MADRID, 22 (EUROPA PRESS)
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, encargado del 'caso Púnica', ha rechazado seguir "dilatando indebidamente" la investigación de la presunta 'caja B' del PP de la Comunidad de Madrid recordando que esta "añeja instrucción" no puede extenderse "sine die".
En un auto del pasado 9 de septiembre, al que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 desestima los recursos de reforma presentados por la Fiscalía y por la representación del PSOE en el que se pedía al magistrado más tiempo para que el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega pudiera "emitir el escrito al que se comprometió".
En concreto, el Ministerio Público solicitó la concesión de "un nuevo plazo" para 'El Rata' a fin de que pudiera estudiar "la documentación aportada a la causa". De igual forma, la Fiscalía instó a que se entregase un ordenador personal al exalcalde, que se encuentra recluso en el Centro Penitenciario Madrid V.
Los socialistas, por su parte, no entendían "la celeridad que se quiere imprimir al proceso de instrucción justo en la recta final". "Como ya señaló la Fiscalía en otra causa, la inacción y las prisas parecen dibujar líneas rojas que blindarían al Partido Popular y sus dirigentes, en este caso a la que fuera Presidenta de la Comunidad de Madrid y del Partido Popular en esta comunidad autónoma", criticaron en su recurso.
El informe que Ortega confecciona desde la cárcel versa sobre las irregularidades que denunció en el Mercado Puerta de Toledo, una pieza separada de la trama 'Púnica' en la que está imputada la expresidenta de la Comunidad Esperanza Aguirre.
"NO ES DABLE UNA PROLONGACIÓN ARTIFICIOSA"
El juez, sin embargo, deja claro que "no procede postergar más" la fase de instrucción "en espera de un informe que se confecciona por un sujeto que es denunciante y testigo, que ha diferido o dilatado la aportación de su testimonio al respecto y que está ocasionando notables perjuicios a las distintas personas investigadas".
Según García Castellón, la entrega del citado documento "podría verificarse en el acto del juicio oral si es que se llega a abrir juicio por tales hechos, por lo que en modo alguno se limitan los derechos de las partes acusadoras a valerse de los medios de prueba que estimen pertinentes en el momento procesal oportuno".
Esta cuestión, sin embargo, "no puede ser confundida con una autorización ilimitada y sine die en la referida confección del documento", según apunta el magistrado. "No es dable una prolongación artificiosa de un plazo, ya discutible, para la incorporación de un documento que todavía no se ha confeccionado", insiste.
Se trata de la segunda ocasión en la que el juez rechaza dar nuevas prórrogas a Ortega para que emita su informe, un balón de oxígeno que 'de facto' que supuso dilatar el final de las pesquisas de esta pieza separada número 9 de la trama 'Púnica', cuya instrucción finalizó formalmente el juez el pasado 25 de enero.
LA DENUNCIA DE 'EL RATA'
Fue en abril de 2021 cuando 'El Rata' comunicó a la Audiencia "una presunta desviación monetaria a través de la sociedad Mercado de Puerta de Toledo", dependiente de la empresa pública IMADE. Señaló más de una decena de facturas emitidas entre 2006 y 2009 por "trabajos aparentemente ficticios" --registrados como relaciones públicas, mantenimiento o pintura-- por un total de 832.560 euros.
Estas revelaciones llevaron al juez a abrir una nueva pieza, la número 13, para separarla de la 9, pero la Sala de lo Penal dio la razón a la Fiscalía Anticorrupción y mantuvo las supuestas irregularidades en el Mercado de Puerta de Toledo dentro de las pesquisas sobre la presunta financiación ilegal del PP de Madrid.
LA AGENDA DE GRANADOS
La 9 es la pieza separada de mayor trascendencia de 'Púnica' por cuanto García Castellón intenta determinar si existió una 'caja b' en el PP madrileño que sirvió para costear las campañas electorales de la formación conservadora durante los años 2007, 2008 y 2011.
Las pesquisas arrancaron en 2014 tras el hallazgo de una agenda de su ex secretario general Francisco Granados, considerado el 'cabecilla' de la 'Púnica', en la que pueden leerse unas siglas, que corresponderían a donantes, junto a unas cantidades de dinero.
En el primer golpe de la 'Operación Púnica', ese mismo año, fueron detenidas más de 50 personas, entre políticos, funcionarios y empresarios, como presuntos miembros de una trama de corrupción que habría otorgado contratos públicos por valor de 250 millones de euros al menos desde el año 2012 en la Comunidad de Madrid.
De un lado, los responsables políticos y administrativos hacían las adjudicaciones 'a dedo' y, de otro, los empresarios beneficiados por ello les pagaban comisiones ilegales que se blanqueaban mediante un entramado societario, de acuerdo con el relato judicial.
El entonces juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco investigó los hechos como un todo hasta que, en 2015, dividió la causa para profundizar en los actos delictivos diferenciados que observaba.
