MADRID, 6 (EUROPA PRESS)
En una sentencia de este lunes, recogida por Europa Press, la Sala de lo Social estima íntegramente la demanda interpuesta por Comisiones Obreras (CCOO), la Federación de Industria, Construcción y Agro de la Unión General de Trabajadores (en adelante FICA-UGT) y a la que se adhirió la Confederación Intersindical Galega (CIG).
"Declaramos el derecho de los trabajadores afectados a percibir los atrasos generados desde el 1 de enero de 2022 en cuantía del 2,5%, sobre tablas definitivas de 2021, así como a la confección de las señaladas tablas definitivas del año 2022, aplicando un 7,2% sobre las tablas definitivas de 2021 y de las tablas provisionales de 2023, aplicando un porcentaje del 2,5% sobre las tablas definitivas de 2022", recoge el fallo.
"Desde CCOO confiamos en que la claridad y rotundidad de la sentencia conlleve que la Patronal finalmente asuma que se tiene que cumplir con lo pactado y, por tanto, firmar de forma urgente las tablas salariales en los términos acordados y que la Audiencia Nacional determina de forma meridiana", ha señalado Santiago Pelayo, secretario de Negociación Colectiva de la Federación de Industria de CCOO en Cantabria.
Desde el sindicato han asegurado que la patronal "ha venido cuestionando el incremento básicamente porque decía que era una subida salarial muy elevada". "Para CCOO es la que es, la que hemos pactado las dos partes y hay que cumplir. Al igual que cumplen en su trabajo todos los días las personas trabajadoras", añaden.
En esta línea, han apuntado que la AN ha sido "la única vía posible ante una patronal que quería ligar la supuesta viabilidad del sector a que las personas trabajadoras acepten una propuesta que empeora lo acordado".
"La patronal pretendía retrasar el cumplimiento del convenio entre 6 y 18 meses, cuando es ahora y no dentro de año y medio, cuando las familias trabajadoras del sector tienen que asumir y pagar los gastos de energía, cesta de la compra, hipotecas, etc.", han apostillado.
CCOO ha apuntado que, tan solo en Cantabria, el Convenio Colectivo Estatal de Industrias Lácteas afecta a más de 600 personas trabajadoras y unas 12 empresas, mientras que a nivel estatal serían 30.000 personas en 200 empresas.
