MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
Según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, la Sala Segunda analizará la admisibilidad de los doce recursos de amparo en la reunión convocada para el próximo 5 de junio por la vicepresidenta del TC, Inmaculada Montalbán, que dirige esta sala.
En un principio, el estudio de admisibilidad de los recursos por los ERE se fijó para el 22 de mayo, pero finalmente se decidió no abordar este asunto hasta después de las elecciones municipales y autonómicas del pasado domingo.
Las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press recordaban en este sentido que el TC suele regirse por la norma no escrita de evitar pronunciarse sobre asuntos políticos en el marco de contiendas elecciones.
No obstante, cabe recordar que la admisión a trámite no implica manifestarse sobre el fondo del asunto. La magistrada responsable de estas ponencias es la propia Montalbán, en cuyas manos recayó la primera impugnación, la presentada por la ex ministra socialista Magdalena Álvarez.
A FAVOR DE ADMITIR
Aunque la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) establece que la propuesta de admisión o no de los recursos de amparo es competencia de las secciones, en este caso tuvo que elevarse a la Sala Segunda porque no había unanimidad entre los tres magistrados que formaban la sección competente.
Las fuentes precisan que la posición de Montalbán era admitir, pero no contaba con todo el apoyo de la Sección Tercera --integrada por la también magistrada progresista Laura Díez y su compañero conservador César Tolosa--, porque este último se oponía.
La defensa de Griñán ya anunció el pasado julio que solicitaría al TC que le amparara frente a la sentencia de la Audiencia de Sevilla, y las posteriores negativas del Tribunal Supremo a revocarla, que le condenó a 6 años y un día de cárcel por prevaricación y malversación. Su defensa formalizó recurso en abril.
A principio de año, la Audiencia de Sevilla suspendió el ingreso en prisión del ex presidente andaluz para que pudiera completar su tratamiento de radioterapia. El último informe de Medicina Legal señala que el tratamiento oncológico resulta "poco compatible con la vida en prisión" porque requiere "vigilancia estrecha".
