CICERÓN CONTRA VERRES
“Los pueblos que ya no tienen solución, que viven ya a la desesperada, suelen tener estos epílogos letales: se rehabilita en todos sus derechos a los condenados, se libera a los presidiarios, se hace regresar a los exiliados, se invalidan las sentencias judiciales. Cuando esto sucede, no hay nadie que no comprenda que es el colapso total de tal Estado; donde esto acontece, nadie hay que confíe en esperanza alguna de salvación” (Cicerón, Contra Verres).
A veces pensamos que lo que nos sucede es inimaginable y, hasta cierto punto, puede que lo sea, pero podemos apreciar que hace ya más de 20 siglos, Cicerón, en Las Verrinas, advirtió de algo que es muy actual, precisando los indicadores que muestran la desintegración de las sociedades y situándolos en la quiebra de lo que hoy consideramos uno de los pilares fundamentales de la democracia, que es el Estado de Derecho.
Y esto es a lo que hoy nos enfrentamos cuando, en medio de un proceso de investidura, nuestro Verres particular parece estar pactando, en los mismos términos denunciados por Cicerón, una amnistía y el inicio de un proceso que puede llevar al colapso del sistema democrático que nos dimos con la Constitución de 1978. Y todo parece que debe hacerse a la velocidad del rayo, puesto que los destinatarios del “perdón” y del “proceso de autodeterminación” quieren que esté todo bien atado, además de supervisado por un “mediador” antes de que, en su caso, llegara la fecha de disolución de las Cortes para realizar nuevas elecciones, si el procedimiento de investidura, con el candidato que sea, fracasa. Quedarían, pues, poco más de dos meses.
Nuestra Constitución, ciertamente, no menciona la amnistía. Y no lo hace porque se aprobó la Ley de Amnistía de 1977, en plena elaboración del texto constitucional, para consolidar el tránsito de la dictadura a la democracia. Tránsito de un sistema injusto, vulnerador de derechos, donde la ley era la voluntad del gobernante sin que
en su elaboración participaran los gobernados. Para terminar con ese régimen funesto, se otorgó la amnistía y se adoptó la Constitución.
¿Cabe considerar posible, democráticamente, no solo jurídicamente, la aprobación de una ley de amnistía para que los implicados en la derogación de la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cataluña (acertadamente suspendida y anulada por el TC de aquellos tiempos), del pretendido “referéndum del 1 de octubre” al que se pretende dar validez formal si no se organiza uno nuevo, de la anulación de los derechos de buena parte de los catalanes y la consolidación de la dominación de una regresiva minoría secesionista, convierta a los golpistas en “los patriotas del 17”? Hacerlo sería aceptar que estamos en un régimen antidemocrático, cuyas leyes y resoluciones son injustas y no ajustadas a los estándares internacionales cuando, por el contrario, somos, o al menos, estamos siendo hasta ahora, uno de los países menos condenados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y situado entre las democracias que cumplen con los índices de calidad propios de tales regímenes.
¿Qué decir del pretendido derecho de autodeterminación que está en la base de las exigencias de aquellos de quienes depende la investidura? Ya la constituyente española se negó a incluirlo en el texto constitucional, porque tal derecho solo existe en Derecho Internacional respecto de territorios coloniales. Tampoco se incluyó la posibilidad de secesión de parte del territorio para formar un nuevo Estado, porque en Derecho Internacional ello se predica en favor de pueblos sojuzgados. Avergüenza que se pueda considerar que Cataluña, u otra parte de España, puedan ser consideradas colonias. Del mismo modo que sonroja creer que un Estado organizado en autonomías, con más competencias que los Estados federales existentes atribuyen a sus territorios, pueda tener “sojuzgados” a ciudadanos que más bien lo están por parte de las minorías secesionistas que, por efecto de un sistema electoral que no garantiza la igualdad del voto, quiebran la libertad y los derechos de más de la mitad de su población, aunque se los hayan reconocido sendas sentencias judiciales.
Añadan, a todo ello, el hecho de que poner en marcha este nuevo “procés” tenga que ser supervisado por un “mediador”. El sueño de ETA hecho realidad: busquemos una mediación que nos garantice un resultado favorable para terminar con el “conflicto”.
Parece que tenemos un Verres. A ver si aparece un Cicerón.
