MADRID, 7 (EUROPA PRESS)
Así consta en la Memoria Anual del Ministerio Público correspondiente a 2022, que ha sido presentada este jueves en el Tribunal Supremo en el marco de la apertura del año judicial, presidida por Felipe VI, a la que ha acudido también el fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz.
En el apartado relativo a los órganos territoriales del Ministerio Fiscal, se pone de manifiesto "el significativo incremento que se ha producido en el año 2022". "En los juzgados de lo penal, como media nacional, se suspendieron el 53% de los señalamientos", apunta.
Asimismo, consta que en las audiencias provinciales se suspendieron el 47% de los juicios señalados, frente al 32% de 2021, "siendo también superior al porcentaje de 2020 que ascendió al 41%".
A la vista de las cifras, el Ministerio Público insiste "una vez más" en "el efecto negativo del elevado índice de suspensiones", dado que "perturba la organización de las fiscalías y órganos judiciales", "genera insatisfacción y molestias a la ciudadanía" y "supone una respuesta penal negativa frente a los hechos delictivos a consecuencia del debilitamiento de los medios de prueba y la apreciación generalizada de la atenuante por dilaciones indebidas".
En la Memoria, se destaca también que del total de las sentencias dictadas por los juzgados de lo penal en 2022 el 75% fueron de conformidad con el Ministerio Fiscal, un porcentaje "ligeramente" superior al 73% registrado en 2021. En las audiencias provinciales la conformidad alcanzó el 43,8%, dato por debajo del 58% del año anterior.
36% DE CONDENAS POR SEGURIDAD VIAL
La Fiscalía también recoge en su informe el listado de delitos por los que se han dictado sentencia condenatorias, tanto las dictadas por los juzgados de lo penal como las Audiencia Provinciales. "La seguridad vial y el patrimonio fueron de nuevo los ámbitos que dieron lugar a un mayor número de sentencias condenatorias, con el 36% y el 19% respectivamente", señala el Ministerio Público, que precisa que el delito más habitual de entre los de patrimonio fue el de la estafa.
Los delitos de violencia familiar y de género representaron el 8%, los delitos contra la vida e integridad física el 9% y los delitos contra la administración de justicia el 7%. La Fiscalía subraya que dentro de este último apartado se encuentran comprendidos los delitos de quebrantamiento de condena y/o medida cautelar, "muy vinculados a la violencia doméstica y de género".
En un menor porcentaje se encuentran los delitos contra la libertad, el orden público, las relaciones familiares, los de falsedad, o contra la integridad moral y la libertad sexual. Según el Ministerio Público, "se mantiene por tanto la tendencia de los últimos años en cuanto a incidencia de los tipos delictivos".
Al margen, figuran también los datos relativos a los delitos por los que se abrieron diligencias previas. "En 2022 los delitos contra la vida e integridad física supusieron el 32% de las previas incoadas, frente al 35% de 2021, y 29% en 2020; los delitos contra el patrimonio se mantienen en el 20%, como en 2019 y 2018. El 24% de las diligencias previas incoadas no tiene asociado ningún delito en su registro, al igual que en 2020", señala el informe.
Respecto a los recursos presentados en 2022, la Fiscalía asegura que solo presentó escritos en el 6,5% de las sentencias dictadas por los juzgados de lo penal y en el 11% de las redactadas por audiencias provinciales, cifras similares al año anterior.
MÁS DE 12.000 INVESTIGACIONES EN LA FISCALÍA
En el apartado de diligencias previas pendientes se destaca que a 31 de diciembre de 2022 constaban 714.630 frente a las 696.721 del año anterior. Así las cosas, el Ministerio Público avisa de que "no se puede concluir que la limitación de los plazos de instrucción impuesta en su día por el artículo 324 de la LECrim (Ley de Enjuiciamiento Criminal), haya venido a solucionar el retraso en la tramitación de los procedimientos abreviados", pero incide en que "todavía es prematuro analizar los efectos" de dicha modificación.
Sobre las diligencias de investigación a cargo de la Fiscalía en el ámbito penal, avisa de que, como el fiscal general dictó una circular específica en diciembre de 2022 su impacto "no podrá ser analizado hasta el próximo año". Apunta, sin embargo, las cifras relativas al año pasado: 12.792 diligencias de investigación, repartidas entre las fiscalías territoriales (12.268 en fiscalías provinciales y 362 en las fiscalías de las Comunidades Autónomas), la Fiscalía de la Audiencia Nacional (69), la Fiscalía Anticorrupción (29) y la Fiscalía Antidroga (64).
Al margen, en el apartado de órganos territoriales del Ministerio Fiscalía, se hace hincapié en que las memorias remitidas tanto por las fiscalías del TSJ y por las provinciales, "son coincidentes en muchas cuestiones".
"Son materias recurrentes en la faceta de organización, la insuficiencia de las plantillas para atender adecuadamente el trabajo y los servicios en el orden social y la dificultad de coordinación con los juzgados para los señalamientos de juicios a los que tiene que asistir el/la fiscal", reseña la Memoria.
