REBROTA EL SUEÑO FEDERALISTA EUROPEO
La historia de la integración europea que ha llevado a la actual Unión Europea es, aun con todas las limitaciones que se quieran, la historia de un gran éxito, que habría que hacer todo lo posible por preservar y acrecentar, en la esperanza de que las generaciones nuevas lo consoliden y mejoren.
Pero en ella siempre ha estado presente una clara tensión entre la tendencia federalista y la comunitarista.
La primera, con insistencia periódica, no ha dejado nunca de presionar para intentar el establecimiento sin más demoras de unos soñados Estados Unidos de Europa, al modo federal inventado, en efecto, por la gran Unión americana creada pocos años después de la independencia de las colonias británicas en el norte del continente americano.
La segunda es la más modesta, paciente, realista, del “paso a paso”, que es la que, en la práctica, ha conformado de manera predominante el gran proceso de la integración de las Comunidades Europeas y ahora de la Unión Europea y de su Anexo Euratom.
Y es indudable que, no pocas veces, se ha ido adelante merced a grandes acuerdos en los que la idea comunitarista, siempre hasta ahora ganadora, ha tenido que ceder aspectos no esenciales a la idea federalista. Eso explica algunos elementos de inspiración federalista en la arquitectura institucional de la Unión, como lo es destacadamente, aunque netamente aminorado en cuanto a lo que representa en los Estados federales, el Parlamento Europeo. Desde su elección en la primavera de 1979 por sufragio universal directo de los ciudadanos, aunque según los procedimientos electorales arbitrados por cada Estado miembro -porque, en realidad, los diputados son elegidos en representación del pueblo de cada Estado-, el Parlamento Europeo no ha dejado de ser ariete principal de la tendencia federalista. Lo que se entiende bien si se piensa en quienes se sientan en sus escaños, de cualquier color político, imbuidos del grandioso nombre del Parlamento y rodeados de su boato, a la vez que comprueban, quizás con no poca frustración, sus muy limitadas facultades, su ausencia de capacidad de iniciativa propiamente dicha y el condicionamiento de la efectividad de sus decisiones por lo que decida el Consejo, formado por los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, que son quienes realmente mandan, y democráticamente, bajo el control de sus respectivos Parlamentos nacionales.
Ya en 1952-1954 se intentó crear, entre los 6 Estados que habían fundado la CECA y luego crearían las otras dos Comunidades Europeas, no solo una Comunidad Europea de Defensa sino una Comunidad Política Europea, que era casi un Estado federal. Fracasó sonoramente cuando en la Asamblea Nacional francesa, en el verano de 1954, se unieron en el NO gaullistas y comunistas.
Vendrían más tarde otros intentos, pero la presión federalista ha arreciado precisamente desde que el Parlamento Europeo es elegido directamente. Por más que, a la postre, como los políticos que ocupan sus escaños no dejan de depender de los cuarteles generales de los partidos políticos de los correspondientes Estados, todo ha quedado, las más de las veces, en cierto “quiero y no puedo”.
Uno de los “logros” más sonados -a la vez que más nominalistas, vacío en realidad de determinantes elementos federales- fue el Tratado de 2004 que decía establecer una “Constitución” para Europa. Como se sabe, fracasó estrepitosamente de nuevo en Francia y además en Holanda (el Reino Unido no tuvo ya necesidad de pronunciarse). Con sus despojos -en realidad con la mayor parte de sus innovaciones, salvo las más descaradamente nominalistas- se elaboró rápidamente el Tratado de Lisboa, gracias al decidido impulso de la canciller Merkel en 2017, y, con él, se ha logrado una estabilidad institucional que ya dura bastante más de 10 años, lo que sí es un verdadero éxito, habida cuenta del vicio que se había adquirido modificando los Tratados desde 1986, cada muy pocos años, sucesivamente.
La traumática salida del Reino Unido, la emergencia del Covid-19 y la guerra de Ucrania, han brindado nueva ocasión para que el federalismo lo intente de nuevo, quebrando la continuidad institucional que, en medio de tantos problemas como se han padecido desde 2009 en adelante, venía ayudando a afrontarlos y resolverlos, aunque no siempre fuese a satisfacción plena de todos, obviamente.
Y ahí está, en efecto, en medio de la vorágine de propuestas y medidas de la más diversa índole a que se ha llegado en la denominada “Conferencia sobre el Futuro de Europa” -con intervención sí de muchos grupos y personas, pero sin muchas garantías propiamente democráticas ni técnico-jurídicas de sus variopintas formulaciones-, la de modificar sustancialmente la arquitectura institucional de la Unión y sus competencias, poniendo en marcha para ello una nueva Convención -con cuantas resonancias despierta este término- que el Parlamento ya ha pedido formalmente en mayo y a la que la Presidenta de la Comisión, Úrsula von der Leyen, a pesar de las inequívocas reticencias expresadas en la Comunicación de junio de la propia Comisión, parece haber dado su aliento al final de su “poético” discurso sobre el Estado de la Unión ante el Parlamento Europeo el pasado 14 de septiembre.
Pero ¿lo van aceptar los 27 Estados? Porque son sus presidentes de gobierno quienes conforman el Consejo Europeo que tiene que decidir por unanimidad si se convoca o no tal Convención.
Las tensiones, las dificultades, las contraposiciones están servidas. Y uno se pregunta si realmente es tal cosa necesaria y lo que más conviene precisamente ahora a la Europa unida.
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