FRENTE A LA VERDAD
Thomas Hobbes, el gran teórico del poder, sostenía que las personas, para salir del estado de naturaleza, fueron obligadas a elegir entre caos y orden. Para terminar con el caos e imponer el orden se necesitaba de un soberano, absolutista, que no totalitario, porque, como expone Runciman, uno de los mejores conocedores de Hobbes, el absolutista no pretende gobernarlo todo, sólo una parte, aquello que considera que es una amenaza al orden. Surge así la asociación del soberano con la arbitrariedad. Porque el soberano podía decidir libremente qué era lo que constituía una amenaza; era “el precio final de la seguridad, (...) que al soberano debe permitírsele, en último término, decidir qué cuenta como amenaza, lo que significa que siempre hay un cierto riesgo de arbitrariedad”.
No nos puede extrañar el que, para salvaguardar la libertad, fuera necesario sujetar el poder, esencialmente arbitrario, a la ley. La previsibilidad de la seguridad jurídica es la condición imprescindible de la libertad. Atar la Administración a la ley aporta seguridad y es garantía de la libertad. La Administración sólo podría actuar, sirviéndose del poder que la ley le habilita, cumpliendo con los requisitos que establece, uno de los cuales es el de los hechos; los que han de desencadenar que actúe y, además, lo haga de cierta manera. Son la base de una de las técnicas de control del poder, la de los denominados “hechos determinantes”. ¿Qué sucede cuando no es verdad, cuando faltan los hechos previstos por la ley? Estamos ante un caso de arbitrariedad. Así ha sucedido en el denominado caso Pérez de los Cobos.
Diego Pérez de los Cobos, coronel de la Guardia Civil, fue cesado en el puesto de coronel jefe de la comandancia de Madrid por resolución del secretario de Estado de Seguridad, de 24 de mayo de 2020, confirmada en alzada por la del Ministro del Interior dos meses después. En su resolución, el secretario de Estado asumió la propuesta de la directora general de la Guardia Civil que justificaba el cese “por pérdida de confianza de esta Dirección General y del equipo de dirección del Ministerio del Interior, por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil en el marco operativo y de Policía Judicial con fines de conocimiento”. Las investigaciones a las que se refiere eran las ordenadas por el juzgado de instrucción número 51 de Madrid sobre los actos multitudinarios en las fechas previas a la declaración del estado de alarma a raíz del Covid-19. Sin embargo, no era verdad. Sí informó hasta el límite que le permitía la orden de la titular del juzgado que estaba llevando a cabo la investigación. En el marco de las actuaciones de Policía Judicial, la Guardia Civil o la Policía Nacional dependen de los jueces (artículo 126 de la Constitución). Si la titular del juzgado ordena que sólo se le informe a ella, no se puede informar a nadie más.
La sobresaliente sentencia del Tribunal Supremo de 29/03/2023 anula el cese porque no se ajusta a los hechos que, según la ley, son los “determinantes” para su adopción. La confianza, base del nombramiento, se asienta sobre el libre juicio del poder respecto a la idoneidad del nombrado para desempeñar adecuadamente un puesto que exige una especial responsabilidad. Sin embargo, cuando ese juicio se torna negativo, se rompe la confianza y, por consiguiente, se produce el cese, pero debe basarse en hechos suficientes y adecuados para romper la confianza, que, además, deberán explicitarse. En el caso Pérez de los Cobos no sólo faltaron estos hechos, sino que los alegados eran mentira.
Mentir tiene dos dimensiones: la primera, la de fingimiento, la de decir o manifestar lo contrario de lo que se sabe, cree o piensa, y la segunda, la de la ocultación, en este caso, de la verdad, porque lo que se sabe, cree o piensa (las razones del cese) es contrario a la ley. Estamos ante un caso de mentira, de fingimiento y de ocultación de la verdad, porque era necesario ocultar su ilegalidad. Es un hecho probado que el coronel informó y, además, en numerosas ocasiones, hasta el límite que le permitía la orden judicial. Sin embargo, los superiores querían conocer, de manera ilegal, los detalles de la investigación judicial que afectaba o podía afectar a cargos políticos del Gobierno, en relación con unas manifestaciones que ellos habían permitido pese al riesgo de la extensión del contagio.
No hay mayor poder arbitrario que el mentiroso: porque es el que se oculta tras el aparente ropaje de la norma (el de la pérdida de confianza), para esconder una verdad que resulta incompatible con la ley (acceder a una investigación judicial): la pérdida de la confianza no fue por incumplir la ley, sino por no querer hacerlo. El mensaje es terrible para los servidores públicos: o hay obediencia, sin límite, o hay cese. Sólo los obedientes, incluso por encima de la ley, pueden prestar servicio en ámbitos tan sensibles para la libertad como es el de la Policía Judicial.
¿Es un caso excepcional o una manifestación de un rasgo estructural? Nos estamos acostumbrando a la mentira, ya convertida en forma de hacer política. Desde Al cómo se ganan las elecciones a cómo se ejercita el poder. La mentira como alma inspiradora; la simulación; decir una cosa y hacer la contraria; el fingimiento en todas sus dimensiones y alcance; el engaño en todas sus hechuras. A Jonathan Swift se le ha atribuido, equivocadamente, la famosa definición de la mentira política, que es obra de su amigo John Arbuthnot. Este se sirvió del humor para desplegar su crítica a la política en la Inglaterra de fines del siglo XVIII. La mentira política es, según Arbuthnot, “el arte de convencer al pueblo, el arte de hacerle creer falsedades saludables, y ello con algún buen fin”. Lo que era, a fines del siglo XVIII, un chiste, una humorada, es hoy una descripción de la realidad; es el retrato de la política actual. Es un arte, cultivado, perfeccionado y mejorado, que ya ni convence ni hace creer. El cinismo de los políticos se ha tornado en incredulidad y en desconfianza de los ciudadanos. Los españoles están, según el Eurobarómetro de septiembre de 2022, entre los que menos se fían de sus políticos: sólo un 8% de los encuestados tiende a confiar en ellos, frente a una media del 21% en el conjunto de la Unión Europea. A su vez, el Barómetro del CIS (marzo de 2023) sitúa a la política, los políticos, los partidos, el Gobierno y la corrupción entre los diez problemas principales de España: ocupan los puestos 3.º (23% encuestados), 5.º (12%), 6.º (11,4%) y 8.º (9,8%).
EL ‘CASO Pérez de los Cobos’ es otro granito más, otro paso en un proceso histórico que terminará alumbrando un monstruo cuya paternidad nadie querrá asumir. Una contribución al descrédito de las instituciones que son esas reglas, límites, obligaciones que asumimos para hacer posible la convivencia en libertad. Su interiorización es tan poderosa que su respaldo jurídico sería la consagración de su importancia. Que el Gobierno no puede servirse de sus poderes discrecionales para dar satisfacción a una razón política contraria a la ley forma parte del sentido común, de la cultura cívica ciudadana respecto de lo que debe ser una democracia. Que suscite escándalo es positivo, pero cuando sucede con tanta frecuencia, la creencia, la confianza, la fe en las instituciones se degrada, lo que habrá de afectar a nuestra convivencia en libertad.
Nos queda la esperanza de que, al menos, en el caso del poder administrativo la mentira tiene una posibilidad de ser controlada. Cuando es falso el hecho alegado, cuando el verdadero, el que se oculta, es ilegal, y se puede probar, siempre cabrá la posibilidad de que un tribunal, en este caso, el Tribunal Supremo, lo aprecie y anule la decisión del Gobierno. La última barrera al poder hobbesiano, al de la arbitrariedad. Se entiende por qué están ansiosos por controlarlos.
