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Setenta años reconociendo derechos; por Dimitry Berberoff Ayuda, magistrado del Tribunal Supremo

05/12/2022
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El día 5 de diciembre de 2022 se ha publicado, en el diario El Mundo, un artículo de Dimitry Berberoff Ayuda, en el cual el autor considera que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es garante de una comunidad supranacional de valores, basada en la integración por y desde el derecho.

SETENTA AÑOS RECONOCIENDO DERECHOS

Estos días se conmemora el septuagésimo aniversario de la entrada en funcionamiento del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), del que es heredero el actual Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo.

Los discursos pronunciados el 10 de diciembre de 1952, con ocasión del juramento de sus jueces, traslucían la magnitud histórica del acontecimiento. En su alocución, Jean Monnet calificó al Tribunal de Justicia como una Corte soberana europea y su primer presidente, Massimo Pilotti, habló de una disciplina supranacional, al servicio del bien común de los pueblos.

Setenta años después, hay muchas razones para festejar la efeméride. Una reducida comunidad de seis estados, concebida para el desarrollo de las libertades económicas y para la preservación de la ansiada paz en un continente devastado por la guerra, se ha transformado en una unión de derecho de 27 miembros, principalmente, porque el Tribunal de Justicia esparció, desde épocas tempranas, las semillas de lo que, hoy en día, representa la Unión en clave geopolítica y de protección de los derechos.

El camino transitado ha sido largo y no exento de suspicacias. La propia existencia de un Tribunal de Justicia, contrapoder del ejecutivo de la CECA, dotado de competencias propias y con la misión de aplicar unas reglas, ajenas a los centros nacionales de creación del derecho, resultaba ya un desafío.

Tales reticencias, lejos de desvanecerse, han crecido exponencialmente a medida que la Unión Europea ampliaba su radio de acción con hitos como el mercado interior, la noción de ciudadanía, el espacio de libertad, seguridad y justicia, la codificación de una Carta de los Derechos Fundamentales o con el valor Estado de derecho.

Ciertamente, resulta fascinante que un tribunal que no emana de la arquitectura orgánica de un Estado, cuyos jueces no pueden emitir votos particulares y que aglutina lenguas y culturas jurídicas distintas, imponga multas de un millón de euros diarios, defina los estándares de lo que es -y de lo que no es- un Estado de derecho o garantice los derechos fundamentales frente a las autoridades nacionales.

A través de la sola interpretación de las normas de la Unión, el Tribunal de Justicia se ha erigido en el más firme pilar de la Europa de los derechos. No ha dudado en obligar a los estados miembros a modificar sus leyes penales o procesales, originariamente inmunes al derecho de la Unión. Ha constatado que el deudor hipotecario es también un consumidor, combatido la precariedad en el empleo -especialmente, en los países meridionales de la Unión-, protegido la privacidad de los ciudadanos, reconociendo el derecho al olvido o, en fin, ha sido depositario de las esperanzas de cuantos han padecido cualquier género de discriminación.

Las claves sobre cómo ha sido posible alumbrar ese formidable legado jurisprudencial tienen mucho que ver con la circunstancia de que, ya en 1952, la CECA y su Tribunal de Justicia representaban el embrión de una idea revolucionaria: una comunidad supranacional de valores, basada en la integración por el derecho y desde el derecho.

No hay duda de que el Tribunal de Justicia ha sido el particular Big Bang de los derechos que hoy reconoce la Unión, pues, sin previsión explícita en los tratados, se lanzó a proclamar el efecto directo de sus normas (sentencia Van Gend & Loos, 1963) y su primacía frente a los ordenamientos jurídicos nacionales (sentencia Costa/Enel, 1964).

Su prestigio responde a una legitimación de ejercicio, basada en la calidad y en la fuerza de convicción de sus argumentos, que le han permitido presentarse, ante casi 450 millones de ciudadanos, como garante último de sus derechos.

Sin embargo, en el Informe Anual del Tribunal de Justicia de 2021, su actual presidente, Koen Lenaerts, alerta de una tendencia difusa a poner en duda la autoridad de las resoluciones judiciales e, incluso, en algunos estados miembros, un cuestionamiento más profundo del proyecto de integración europea, de sus valores y principios fundadores.

En efecto, asistimos a cierto deterioro de la confianza mutua en el espacio judicial europeo, clave de bóveda de múltiples instrumentos de cooperación como, por ejemplo, la conocida euroorden, con el riesgo -expresado el pasado julio por el abogado general Jean Richard de la Tour, en sus conclusiones del asunto Puig Gordi y otros- de que todo el edificio termine por tambalearse o desmoronarse.

Por otro lado, si bien ha concitado aplausos por su determinación frente a graves episodios contra la independencia del poder judicial (Polonia) o el ejercicio de algunas libertades (Hungría), es notorio que el Tribunal de Justicia genera también desafección. El Tribunal Constitucional alemán en 2020 lo tachó de arbitrario o el Conseil d’Etat francés afirmaba en 2021 la prevalencia de su Constitución por encima del derecho de la Unión.

El principal efecto de la desconfianza es la nociva reedición de las barreras que tanto costó derrumbar. Frente a ello, el Tribunal de Justicia evoca el espíritu de concordia que, desde sus orígenes, inspiró a la Unión y lo hace, vigorizando un valor por todos conocido, el Estado de derecho.

Por paradójico que parezca, la idea de Estado de derecho trasciende la propia noción de Estado por cuanto es, también, un valor propio de la Unión. En sus sentencias de 2022, relativas al mecanismo de condicionalidad del presupuesto de la Unión -en román paladino, si quieres el dinero de la UE, respeta el Estado de derecho-, afirma que ese valor no constituye un mero ideal, pues es una norma vinculante que exige resultados tangibles en todos los estados miembros.

Por eso, es importante recordar que el Tribunal de Justicia es cabeza visible del poder judicial de la Unión, pero el grueso de sus efectivos lo integran los jueces nacionales, todos, sin excepción. De esta manera, el reconocimiento de los derechos es una tarea compartida, fruto de su estrecha cooperación con estos, especialmente, cuando clarifica las dudas que le plantean sobre la interpretación o validez de las normas de la Unión, que esos jueces nacionales están obligados a aplicar en los litigios que resuelven.

Emerge así una premisa que, en ocasiones, se soslaya: el juez nacional debe velar por las libertades y derechos que emanan del ordenamiento de la Unión, labor que sólo podrá desarrollar con éxito si el Estado miembro garantiza las exigencias y los estándares de calidad democrática que reclama el propio derecho de la Unión.

Por eso, debilitar al poder judicial, situándolo en una posición de incapacidad funcional, o impedir su regular funcionamiento, equivale a despreciar su tarea de garante de tales libertades y derechos y, en definitiva, a transgredir el Estado de derecho, como testimonia el último informe sobre la Situación del Estado de derecho en la Unión Europea, publicado el 13 de julio de 2022 y que, en el caso de España, denunciaba la anómala e insostenible situación de retraso (se cumplen ya cuatro años) en la renovación del CGPJ y el elevado número de vacantes judiciales sin cubrir -a finales de año, el 20% de la planta del Tribunal Supremo- ante la imposibilidad legal de que el CGPJ en funciones provea dichas vacantes. Ante tan desolador panorama es oportuno recordar que sólo el Tribunal Supremo ha suscrito algo más del 17% de las cuestiones prejudiciales planteadas desde España, cifra que certifica sin ambages su liderazgo a la hora de aplicar el derecho de la Unión.

La tenacidad mostrada por el Tribunal de Justicia durante estos setenta años constituye un poderoso estímulo y, a la vez, una magnífica oportunidad para reafirmar el compromiso con la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de derecho y los derechos humanos, valores en los que se fundamenta la Unión y que no admiten la más mínima devaluación.

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