LA ESCUELA COMO HERRAMIENTA NACIONALISTA
Mi familia es una de las más de 1.600 que en Cataluña han pedido que sus hijos reciban una educación bilingüe en la que el castellano no esté excluido. Lo hemos hecho porque queremos que nuestros hijos reciban una enseñanza en la que esté presente, como lengua de aprendizaje, la que es oficial en toda España, común a los españoles y, además, materna de la mayoría de los catalanes. En nuestro caso, además, es la materna de mis hijos y, como tantas veces se ha repetido por parte de la UNESCO, una educación en la que se utilice la lengua materna del alumno favorece el aprendizaje y, entendemos, también refuerza su autoestima y facilita el paso del ámbito familiar al escolar.
Lo pedimos porque no queremos que la escuela de nuestros hijos sea una herramienta en la política nacionalista, una política que pretende, en contra de lo que establece la Constitución, la exclusión del castellano como lengua vehicular y de aprendizaje. Queremos que la escuela sea un instrumento para la construcción de la convivencia, una escuela bilingüe en una sociedad bilingüe.
Lo hemos reclamado porque tenemos derecho a ello. El 16 de diciembre de 2020, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó una sentencia, que es firme y plenamente obligatoria desde el 25 de enero de 2022 en la que declara que la presencia del castellano es residual en el sistema educativo catalán y que todos los alumnos catalanes han de recibir de manera efectiva e inmediata una enseñanza en la que el castellano sea lengua vehicular y de aprendizaje en, al menos, un 25% de la docencia.
Un 25%, una de cada cuatro horas. Las otras tres horas pueden ser en catalán, si así lo decide la Administración; pero al menos una de cada cuatro horas tiene que impartirse en la lengua común de los españoles, oficial en toda España y materna de la mayoría de los catalanes.
La Generalitat se ha negado a dar cumplimiento a esa sentencia y, de hecho, no se ha ejecutado. Los alumnos catalanes -entre ellos, mis hijos- siguen sin recibir más docencia en español que la que se imparte en la clase de lengua castellana. Esta negativa no se ha hecho de manera disimulada, sino que ha sido anunciada de manera abierta por los responsables políticos de la Generalitat, quienes desde el mes de noviembre han dejado claro que no pensaban adoptar ninguna medida que supusiera cambiar el inconstitucional régimen de educación monolingüe en catalán. Es más, instruyeron a los equipos directivos de los centros para que ni atendieran las reclamaciones que pudieran llegarles solicitando la ejecución de la sentencia ni modificaran su programación docente para ajustarla a las exigencias constitucionales. Además, utilizaron el Diario Oficial de la Generalitat para advertir a familias y organizaciones que exigirían responsabilidades políticas y de otro tipo a quienes “ataquen injustamente a personas o colectivos por la defensa y el uso del catalán o por el ejercicio de sus funciones”; esto es, a quienes reclamamos el respeto de nuestros derechos, la ejecución de las sentencias y la aplicación de la Constitución.
Estas familias y entidades reclaman en solitario la defensa de sus derechos, teniendo enfrente no solamente a la Generalitat, sino también al Gobierno de España y a los partidos que lo sostienen, un Gobierno y unos partidos que no han hecho nada para dar amparo a quienes piden una educación bilingüe y que, sin embargo, han tenido una actitud constante de apoyo a la desobediencia de la Generalitat.
En diciembre de 2020, el Gobierno de España pudo pedir la ejecución provisional de la sentencia que obligaba a la Generalitat a adoptar medidas para que al menos un 25% de la docencia se impartiera en castellano. No pidió esa ejecución provisional. Cuando ya en noviembre de 2021 la Generalitat anunció su desobediencia, el Gobierno debería haber advertido que adoptaría las medidas constitucionalmente apropiadas para reconducir la actuación de la Generalitat a la legalidad. No lo hizo. En marzo de 2022 el Gobierno podría haber solicitado la ejecución forzosa de la sentencia de 16 de diciembre de 2020. No lo hizo.
Cuando la AEB, algunas familias y otras entidades solicitaron la ejecución forzosa de la sentencia, la Abogacía del Estado podría haber apoyado las peticiones de esas familias. No lo hizo, al contrario, solicitó al tribunal que, de momento, no se adoptaran medidas de ejecución forzosa.
Cuando en mayo el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña requirió a la Alta Inspección de Educación para que vigilara la ejecución de la sentencia en los centros educativos, la Alta Inspección optó por limitarse a preguntar al consejero de Educación qué medidas había adoptado sin hacer nada más.
Cuando el Gobierno de la Generalitat elaboró un decreto ley sobre la revisión de los proyectos lingüísticos de centro con el propósito expreso de impedir la ejecución de la sentencia, el Gobierno de España podría haber impugnado ante el Tribunal Constitucional dicho decreto ley solicitando la suspensión del mismo. El Gobierno no lo ha hecho.
Es más, el PSC ha pactado con los nacionalistas y con En Comú Podem una ley sobre uso de las lenguas oficiales que el Tribunal Superior de Justicia considera que tiene vicios de inconstitucionalidad, pero que impide, en tanto no sea declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional, la ejecución de la sentencia de 16 de diciembre de 2020. El Gobierno podría pedir la suspensión de dicha ley, lo que permitiría la ejecución de la sentencia; pero no lo ha hecho. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que conoce de la petición de ejecución forzosa planteada por entidades y familias, ha anunciado que planteará cuestión de inconstitucionalidad respecto a la Ley de usos de lenguas oficiales y al Decreto Ley sobre proyectos lingüísticos; pero esta cuestión de inconstitucionalidad no suspende la eficacia de dichas normas, aunque sí, según el criterio avanzado por el tribunal, el proceso de ejecución forzosa de la sentencia de 16 de diciembre de 2020.
Consecuencia de lo anterior es que, a día de hoy, mis hijos, los hijos de las más de 1.600 familias que han pedido la aplicación de la Constitución en Cataluña y el resto de los alumnos catalanes ven vulnerado diariamente su derecho a recibir una educación bilingüe y seguirán siendo privados de dicho derecho en tanto el Tribunal Constitucional no declare la inconstitucionalidad de las normas adoptadas por la Generalitat para eludir el cumplimiento de la sentencia de 16 de diciembre de 2020.
El gobierno podría poner fin a esta permanente vulneración de derechos mediante la impugnación ante el Tribunal Constitucional del decreto ley y de la ley perpetradas para evitar la aplicación de la sentencia que garantiza la enseñanza bilingüe; pero ni lo ha hecho ni lo hará. Cualquier otra impugnación, por parte de diputados, senadores, el Defensor del Pueblo o la cuestión de inconstitucionalidad que plantee el Tribunal Superior de Justicia no impedirán que siga aplicándose el decreto ley y la ley que perpetúan el sistema de educación monolingüe en catalán y la privación del derecho a la educación en español de los alumnos catalanes. Tan sólo el Gobierno puede impedir que continúe el atropello.
Tan sólo el Gobierno puede impedir que el curso que viene se mantenga en Cataluña la exclusión del castellano como lengua vehicular y de aprendizaje. Los tribunales han declarado que la Constitución impide esa exclusión, una sentencia firme obliga a que se le ponga fin de inmediato, y las normas que han sido elaboradas con el propósito expreso de evitar la ejecución de la sentencia son aparentemente inconstitucionales a criterio del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña; pero aún así los derechos de los alumnos catalanes seguirán siendo vulnerados.
Y lo serán porque el Gobierno y los partidos que lo apoyan han elegido causa; y no es la causa de la convivencia, del respeto al Estado de derecho y de la defensa de la Constitución. El desamparo que sentimos es enorme.
