MADRID, 7 (EUROPA PRESS)
Esta demanda viene reflejada en la Memoria de la Fiscalía, presentada este jueves por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y, si bien no hace una aproximación a la cifra de personal de refuerzo que sería necesaria, sí que incide en que se debe ampliar "para hacer frente a los retos de un futuro que avanza rápidamente".
El documento recoge en más de 200 páginas la actividad de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, y recuerda que tiene asignado el despacho del mayor porcentaje de diligencias previas incoadas durante 2022 en los Juzgados Centrales de Instrucción (887 de 950), lo que supone un 93,37% de las mismas. Esta cifra contrasta con los asuntos que ha llevado de la Audiencia Nacional (AN) la Fiscalía Antidroga (46) o Anticorrupcion (17).
El apartado de la memoria dedicado a esta fiscalía especial se para en determinadas cifras de 2022, como que las comparecencias de fiscales sobre medidas cautelares personales en procedimientos penales han sido de 87 --frente a 97 en 2021--; que los expedientes de extradición y órdenes europeas de detención han derivado en 965 comparecencias, lo que supone un incremento del 11% respecto al 2021 (860); o que la cifra de escritos de acusación presentados es de 37 frente a los 62 de 2021.
Y pone el foco en que la realidad es que "la complejidad fáctica y jurídica de los asuntos sigue aumentando" y no solo en casos de terrorismo yihadista sino sobre todo en delitos socioeconómicos. Por eso, resalta la Fiscalía que las cifras de esos escritos de acusación "pueden dar lugar a engaño sobre el volumen real de trabajo".
SENTENCIAS Y DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN
En cuanto a los casos y las sentencias conocidas en 2022, la Fiscalía dirigida por Alonso indica que se han dado 25 resoluciones de terrorismo --uno de los asuntos estrella de la AN-- de las que 11 eran relativas a ETA y 14 de yihadismo. En total, destaca, se ha logrado que 18 sean condenatorias frente a 7 absolutorias, y añade que el número de acusados condenados se ha elevado a 50 frente a 18 absueltos.
Recuerda que el terrorismo representa un 34,98% de todas las diligencias previas incoadas en esta fiscalía durante 2022 (163 de 466), porcentaje ligeramente superior al del año 2021 que fue del 31,86%.
Al hilo, apunta que en 2022 se han incoado 69 diligencias de investigación (10 menos que el año anterior), lo que supone una variación porcentual del -12,66% respecto al 2021. De ellas, 22 son de terrorismo y 13 de delitos socioeconómicos y crimen organizado.
COMPETENCIAS DE LA AN
La memoria contiene un capítulo dedicado a propuestas de reforma para mejorar el trabajo de los órganos fiscales, una de ellas es la de modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para revisar las competencias de la Audiencia Nacional.
Tanto para la Fiscalía de la AN como para Antidroga "el actual marco de competencias de dicho órgano judicial ha quedado obsoleto y sobrepasado por la realidad jurídica".
Apuntan que la lucha contra la criminalidad organizada se ha convertido en uno de los ejes fundamentales de las políticas de la Unión Europea (UE) --el terrorismo nacional e internacional, las amenazas híbridas, la trata de seres humanos, la explotación sexual, la pornografía infantil, la delincuencia económica y la cibercriminalidad son algunas de ellas-- y que "se percibe la necesidad de un órgano único y centralizado como eje de lucha contra esta nueva criminalidad".
Además, considera la Fiscalía que la delincuencia organizada dedicada al narcotráfico ha evolucionado, "desarrollando una dimensión global, digital y económica sin precedentes, con alianzas entre estructuras criminales transnacionales". Esto, a su juicio, "supera el actual modelo que atribuye la competencia a la Audiencia Nacional en los casos de crimen organizado cuando la actividad delictiva despliega efectos en el ámbito de más de una provincia".
Por todo esto, señala la memoria que ha llegado el momento de redefinir las competencias de la AN para "convertirla en un órgano cada vez más especializado, no solo en terrorismo, sino también en delincuencia organizada económico-financiera de mayor gravedad y en crimen organizado nacional e internacional, así como, en el caso del narcotráfico y blanqueo de capitales derivados de este delito".
CAUSAS TRANSNACIONALES
El objetivo es poder atribuirle la investigación y enjuciamiento de los casos "realmente relevantes y complejos", que son aquellos "cometidos por estructuras criminales internacionales de alto impacto, asumiendo así las grandes causas transnacionales y no las interregionales de menor importancia".
Suma que incluso deberían valorarse nuevos criterios de competencia para casos de corrupción en los que se den actividades de colaboración con organizaciones de narcotráfico por parte de funcionarios.
En otro orden de cosas, la Fiscalía de la AN considera también necesario que el procedimiento para la extinción de partidos políticos no necesite una autorización judicial y pueda ser un trámite administrativo de cancelación registral.
Se basa para esta demanda en que el 100% de casos que por ley deben pasar por la autorización judicial devienen de partidos inactivos, que ya no existen y de los que tan solo queda su reflejo registral. "Por consiguiente, no existe afectación del derecho fundamental de asociación", añade.
LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN
Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción, dirigida por Alejandro Luzón, reseña en su capítulo de la memoria que en 2022 recibieron en su sede 2.790 escritos, de los que 1.495 correspondieron a denuncias. Y resalta que la mayoría ponían en conocimiento del Ministerio Fiscal hechos que no constituían delito, no se sustentaban en mínimos indicios de actividad criminal, o estaban referidos a eventuales infracciones penales ajenas a la competencia de esta fiscalía especial.
Explica que si bien esta circunstancia originó el archivo de la denuncia o su remisión a la fiscalía competente, en todo caso las cifras evidencian un ascenso del número de escritos.
Por otro lado, apunta que durante el año 2022 se incoaron 29 diligencias de investigación frente a las 40 del año 2021. A lo que suma las 38 diligencias de investigación que se encontraban en trámite, lo que implica que durante el 2022 se estuvieron tramitando un total de 67 diligencias de investigación.
Además, arroja datos como que a lo largo de 2022 se concluyeron 41 diligencias de investigación en las que en 13 ocasiones el Ministerio Fiscal formuló la correspondiente querella o denuncia, que dio lugar a los oportunos procedimientos judiciales.
Respecto a estos, indica que en 2022 Anticorrupción intervino en 841 procedimientos judiciales frente a los 801 del año 2021, y que se han dictado 27 sentencias, de las que 20 han sido condenatorias y 7 absolutorias.
