EN LA LÍNEA DE LA UE
Después del bochornoso espectáculo institucional protagonizado por nuestros partidos políticos a cuenta de la renovación del Tribunal Constitucional -con acusaciones cruzadas de golpes de Estado y declaraciones populistas por parte de representantes del Gobierno y del PSOE sobre la supuesta falta de límites del Poder Legislativo- y una vez alcanzado por unanimidad el acuerdo en el Consejo General del Poder Judicial para nombrar a sus dos candidatos al TC, es el momento de reflexionar sobre el futuro de esta institución, muy gravemente dañada por todo lo ocurrido. Aunque el CGPJ no es el Poder Judicial, sí es su órgano de gobierno, y para la mayoría de la ciudadanía las luchas partidistas vividas en su seno reflejan las luchas partidistas sobre el control político de la Justicia, perjudicando de forma muy negativa la imagen que de los jueces y tribunales tienen los españoles de a pie.
La repetición de consignas desde instancias gubernamentales y mediáticas sobre el supuesto carácter conservador de los jueces y magistrados refuerza la impresión de una falta de profesionalidad y de imparcialidad que, no siendo cierta en la inmensa mayoría de los casos, ha calado en la opinión pública. En todo caso, si algo está claro es que el sistema tradicional de reparto de cuotas partidistas en el CGPJ, sencillamente, ha reventado. La actitud del PP contraria a la renovación de la institución desde hace cuatro años en base a argumentos no sólo cambiantes sino también profundamente equivocados también ha revelado que el principal partido de la oposición no ha sido capaz de desprenderse de un marco mental anticuado y muy perjudicial para la buena salud de las instituciones en general y de la separación de poderes en particular.
Efectivamente, para el PP el problema no ha sido tanto el reparto partidista de las instituciones -al que no ha puesto reparo alguno cuando le beneficiaba- sino entre quienes había que repartirlas. Lo cierto es que tanto el PP como el PSOE han prometido desde la oposición despolitizar el CGPJ pero no lo han hecho nunca al llegar al Gobierno. Esto da una idea de la dificultad que tienen los políticos españoles para concebir una Justicia profesional e independiente que, llegado el momento, les trataría como a cualquier otro ciudadano.
De ahí que la proposición de ley presentada por el PP para despolitizar el CGPJ sea una buena noticia, en la medida en que pone negro sobre blanco una propuesta concreta de reforma que va en la buena dirección. Sin duda, sería mejor que, al mismo tiempo, procediese al desbloqueo del CGPJ tal y como ha pedido reiteradamente el comisario de Justicia de la Unión Europea (primero renovar e inmediatamente reformar) a ser posible con perfiles que ya respondiesen a lo que pretende el texto normativo presentado. En todo caso, es importante resaltar que estamos ante una propuesta de despolitización seria y alineada con las recomendaciones realizadas tanto en el informe del Estado de Derecho de la Unión Europea como por el Grupo de Estados Europeos Anticorrupción (GRECO) o la Comisión de Venecia. Básicamente, se devuelve a los jueces y magistrados la potestad de nombrar a los 12 vocales del CGPJ de procedencia judicial, tal y como ocurría antes de la reforma de la LOPJ de 1985.
Como es sabido, esta forma de elección suele ser criticada por considerar que entraña un riesgo de corporativismo judicial y, adicionalmente, el riesgo de que la asociación judicial hoy por hoy mayoritaria y afín al PP, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), acabe copando la mayor parte de los puestos.
Dicho lo anterior, hay varias fórmulas para evitar que esto ocurra, aunque probablemente el detalle deba dejarse a un desarrollo reglamentario posterior. En ese sentido, se prevé que reglamentariamente se contemplen medidas para garantizar la proporcionalidad entre los jueces asociados y los no asociados. Como es sabido, la mitad de la carrera judicial no se encuentra afiliada, pero es indudable que la posibilidad de que una asociación judicial bien organizada imponga listas informales (es decir, solicite que sus afiliados voten siempre a los mismos candidatos que tendrían así asegurada su elección) es muy real: el lamentable papel jugado hasta ahora por las asociaciones judiciales alineadas con el PP y el PSOE que han actuado como correas de trasmisión de estos partidos y como agencias de colocación de sus afiliados aconseja tomar precauciones. Para evitarlo se establece un umbral relativamente pequeño de avales para poder presentar una candidatura (25), una circunscripción electoral única, el principio de un juez, un voto, el voto presencial con prohibición del voto delegado (que favorece a los candidatos asociados) y se limita a seis el número de candidatos por elector, con el fin de evitar que se impongan listas asociativas completas de 12.
No obstante, sería conveniente permitir el voto electrónico, que permitiría aumentar la participación y también suprimir requisitos para ser elegible, como la reserva de plazas a magistrados del Tribunal Supremo (2) o magistrados con 25 años de antigüedad (3): se trata de que haya buenos candidatos procedan de donde procedan. Otras medidas contenidas en la propuesta como prohibir las candidaturas de los jueces y magistrados que hayan estado en política en los últimos cinco años o la regulación de las puertas giratorias entre política y justicia me parecen razonables, aunque quizás se quedan aún un poco cortas.
En definitiva, es un paso en la buena dirección. Si además se desbloquease el Consejo General del Poder Judicial los argumentos del Gobierno y de sus aliados para oponerse a este tipo de reforma serían muy débiles. En todo caso, es muy necesario que tengamos un debate mínimamente serio sobre qué tipo de órgano de gobierno del Poder Judicial queremos.
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