MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -
Según alega el Gobierno, aplicar este cambio legal supondría un sobrecoste presupuestario de casi dos millones de euros, por lo que ha optado por negar su conformidad al debate, acogiéndose a la potestad de veto que le reconoce la Constitución para iniciativas legislativas que impliquen aumento de gasto o disminución de ingresos.
En concreto, la iniciativa del PP proponía modificar dos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial para permitir la prórroga de la adscripción temporal de letrados adicionales del gabinete técnico del Supremo, que asiste a la Presidencia de la institución y a las diferentes salas.
Desde 2019 está establecido que la composición y plantilla del gabinete técnico incluye a un director y 77 letrados, de los cuales 12 son letrados coordinadores. No obstante, la ley permite que, "excepcionalmente, por razones coyunturales y debidamente justificadas", el Ministerio de Justicia puede adscribir temporalmente, con el límite máximo de un año, un número adicional de miembros. Y lo que proponía el PP es que esos letrados "temporales" puedan ser prorrogados por periodos anuales, una vez superado el límite máximo establecido.
LA PRÓRROGA DEBERÍA SER EXCEPCIONAL
En su escrito de veto, al que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno sostiene que la adscripción temporal de miembros al gabinete técnico del Supremo por encima de su plantilla está configurada como "algo excepcional, coyuntural, que debe estar debidamente justificado". A su juicio, "la posibilidad de prórrogas ilimitadas por períodos anuales, convertiría la temporalidad en una adscripción indefinida", y eso conllevaría "un incremento presupuestario que repercutiría en varios ejercicios presupuestarios".
Teniendo en cuenta que los letrados del gabinete técnico perciben anualmente 59.171,92 euros, un sueldo anual que sube a 93.371 euros en el caso de los que ejercen como coordinadores, el Gobierno calcula que la modificación que propone el PP afectaría a un tercio de la plantilla y supondría "un impacto presupuestario de 1.913.575 euros" que tendría que salir de las cuentas del Ministerio.
Por ello, el Ejecutivo comunica que "no presta la conformidad para su tramitación", lo que implica que la proposición de ley es derribada y ni siquiera llegará a debatirse en el Congreso.
