión del orden sea la justificación de la amnistía, está incentivando que otros, de signo y objetivos políticos distintos, incurran en subversión para justificar la necesidad del restablecimiento de la convivencia que alumbre a una nueva amnistía. Nada lo impediría. ¿O es que acaso solo la ultraderecha secesionista tiene derecho a la impunidad cuando subvierte el orden constitucional? No, evidentemente no. En definitiva, sentado el precedente, el poder de castigar del Estado pierde las referencias constitucionales, admitiéndose su aplicación a cualquier supuesto en virtud de la interpretación y justificación que haga el legislador según las razones políticas singulares que concurren en el caso correspondiente.
Se da un paso más en el proceso que se inició con los indultos (sin solicitud, sin arrepentimiento y en contra del informe del tribunal sentenciador); continuó con la eliminación del delito de sedición y la reforma de los delitos de malversación; y se culmina, por ahora, con la extinción de cualquier tipo de responsabilidad. En definitiva, un proceso dirigido a comprometer la generalidad de la pena y la función del poder judicial para privilegiar a los que subvirtieron el orden constitucional.
Y todo esto se hace sobre la base de la más tóxica y autoritaria ideología de la soberanía parlamentaria. Que sus promotores sean gobernantes, parlamentarios y políticos relevantes es la muestra del mal que acucia a nuestra democracia: la ignorancia. Que puedan sostener que la mayoría del Parlamento es libre para adoptar las decisiones que consideren oportunas, porque lo puede todo, desconoce un principio esencial en nuestra democracia: que la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico, a la que están sometidos todos los poderes, incluido el Legislativo. Porque nuestra Constitución no es una declaración política, administrada al antojo de los políticos de turno, sino una verdadera norma jurídica que vincula a todos.
Como la efectividad de los límites jurídicos y, singularmente, constitucionales va a depender de los tribunales, y en última instancia del Tribunal Constitucional, el complemento a esa ideología de la soberanía del Parlamento es el de la conversión de los tribunales en el brazo ejecutor de la mayoría parlamentaria, desnaturalizando su función constitucional y democrática: la tutela judicial efectiva de los derechos, el control judicial del poder, el imperio de la ley y, singularmente, la efectividad de la sujeción a la Constitución. El control de la alta magistratura y del Tribunal Constitucional pasa a ser imperioso sobre la base de que deben “representar” a la mayoría parlamentaria, como si los jueces y magistrados fuesen también representantes políticos. En consecuencia, todos los poderes adquieren color político; todos representan a la supuesta mayoría de los ciudadanos; todas las funciones, sin distinción alguna, pasan a ser funciones políticas; todas las instituciones del Estado, en unidad de destino como proclamaba el rancio franquismo, cabalgan en la dirección del alumbramiento de un nuevo orden político en el que siempre gobernarán los mismos, porque los demás, no podrán. Y para impedirlo, todo vale: antes la amnistía que el gobierno de la derecha, como si para evitar la ocupación de mi casa fuera preferible la voladura de todo el edificio.
Alcanzado el control del Tribunal Constitucional, el paso siguiente es el de la alta magistratura: la pieza esencial es el CGPJ. Su envenenado poder de nombramiento discrecional de los altos magistrados de nuestros tribunales se convierte en el caballo de Troya para la elección de los jueces afectos. La reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que desestimó el recurso de inconstitucionalidad de Vox contra la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que priva al CGPJ en funciones de la competencia de nombramiento de los altos magistrados cubriendo las vacantes, es un excelente ejemplo de lo que comento. Tras reiterar, con profusa cita de doctrina constitucional, que el CGPJ es una “garantía específica de la independencia judicial”, renuncia el TC a preguntarse si el cambio introducido permite u obstaculiza que el Consejo pueda desplegar tal garantía. Si, como afirma, “independencia judicial y sumisión al imperio de la ley son anverso y reverso de la misma medalla”, ¿cómo pueden los jueces atender a este imperativo cuando, al no cubrirse las vacantes, no pueden ejercen o lo hacen de manera muy deficiente la función jurisdiccional que tienen atribuida? ¿Cómo pueden desplegar la tutela judicial efectiva a la que todos los ciudadanos tenemos derecho cuando no se pueden cubrir las vacantes?
El TC permite que el Consejo pueda ser convertido en rehén de una causa que atañe en exclusiva a los políticos. Estos, liberados de cualquier tipo de responsabilidad, utilizan a los jueces y a los justiciables como arma de presión. No es capaz de considerar cómo el ejercicio deficiente de la función jurisdiccional compromete el imperio de la ley, la tutela judicial efectiva y por consiguiente la independencia judicial. Se santifica, en última instancia, que las instituciones puedan ser utilizadas políticamente, al margen de la función que la Constitución les reconoce. La política lo es todo y a ella todo está subordinado. En el fondo, se está santificando que todas las instituciones pueden ser canibalizadas por el monstruo de la política porque deben ser, también, piezas de la representación política y del juego de la política. Nada escapa a la soberanía parlamentaria, la ideología tóxica que corroe a nuestra democracia constitucional. Cuando las democracias avanzan hacia la nueva forma de autoritarismo, la de la “democracia popular”; cuando los ciudadanos no se sienten concernidos por estas cuestiones, satisfechos con su bienestar personal; cuando el ruido político les aleja de las bases constitucionales de su convivencia como ciudadanos libres e iguales; cuando asistimos al proceso que carcome nuestra democracia constitucional; cuando asistimos a todo esto, es lícito preguntarse ¿a quién le importa? A todos nos debería importar. A todos.
