MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
En un comunicado emitido este jueves, recogido por Europa Press, consta que la AF ha interpuesto el recurso contencioso-administrativo --fechado a 28 de julio-- y ha pedido la suspensión cautelar del mencionado decreto. Cabe recordar que la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) presentó recurso contra el mismo texto el pasado 13 de julio.
En el decreto promovido por Delgado se acordó que los fiscales jefes de las diferentes fiscalías y órganos del Ministerio Público hicieran llegar el modelo de declaración correspondiente a todos los miembros de sus respectivas plantillas, quienes deben cumplimentarlo, rubricarlo y enviarlo antes del 30 de septiembre.
Desde la AF han asegurado que dicha obligación "no supone novedad alguna porque ya tenía reflejo normativo en el derogado Reglamento de 1969". A su juicio, el decreto "se dictó con una finalidad distinta": "imponer" a "la inmensa mayoría" de los fiscales "declarar en documento oficial que no hacen algo en concreto".
Según ha defendido la asociación, "una vez iniciado este peligroso camino nada impedirá que se impongan en el futuro nuevas obligaciones al antojo del Fiscalía General del Estado (FGE)". "La cuestión de fondo es de enorme calado", ha advertido la AF, al considerar que lo central radica en determinar si la FGE puede arrogarse "competencias exclusivas del poder legislativo definidoras del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal".
En este sentido, la AF ha insistido en que con el decreto se les "impone" una "obligación no prevista en la norma, innecesaria y desproporcionada" porque, según ha indicado, puede "afectar a los derechos a la intimidad, libertad y protección de datos".
ADMITIDO A TRÁMITE
En el marco del comunicado, la asociación ha precisado que el recurso fue admitido a trámite el pasado 29 de julio por decreto del Letrado de la Administración de Justicia de la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Según ha indicado, el órgano judicial acordó recabar de la Fiscalía General el expediente administrativo y ordenó crear una pieza de medidas cautelares, dando traslado al Ministerio Público para que se pronuncie.
El pasado 12 de agosto, la fiscal jefe inspectora dictó un decreto en el que acordó remitir el expediente requerido y la notificación de la resolución a la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) y a "todos y cada uno de los fiscales de toda España".
Para la AF, se trata de una "manifiesta confusión" entre la figura del interesado y del demandado. "Parece entender la Inspección Fiscal que todos los fiscales individualmente considerados pudieran tener la condición de demandados por la Asociación de Fiscales, como también podrían tenerla las dos asociaciones profesionales", ha señalado.
Así las cosas, la AF ha subrayado que "no demanda a toda la carrera" y ha asegurado que "la actuación de la Fiscalía General muestra, en todo caso, una posición errática".
