POLÍTICAS Y DERECHOS LINGÜÍSTICOS
El pasado 7 de enero, José María Ruiz Soroa publicaba una muy interesante tribuna (Política lingüística y lengua común) que partía del siguiente presupuesto: las comunidades lingüísticas en las comunidades autónomas que tienen más de una lengua oficial no se dividen entre los hablantes de la lengua cooficial y los hablantes de español, sino entre una comunidad monolingüe (la de quienes solamente hablan español) y una comunidad bilingüe (la de quienes hablan la lengua cooficial y la lengua común, el español). A partir de aquí, concluye que las políticas lingüísticas no pueden ir dirigidas a forzar que quienes son monolingües pasen a ser bilingües mediante medidas coercitivas, discriminatorias o invasivas de su personalidad. El autor indica que, aunque centrado en el caso vasco, las observaciones que hace pueden extenderse a otras comunidades bilingües y a otros países europeos.
Sin discutir la tesis de fondo del artículo, creo que el punto de partida de su razonamiento debe ser matizado. En algunas comunidades autónomas, y me referiré solamente a Cataluña, no es cierto que la lengua divida entre monolingües y bilingües. La división es más bien entre personas que tienen como lengua materna el español y, además, conocen el catalán; y personas que tienen como lengua materna el catalán y también se manejan en español. El porcentaje de bilingües, en el sentido de que tienen como lengua materna las dos oficiales, es relativamente reducido. De acuerdo con los datos más recientes que facilita el Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat), correspondientes al año 2018, esos bilingües son tan solo un 2,8% de la población. La mayoría del resto, sin embargo, pese a no ser bilingües de nacimiento (si se me permite esta licencia) conocen ambas lenguas oficiales. El 99,8% de la población (de nuevo según los datos del Idescat) entiende el castellano; y el 94,4%, el catalán. Además, el 98,5% de la población lee el castellano y el 85,5% de los catalanes lee el catalán. De esta forma, la hipotética comunidad monolingüe, que no es capaz de entender o leer ambas lenguas oficiales, es de menos de un 15% de la población.
Este amplio conocimiento del catalán, incluso por quienes no lo tienen como lengua materna, debe ser destacado. Podría ser de otra manera -como apunta el artículo de Ruíz Soroa-, pero la realidad es que prácticamente todos los catalanes son capaces de entender y leer tanto el español como el catalán. Este resultado es consecuencia, probablemente, de unas políticas educativas que, de acuerdo con las exigencias constitucionales en lo que se refiere a la presencia de las lenguas oficiales en la educación, tienen como uno de sus objetivos que todos los estudiantes cuando acaben los estudios obligatorios dominen las diferentes lenguas que sean oficiales en su comunidad autónoma (STC 337/1994, de 23 de diciembre, en su Fundamento Jurídico número 11); lo que, a su vez, responde a otra exigencia constitucional: la de que las distintas lenguas oficiales en cada comunidad autónoma convivan, sin que existan espacios reservados a una u otra.
Este amplio conocimiento del catalán es muy significativo si tenemos en cuenta que solamente el 34,3% de la población en Cataluña tiene el catalán como lengua materna. La mayoría de los catalanohablantes en la comunidad autónoma, por tanto, han aprendido la lengua como segundo o tercer idioma; consiguiéndose, por tanto, el objetivo constitucional de que quienes se eduquen en la comunidad autónoma dominen ambas lenguas oficiales.
Ahora bien, este conocimiento del idioma no tiene por qué, necesariamente, traducirse en su utilización. En lo que se refiere al uso, las exigencias constitucionales son claras: las administraciones públicas han de emplear con normalidad las diferentes lenguas oficiales en el territorio y los particulares utilizarán ante la Administración aquella lengua oficial que prefieran. Obviamente, habremos de entender que, en sus relaciones entre sí, los particulares han de poder emplear la lengua que quieran, sea o no oficial.
Para los nacionalistas, en cambio, la situación anterior no es satisfactoria, sino que pretenden que el uso de la lengua catalana aumente. O, lo que es lo mismo, que disminuya el uso del español, que es la lengua materna de la mayoría de la población y cuenta con una amplia utilización social, pese a su inconstitucional exclusión de la escuela como lengua de aprendizaje y de la reducción de su uso a la mínima expresión por parte de la Generalitat y la mayoría de las administraciones locales. En ocasiones, esta aspiración nacionalista se resume en un sintagma: el derecho a vivir plenamente en catalán. Este derecho implicaría que cabría exigir que los particulares utilizaran el catalán con preferencia al castellano y que las administraciones públicas renunciaran al español como lengua de comunicación.
En lo que se refiere a lo segundo, ya se ha indicado que tanto la escuela como la mayoría de las administraciones en Cataluña reducen el español a la mínima expresión; hasta el punto de que se ha protestado cuando algún poder público decide, por ejemplo, realizar comunicaciones bilingües a los ciudadanos. El bilingüismo es presentado como un ataque al catalán, que reclamaría una presencia hegemónica tanto en la escuela como en la Administración.
Y con relación a lo primero, la imposición del catalán, también en el ámbito privado, fijémonos en la obligación de los comercios de rotular en catalán, privando así a los particulares de optar por aquella imagen de su negocio que más se ajuste a sus intereses. El pretendido derecho a “vivir plenamente en catalán” prevalecería sobre el de los ciudadanos a utilizar la lengua que prefieran.
Pues bien, ese derecho a vivir en catalán no existe. Como se ha señalado, la doctrina constitucional es clara: las lenguas oficiales conviven, lo que genera el derecho a utilizar cualquiera de las dos, a elección del ciudadano, en sus relaciones con el poder público; y la obligación para la Administración de emplear las diferentes lenguas oficiales. Por otra parte, debería asumirse con naturalidad que los poderes públicos nada tienen que decir en lo que se refiere a la utilización de las lenguas en el ámbito privado. Cualquier política orientada a modificar la lengua que emplean las personas en sus relaciones personales debería estar claramente proscrita por suponer una invasión de su personalidad, tal como apunta Ruíz Soroa.
La situación que vivimos, sin embargo, es que se admite con naturalidad que esos poderes públicos pretendan modificar los usos lingüísticos de los ciudadanos con el objetivo de promover la utilización de la lengua cooficial. Creo que deberíamos oponernos con radicalidad a esas políticas lingüísticas claramente invasivas de nuestra esfera personal y que suponen una limitación de nuestro derecho a que los poderes públicos utilicen con normalidad las diferentes lenguas oficiales en el territorio. La acción de los poderes públicos ha de limitarse a facilitar el aprendizaje de las diferentes lenguas oficiales, pero absteniéndose de pretender influir en la lengua que utilizan los ciudadanos. Solamente corresponde a estos decidir en qué circunstancias y cómo emplean las distintas lenguas que conocen. No se trata, por tanto, de respetar el monolingüismo de quien no quiere aprender otra lengua, sino de garantizar el derecho de todos a usar la lengua que deseen; la lengua oficial que prefieran en sus relaciones con la Administración y la lengua por la que opten (oficial o no oficial) en las relaciones entre ellos. En este sentido, es especialmente grave que en la escuela, allí donde comienza la socialización más allá de la familia, allí donde aprendemos lo que nos convertirá en ciudadanos y donde pasamos una parte significativa de nuestra infancia, se prive a la mayoría de los niños -estoy hablando del caso de Cataluña, pero, por desgracia, no solo de- de una utilización normal de su lengua materna, que también es oficial.
