QUIMERAS ELECTORALES
Desde los primeros tiempos de nuestra democracia, un animal fabuloso vaga por la mitología electoral española, igual que la Quimera vagaba por la antigua Grecia: el gobierno de la lista más votada. En los primeros años volaba solo en las elecciones locales, aquellas en las que el partido de la derecha (UCD, primero, PP después) ganaba en muchos municipios, pero la suma del PSOE y del PC obtenía el gobierno municipal. Últimamente ha volado con fuerza en las elecciones generales, hasta el punto de que Feijoo le ofreció a Sánchez en su famoso debate televisivo un pacto para comprometerse a respetar el Gobierno de la lista más votada, que este rechazó de inmediato no porque le pareciera una mala alternativa, sino porque no se creía sus propias palabras de un minuto antes diciendo que él ganaría las elecciones. Precisamente, ese detalle de conocerse -aunque sea aproximadamente- quien ganará las elecciones es la causa de que hasta ahora la lista más votada nunca haya pasado de las musas al teatro: el partido que lo ofrece solo lo hace cuando calcula que él va a ser el más votado. Y la prueba la tenemos muy reciente: el PP ha ofrecido este tórrido verano aceptar que gobierne la lista más votada cuando se preveía que él sería el más votado, pero no lo hizo ni en abril ni en noviembre de 2019, cuando la lista más votada fue la del PSOE. Tampoco lo hizo en las elecciones autonómicas y locales de mayo de este mismo 2023.
Pero hay más motivos para que la lista más votada sea una quimera: no responde a la lógica del sistema parlamentario -proclamado en el primer artículo de la Constitución- que no es otra que la de un gobierno votado por la mayoría de la cámara, no de los electores. Un Gobierno que, además, no solo debe formarse con el respaldo de la mayoría, sino que todos los días necesita ese respaldo para poder desplegar su política, sea en forma de leyes, presupuestos, mociones, proposiciones, etc. Como los parlamentos hace mucho que dejaron de ser centros de debate en los que era posible convencer al adversario, para convertirse en lugares en los que los partidos marcan el sentido del voto individual, se hace imprescindible una mayoría estable. Así funcionan todos los parlamentarismos democráticos y la experiencia española de 2016, con un Gobierno minoritario del PP basado en la abstención del PSOE, fue una verdadera excepción que no aparecerá en los libros de ciencia política como un modelo de éxito.
Otra excepción ibérica consiste en que los dos partidos que suman ellos solos más de dos tercios de los 350 escaños andan enfrentados y para nada piensan en pactar entre sí. Algo que nos diferencia de los países de nuestro entorno. Así, con cierta frecuencia se recuerda en la prensa que en Alemania, que en buena medida inspiró a los constituyentes españoles, ha sido posible formar cuatro veces una Grosse Koalition entre los democristianos de la CDU-CSU y los socialistas del SPD (que no deben ser tan diferentes a los españoles PP y PSOE pues comparten grupo político en el Parlamento Europeo). Los interesados en otros ejemplos extranjeros pueden echarle un vistazo a la página “Grand coalition” de Wikipedia donde se encontrarán con casos por todo el ancho mundo, desde la vecina Italia hasta el lejano Japón. Por mi cuenta, añado otro ejemplo especialmente cercano: desde junio de 2020 el Gobierno irlandés está formado por los archiadversarios Fianna Fáil (liberal) y Fine Gael (conservador) que se unieron frente al espectacular avance del Sinn Fein, históricamente muy próximo a Batasuna-Bildu, por cierto. Esta coalición tiene, además, una característica que podría ser especialmente útil si en España PP y PSOE decidieran afrontar esta quimera del pacto entre ellos: a mitad de legislatura, en diciembre de 2022, el primer ministro liberal, Micheál Martin, dimitió dando paso al líder conservador, Leo Varadkar (que no me resisto a comentar que es de ascendencia india, coincidente con la del premier británico, Rishi Sunak).
Dada la antipatía que se profesan y para no tener que formar nunca más una gran coalición, ni depender de opciones extremistas o contrarias a la unidad nacional, uno de los puntos que podrían incluir el PP y el PSOE en su quimérico pacto de gobierno sería una reforma electoral (dejemos para otro momento determinar si se podría hacer sin modificar la Constitución) para que el partido más votado tuviera una prima electoral -como sucede en Grecia- que le permitiera obtener la mayoría absoluta del Congreso. Fórmula, por cierto, que no garantiza la supremacía perenne de esos dos partidos: en Grecia no impidió el hundimiento del PASOK en 2012 sobrepasado por Syriza. Pero sí evitaría una disfunción habitual de nuestra manera de formar Gobierno, a la que el PSOE y el PP han recurrido cuando la han necesitado a pesar de los peligros que implica: la consecución de votos nacionalistas no por pactos sobre un programa de gobierno, sino por cesiones sobre los elementos estructurales -competencias y financiación- del Estado autonómico.
