MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
En un auto, recogido por Europa Press, la Sala de lo Penal considera que los delitos que se le atribuyen en ese país se corresponden, según la legislación española, con trece delitos de asesinato consumado y otros tres en grado de tentativa, así como pertenencia a organización criminal.
El tribunal desestima el argumento del reclamado de que la extradición obedece a motivos políticos con origen en la inestabilidad política del país, donde en un corto espacio de tiempo se han sucedido distintos presidentes del Gobierno salpicados por escándalos de diversa consideración.
Los magistrados apuntan al respecto que desde que se cometieron los hechos en 2012, hasta 2022, año en que se solicita la extradición, pese a los cambios de gobierno en Perú, no se ha acreditado que se haya cometido abuso de poder que hiciera variar las decisiones judiciales que sustentan la demanda.
Tampoco es fácil de entender, a juicio de los magistrados, que en esa alegada confrontación política el recurrente haya permanecido en su país desde 2012 hasta 2019 trabajando como policía.
Además, el auto incide en que la cuestión alegada suele estar relacionada con la existencia de un enfrentamiento entre la ideología política del reclamado y el partido que gobierna, "pero en este supuesto, se desconocen las ideas del citado y su vinculación o no con uno u otro de los diversos gobiernos de su país".
Tampoco admiten los jueces el supuesto riesgo para su vida en caso de ser extraditado, tal y como alega el reclamado, por haber sufrido tres atentados en su país. Según el Tribunal, no se ha aportado ningún dato indiciario que sustente tales manifestaciones, al igual que tampoco existe ningún documento que justifique haber pedido el asilo.
EL RELATO DE FISCALÍA
Según relataba el Ministerio Fiscal, el reclamado sería presuntamente integrante de una banda "enquistada al interior de la Policía Nacional del Perú y constituida a partir del año 2010, conformada por oficiales, suboficiales y personas civiles" organizados para acometer asesinatos.
El objetivo, apuntaba la Fiscalía, era "lograr el otorgamiento de ascenso excepcional por acción distinguida", generando un "falso prestigio dentro de la Policía Nacional por la realización de los operativos policiales simulados como exitosos, atrayendo así toda la atención de los medios de comunicación".
El Ministerio Público indicaba que la organización "se constituye con el reclamado cuando integraba la Dirección General del Ministerio del Interior realizando una labor de inteligencia". Desde ahí se encargaba de la "fabricación de los hechos que sustentan el delito imposible, la ubicación y selección del lugar donde se ejecutaría el operativo policial simulado e implementar la estrategia diseñada por los líderes de la organización criminal".
ATAQUES POR SORPRESA
Esto consistía en el "alquiler de habitaciones en hoteles cercanos al lugar elegido para la ejecución del operativo policial para el control total de las actividades de los agraviados, alquiler o el préstamo de vehículos a emplear para mimetizar a los ejecutores y utilizar como "señuelos" para posteriormente, elaborar la documentación de inteligencia" que justificase la "existencia de una banda criminal objeto de intervención en el supuesto operativo policial simulado".
Del mismo modo, apuntaba la Fiscalía, tenía la función de "formar grupos operativos mixtos para victimar a los agraviados, mimetizarse entre la población o la zona donde se iba ejecutar el operativo simulado, informando sobre las actividades de los agraviados y la clasificación de la información de inteligencia".
El Ministerio Fiscal recogía que, pretextando un falso servicio policial, el reclamado, en compañía de otros, emboscó y atacó por sorpresa mediante el uso de armas de fuego a una serie de personas.
En otra ocasión, y simulando otro operativo policial por la existencia de un falso secuestro en la persona de un empresario propietario de colchones Romantic, quien realmente no se encontraba en Lima, entraron en un edificio y acabaron con la vida de cuatro personas.
