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Huelga

Los Funcionarios se manifiestan mañana frente a Justicia de cara a la huelga total indefinida del 22 de mayo

17/05/2023
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Funcionarios de la Administración de Justicia se manifestarán este miércoles, a las 12.00 horas, frente al Ministerio que dirige Pilar Llop para "endurecer" su postura toda vez que su comité de huelga permanece a la espera de que se les convoque para una nueva reunión que permita reactivar la negociación que se vio frustrada el pasado 24 de abril.

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

Los sindicatos CSIF, STAJ, CCOO y UGT reclaman una mejora retributiva global de 200 millones de euros --hasta unos 430 euros mensuales por funcionario-- tras la oferta de 46,7 millones que presentó el Ministerio la semana pasada para mejorar las retribuciones de jueces y fiscales, lo que se traduce en unos 450 euros al mes.

Según ha informado CSIF en un comunicado, exigen "una mejora salarial acorde con las funciones que realizan a diario, en concreto de entre 350 y 430 euros" mensuales. "Esta subida se llevaría a cabo a través del concepto 'complemento general del puesto', una retribución básica ligada a las funciones que realmente realizan en las oficinas judiciales, lo que permitiría elevar el sueldo al colectivo en todo el Estado, independientemente de la comunidad autónoma en la que trabajen".

Además de la incremento salarial, reclaman participar en la negociación del contenido de la Ley de Eficiencia Organizativa. De no conseguir una oferta, seguirán adelante con la convocatoria de huelga general indefinida que tienen prevista para el 22 de mayo, fecha en la que cuatro de las cinco asociaciones de jueces contemplan ir a huelga indefinida de no llegar a un acuerdo con el Ministerio. Así, los funcionarios darían el paso de una huelga indefinida con paros parciales de tres horas diarias --que empezó el 17 de abril-- a una huelga total con paros de 24 horas.

Según los datos que manejan los convocantes, "ya se han paralizado más de 15 millones de expedientes administrativos y decenas de miles de juicios en toda España". "Lamentamos los prejuicios que está generando esta situación a los ciudadanos, pero el único responsable es el Gobierno que debe ofrecer ya una oferta económica a este colectivo", ha señalado CSIF en un comunicado.

UN MES DE MOVILIZACIONES

A lo largo del conflicto, los sindicatos convocantes han considerado que la "posición" de Justicia, de negar en un principio "cualquier subida" retributiva, ha provocado la "indignación del colectivo" y un "profundo malestar" que les ha llevado a "incrementar la presión con nuevas convocatorias de huelga".

La concentración de este miércoles se sumará a una serie de movilizaciones que los funcionarios han estado llevando a cabo desde que anunciaron el parón. Ya han marchado por el centro de Madrid y hasta el Ministerio de Hacienda; se han concentrado frente al Congreso de los Diputados y se han manifestado frente al Ministerio de Justicia ataviados con indumentaria propia de la Feria de Sevilla, en referencia al viaje que hizo la ministra el pasado abril a Andalucía durante el inicio del conflicto.

En una de las última manifestación frente al Ministerio, la del 4 de mayo, los asistentes se mostraron con sensaciones enfrentadas. Mientras unos evidenciaron su malestar tras la oferta a jueces y fiscales en la primera reunión de la Mesa de Retribuciones, otros vieron el vaso medio lleno al considerar que dicha propuesta demostraba que el Gobierno está "abierto a negociar".

"Sería una buena noticia que se llegara a una solución con los jueces y sería una excelente noticia que con los sindicatos de los trabajadores se llegara a una solución del conflicto", apuntó en declaraciones a la prensa Antonio Lozano, de UGT, al tiempo que recalcó que "sería un error grandísimo" no escuchar al 93% de la Administración de Justicia, en referencia a los funcionarios.

Cabe recordar que, en el marco de sus protestas, el pasado 9 de mayo CSIF remitió una carta al presidente del Gobierno, emplazándole a que autorizase una oferta económica que reconociese las funciones que realizan cada día los funcionarios y su posibilidad de negociar el contenido de los proyectos de ley de eficiencia.

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